Fiscalía del Tribunal de Cuentas acorrala a Ábalos por contratos de ADIF

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha dado un salto cualitativo en la trama Koldo al señalar de forma directa a José Luis Ábalos, exministro de Transportes, por presuntas irregularidades en contratos adjudicados a dedo a través de ADIF. El informe habla de encargos por decenas de millones de euros, canalizados con escasa transparencia y en un momento crítico: los años más duros de la pandemia. El foco se posa así sobre la gestión de Isabel Pardo de Vera al frente del gestor ferroviario, pero también sobre la responsabilidad política del entonces titular de la cartera. La consecuencia es clara: se abre la puerta a reintegros de dinero público, sanciones patrimoniales y un nuevo frente judicial que se suma a las investigaciones ya activas en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

Un giro clave en la trama Koldo

El denominado caso Koldo, que comenzó como una investigación sobre comisiones en contratos vinculados a la pandemia, se ha convertido en un entramado de derivadas políticas, penales y contables. El movimiento de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas añade ahora una pieza especialmente sensible: la de la responsabilidad económica personal de los altos cargos que habrían permitido o avalado adjudicaciones irregulares.

Según el informe, los contratos bajo la lupa habrían sido otorgados a una empresa con presuntos vínculos con la trama, en un esquema que la Fiscalía considera repetitivo: procedimientos poco concurridos, justificaciones débiles de la urgencia y un uso extensivo de fórmulas que eluden la competencia real. Se habla de un volumen estimado superior a los 30 millones de euros, concentrado en un puñado de expedientes tramitados entre 2020 y 2022, cuando el impacto sanitario y económico de la COVID-19 justificó un uso excepcional de mecanismos de emergencia.

Lo más grave, a ojos del órgano fiscalizador, no es solo el posible sobreprecio o la falta de concurrencia, sino el indicio de que la excepcionalidad se convirtió en regla y de que determinadas empresas supieron anticipar y explotar ese marco relajado de control.

Proyectos sin control en plena pandemia

El informe del Ministerio Público ante el Tribunal de Cuentas dibuja un patrón que inquieta: contratos de importe elevado, tramitación acelerada y documentación incompleta o insuficientemente motivada. Bajo el paraguas de la urgencia sanitaria, ADIF habría encadenado adjudicaciones en las que la fiscalización previa quedó reducida a un mero trámite formal.

En varios expedientes analizados, la Fiscalía detecta que los informes técnicos se incorporan a posteriori o replican párrafos de otros contratos, lo que sugiere una producción casi mecánica. En al menos una quincena de contratos, el importe supera el umbral que, en circunstancias ordinarias, hubiera obligado a un concurso abierto con publicidad y competencia real. Sin embargo, se optó por procedimientos restringidos o negociados con una lista muy limitada de invitados.

Este hecho revela un aprovechamiento intensivo de la flexibilidad excepcional habilitada durante la pandemia, sin que exista claridad sobre si la elección de proveedores respondía a criterios objetivos o a proximidades personales y políticas. “La pandemia no puede ser la coartada permanente para vaciar de contenido los principios de transparencia y concurrencia”, advierte el informe en uno de sus pasajes más duros.

El papel de Ábalos y la presidencia de ADIF

La responsabilidad política y contable se proyecta en dos direcciones: el ministerio de Transportes que dirigía Ábalos y la presidencia de ADIF entonces ocupada por Isabel Pardo de Vera. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas no se limita a describir irregularidades técnicas: señala expresamente al exministro como conocedor o, al menos, como obligado a conocer el esquema de adjudicaciones que ahora se cuestiona.

En el caso de ADIF, el foco se centra en la firma de resoluciones de gasto y en la cadena de delegaciones internas. El órgano fiscalizador investiga si se produjeron fraccionamientos artificiales de contratos, si se forzaron los límites cuantitativos para esquivar procedimientos más exigentes y si se ignoraron advertencias internas de servicios jurídicos o de intervención. Si se acredita que se actuó contra el criterio técnico, la puerta a la responsabilidad patrimonial directa de los cargos se abriría de par en par.

Para Ábalos, que ya arrastra un largo desgaste mediático y político, la novedad es especialmente demoledora: de confirmarse la tesis de la Fiscalía, la causa dejaría de ser solo un problema de reputación o de eventual imputación penal para convertirse en una amenaza directa a su patrimonio personal.

El agujero económico y el posible reintegro

El Tribunal de Cuentas no juzga delitos penales, sino daños al erario y responsabilidades contables. La pregunta clave es si el Estado ha sufrido un perjuicio económico cuantificable, bien por pagar de más, bien por contratar servicios innecesarios o en condiciones incompatibles con la buena administración.

En el caso de los contratos vinculados a la trama Koldo a través de ADIF, la Fiscalía estima un posible quebranto de entre un 15% y un 25% del valor total contratado, ya sea por sobrecostes, duplicidades o servicios no debidamente justificados. Sobre un volumen superior a los 30 millones de euros, eso situaría el daño potencial en una horquilla de 5 a 8 millones.

Si el Tribunal de Cuentas confirma estas cifras, podría dictar sentencias de reintegro que obligarían a los responsables a responder con su patrimonio personal, sin perjuicio de que luego intenten repetir contra terceros. Se trataría de una decisión con enorme carga simbólica: demostraría que las irregularidades en la contratación no se saldan solo con dimisiones o reproches políticos, sino con facturas concretas y exigibles.

“La responsabilidad contable es la última línea de defensa del dinero público cuando los controles preventivos han fallado”, subraya el entorno jurídico del órgano.

El choque con otras investigaciones abiertas

La ofensiva en el Tribunal de Cuentas no llega sola. Se suma a las causas que ya tramitan la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, donde se investigan posibles delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias ligados a la trama Koldo. Esta superposición de frentes judiciales eleva la presión sobre los investigados y complica la estrategia de defensa.

El riesgo es que se produzca un solapamiento de hechos y responsabilidades: lo que para la jurisdicción penal es un indicio de delito, para la contable puede ser prueba de daño económico. La línea es fina y obliga a coordinar tiempos y actuaciones para evitar resoluciones contradictorias.

Al mismo tiempo, el caso sirve de termómetro de hasta qué punto el sistema institucional español es capaz de responder de forma integral ante un episodio de presunta corrupción que mezcla contratos de emergencia, empresas pantalla y conexiones políticas. Si alguna de las piezas falla, la percepción ciudadana será que, de nuevo, “al final no paga nadie”.

Daño político y desgaste para el Gobierno

Aunque la responsabilidad directa recae sobre Ábalos y la cúpula de ADIF en el periodo analizado, el coste político se proyecta sobre el conjunto del Gobierno. La oposición ya ha convertido la trama Koldo en uno de sus ejes de ataque, y la nueva derivada del Tribunal de Cuentas ofrece munición adicional: no solo habría irregularidades penales, sino también un agujero económico concreto.

Lo más delicado para el Ejecutivo es la sensación de reincidencia en los patrones de mala gestión: contrataciones apresuradas, estructuras opacas, dependencia de intermediarios y un uso laxo de los controles internos. En un contexto de alta presión fiscal y de debates sobre el destino de cada euro público, este tipo de casos refuerza la narrativa de que el Estado no siempre actúa como un buen gestor.

El contraste con otras economías europeas resulta, una vez más, incómodo. Mientras varios países han reforzado sus agencias de control y transparencia tras la pandemia, en España la sensación es que el sistema reacciona a posteriori, cuando el daño ya está hecho y el dinero, presuntamente, desviado.

El contraste con otros casos de control del gasto

La posible responsabilidad contable en ADIF llega en un momento en que otras instituciones tratan de exhibir rigor en el uso de fondos públicos, especialmente los vinculados a programas extraordinarios o a fondos europeos. En algunos territorios se han abierto expedientes para recuperar subvenciones mal justificadas o declaradas incompatibles, con porcentajes de reintegro que en ciertos casos superan el 40% de las ayudas concedidas.

Este contexto hace aún más sangrante la sospecha de que, mientras se exige a pequeñas empresas y autónomos que devuelvan ayudas por defectos formales, grandes contratos de la Administración General del Estado se habrían tramitado con una laxitud incomparable. El diagnóstico es inequívoco: la sensación de doble rasero erosiona la legitimidad de las instituciones de control.

La comparación con otros países de la UE tampoco ayuda. Allí donde los tribunales de cuentas nacionales han actuado con rapidez, los gobiernos han reaccionado con planes de mejora y refuerzo de los sistemas de contratación. En España, la impresión es que la reforma siempre llega tarde y empujada por el escándalo mediático.