Irán admite 3.000 detenidos y acusa de terrorismo a los manifestantes
La Inteligencia iraní ha reconocido la detención de 3.000 personas en apenas unos días, acusadas de participar en disturbios y de tener vínculos con “grupos terroristas”. Se trata de la mayor redada anunciada públicamente desde el estallido de las protestas a finales de 2025, en medio de una oleada de movilizaciones que lleva semanas sacudiendo a la República Islámica. Las autoridades aseguran haber arrestado a “alborotadores armados” y advierten de que la “caza” continúa. Al mismo tiempo, distintos informes apuntan a que Estados Unidos está reforzando sus activos militares en Oriente Medio, pese a que el presidente Donald Trump ha reiterado que no atacará Teherán.
Sobre el terreno, el balance humano es ya devastador: organizaciones de derechos humanos estiman más de 3.400 muertos y al menos 10.000 arrestos en la represión de las últimas semanas, con cifras que algunas fuentes elevan muy por encima. La consecuencia es clara: Irán entra en una fase en la que cada movimiento del régimen y de Washington puede decidir si la crisis sigue siendo interna o se convierte en un nuevo foco de inestabilidad regional.
La mayor oleada de detenciones desde el inicio de la revuelta
El comunicado de la Agencia de Inteligencia iraní es explícito: 3.000 personas detenidas en “los últimos días” por su presunta implicación en “disturbios armados” y sus vínculos con “grupos terroristas”. “Hemos arrestado a 3.000 alborotadores armados en los últimos días y la operación continúa”, habría señalado el organismo, según medios estatales, en una formulación que mezcla lenguaje de seguridad nacional con criminalización del disenso político.
Lo que el Gobierno presenta como una operación contra “terroristas” es, en la práctica, una nueva vuelta de tuerca en una campaña de represión masiva iniciada tras las protestas que comenzaron el 28 de diciembre de 2025, cuando el malestar por la inflación y el colapso económico derivó en consignas abiertamente contra el régimen. Desde entonces, distintas fuentes hablan de decenas de miles de detenidos, con un goteo constante de arrestos nocturnos, desapariciones forzadas y traslados a centros de detención no oficiales.
Este hecho revela una estrategia conocida: el régimen combina el uso de fuerza letal en la calle con macrooperaciones policiales posteriores, destinadas a vaciar barrios conflictivos, identificar líderes locales y sembrar miedo. En la práctica, el mensaje es inequívoco: cualquier forma de participación en las protestas puede ser presentada, a posteriori, como colaboración con “grupos terroristas”.
De “manifestantes” a “terroristas”: el giro del discurso oficial
La elección de palabras no es anecdótica. Durante las primeras jornadas de protestas, las autoridades hablaban de “manifestantes engañados” y “alborotadores”. Ahora, la etiqueta dominante es “terroristas” o “agentes extranjeros”, un salto semántico que tiene consecuencias jurídicas y políticas profundas.
En sus discursos recientes, el presidente Masoud Pezeshkian ha acusado a Estados Unidos e Israel de estar detrás de los disturbios, asegurando que “terroristas importados” han atacado propiedades públicas, mezquitas y centros sanitarios. La narrativa oficial encaja en un patrón repetido: se diluye la diferencia entre protesta social y acción armada para justificar penas extremas, incluidos los cargos de moharebeh (“guerra contra Dios”), castigados con la muerte.
Las cifras respaldan el endurecimiento del discurso. Organizaciones como Iran Human Rights cifran en al menos 3.428 los manifestantes asesinados y más de 10.000 los detenidos en la represión de las últimas semanas, mientras otras fuentes elevan las detenciones por encima de las 50.000 personas desde el inicio de la revuelta. Lo más grave es que una parte de esos detenidos estaría siendo trasladada a centros clandestinos, sin acceso a abogados ni a sus familias, allanando el camino para confesiones forzadas y juicios sumarios.
Trump baja el tono, el Pentágono mueve fichas
En paralelo a la represión interna, el pulso con Washington entra en una fase de máxima ambigüedad. Tras amenazar durante días con una posible acción militar, Donald Trump ha optado por congelar, de momento, cualquier ataque directo y escorar la respuesta hacia el terreno económico: la Casa Blanca ha anunciado nuevas sanciones contra altos cargos iraníes y entidades implicadas en la represión y en el desvío de ingresos petroleros, dentro de su estrategia de “máxima presión”.
Sin embargo, este aparente gesto de contención militar viene acompañado de movimientos tácticos sobre el terreno. Distintas filtraciones apuntan a que Estados Unidos está reforzando su despliegue en la región —bases aéreas, activos navales, sistemas de defensa— para disponer de margen de maniobra si la crisis se descontrola o si aliados regionales se sienten directamente amenazados.
La consecuencia es un escenario de “paz armada” extremadamente inestable. El régimen iraní necesita demostrar fuerza hacia dentro y hacia fuera; la administración Trump, credibilidad sin cruzar la línea de un conflicto abierto. Entre ambos polos, cualquier incidente —un ataque a un petrolero, un misil mal identificado, una escaramuza fronteriza— podría actuar como chispa. Para los mercados energéticos y los socios europeos, la gran incógnita es si ambos actores mantendrán el cálculo racional o caerán en la lógica de la escalada.
Un balance humano que ya indigna al G7 y a la ONU
Mientras Teherán habla de “3.000 terroristas detenidos”, las cifras que manejan las organizaciones internacionales dibujan una tragedia de otra escala. Grupos de derechos humanos y medios internacionales hablan de entre 3.000 y más de 4.000 muertos desde el inicio de las movilizaciones, con morgues desbordadas, hospitales saturados y cientos de cuerpos entregados en secreto a las familias para evitar funerales masivos.
El G7 ha advertido de nuevas sanciones ante el “elevado nivel de muertes y heridos reportados” y ha pedido a Teherán que ponga fin a la represión y abra el país a misiones de observación independientes. El Consejo de Seguridad de la ONU ha convocado una reunión de emergencia a petición de Estados Unidos, mientras países como Canadá o Portugal recomiendan a sus ciudadanos abandonar el país.
Este hecho revela el aislamiento creciente de la República Islámica. A diferencia de otras crisis anteriores, el régimen afronta una combinación de condena diplomática, presión económica y escrutinio mediático global, pese al apagón de internet. La pregunta es cuánto tiempo puede resistir el equilibrio entre represión interna masiva y coste reputacional externo sin que se resquebraje alguno de los dos frentes.
El precedente de otras revueltas y el miedo a una nueva Siria
Las actuales protestas han sido descritas como la mayor ola de contestación desde la revolución de 1979, tanto por extensión territorial —las 31 provincias— como por intensidad y duración. La combinación de colapso económico, inflación desbocada y hartazgo con la corrupción ha generado un rechazo transversal que va más allá de las habituales fracturas étnicas o de clase.
Para muchos observadores, el temor no es solo a una revolución fallida, sino a un escenario de guerra civil larvada si el Estado se fragmenta, proliferan milicias o grupos armados y potencias regionales apuestan por sus propios peones. El recuerdo de Siria planea sobre cualquier análisis: un régimen dispuesto a todo por mantenerse en el poder, una oposición fragmentada, intervención exterior y un país arrasado como resultado.
El contraste con la narrativa oficial es demoledor. Mientras los líderes religiosos hablan de “defender la República Islámica frente a una conspiración extranjera”, amplios sectores de la población perciben que el principal factor de inestabilidad y violencia es el propio aparato de seguridad, no una amenaza externa difusa. La consecuencia posible es un aumento del riesgo de radicalización: cuanto más se criminaliza la protesta pacífica, más atractivo puede resultar, para algunos, dar el salto a formas de resistencia violenta.
