El campo español se revuelve ante el tratado Mercosur–UE

El futuro del acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea se ha convertido en una prueba de estrés para el campo español. Lo que para Bruselas puede ser un paso más en la apertura comercial, para miles de explotaciones agrarias se asemeja a una posible sentencia de muerte. El temor es claro: más importaciones baratas, menos precios en origen y un nuevo golpe a la rentabilidad de los pequeños y medianos agricultores.

En primera línea está Cristóbal Cano, líder de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), que insiste en que el pacto solo será aceptable si Europa se toma en serio sus propias reglas: ambientales, sociales y sanitarias. Su mensaje es nítido: “o hay garantías reales o el acuerdo será inasumible para el campo”.
Al otro lado del tablero, los defensores del tratado subrayan el potencial de acceso a un mercado ampliado y la oportunidad de liderar estándares de sostenibilidad a escala global. Entre ambas visiones, una palabra gana peso en los debates: soberanía alimentaria, esa idea de que la UE debe ser capaz de garantizar su propio abastecimiento sin convertirse en rehén de terceros países o de decisiones geopolíticas ajenas.

Un acuerdo bajo sospecha en el campo español

Para buena parte del sector agrario español, el tratado Mercosur–UE no es un simple documento técnico, sino un cambio de reglas de juego. La apertura adicional a productos agrícolas procedentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se percibe como una amenaza directa en segmentos donde los márgenes ya son mínimos: carne de vacuno, cítricos, azúcar, cereales o miel.

Las organizaciones agrarias alertan de que la entrada de contingentes adicionales, incluso escalonados, podría presionar a la baja los precios internos entre un 5% y un 15% en determinadas campañas, según estimaciones internas manejadas por cooperativas y asociaciones. En comarcas ya tensionadas por la sequía, el aumento de costes energéticos y la subida de insumos, ese ajuste sería difícilmente absorbible.

El reproche no se dirige solo a Mercosur, sino a la propia arquitectura comunitaria. Muchos agricultores perciben que Bruselas está dispuesta a exigir estándares ambientales cada vez más estrictos a los productores europeos mientras abre la puerta a mercancías de terceros países cuyos sistemas de control son menos exigentes o menos verificables sobre el terreno. El resultado, denuncian, es un desequilibrio estructural: producir limpio y caro dentro, comprar más barato y menos regulado fuera.

La presión de UPA y la protesta que cambió el guion

En este contexto, la UPA ha decidido no limitarse a los comunicados. La organización, con Cristóbal Cano como una de las voces más visibles, ha desplegado una estrategia de presión sostenida sobre las instituciones comunitarias. Su punto álgido fue la histórica protesta del 18 de diciembre en Bruselas, donde miles de agricultores de varios países colapsaron el barrio europeo con tractores y pancartas.

Esa movilización, que el propio Cano reivindica como “un antes y un después”, logró lo que durante años parecía imposible: forzar la inclusión de cláusulas de salvaguardia más explícitas en el texto del acuerdo. Estas provisiones permitirían restringir importaciones o activar cupos si se demuestra un impacto grave sobre determinados sectores europeos, tanto en precios como en niveles de producción.

Sin embargo, desde la UPA se insiste en que la batalla no está ganada. El foco ahora se traslada a cómo y cuándo se activarían esas salvaguardias, quién tendría la potestad para hacerlo y con qué rapidez. El temor es que, en la práctica, se conviertan en un mecanismo tan complejo que llegue siempre tarde y mal, cuando el daño en el tejido productivo ya sea irreparable.

Salvaguardias y estándares: ¿red de seguridad o simple maquillaje?

Sobre el papel, las cláusulas de salvaguardia y las referencias a los tratamientos fitosanitarios permitidos en la UE suenan contundentes. El acuerdo establece que no podrán entrar al mercado comunitario productos que contengan sustancias activas prohibidas en Europa y que se mantendrán controles reforzados en frontera para verificar el cumplimiento.

Para Cano y otros representantes agrarios, esto es un avance respecto a borradores anteriores, pero insuficiente. La crítica se centra en tres puntos: la capacidad real de control en puertos y aduanas, la asimetría de costes y la trazabilidad efectiva. Los agricultores recuerdan que las importaciones agrarias desde terceros países han crecido más de un 30% en la última década, mientras los medios para inspeccionarlas apenas lo han hecho.

La gran pregunta es si estas salvaguardias serán una red de seguridad eficaz o un mero maquillaje político. “No nos sirve una cláusula que solo se activa cuando ya han cerrado explotaciones”, advierten desde el campo. De ahí que reclamen indicadores objetivos —umbral de caída de precios, pérdida de cuotas de mercado, descenso de rentas agrarias— que disparen automáticamente revisiones del acuerdo.

Mercosur y Europa: un gigante agroexportador frente a un mercado exigente

Aunque el texto de referencia hablaba de 770 millones de personas en el bloque sudamericano, la realidad es que la cifra solo cobra sentido si se mira el espacio ampliado Mercosur–UE: juntos superan ese umbral y configuran uno de los mayores mercados integrados del planeta. Para los defensores del tratado, esto abre puertas a exportaciones europeas de bienes industriales, servicios y productos de alto valor añadido.

Pero desde el prisma agrario, el desequilibrio es evidente. Mercosur es uno de los mayores exportadores mundiales de soja, carne, azúcar y café. Sus estructuras de explotación —a menudo basadas en grandes latifundios y economías de escala— no se parecen en nada a la realidad de la pequeña y mediana explotación familiar que domina el paisaje español.

El sector agrario español reclama por ello controles más estrictos en frontera, auditorías periódicas a los sistemas de control de los países de origen y etiquetados claros que permitan al consumidor distinguir el origen real de los productos. La idea es trasladar al lineal del supermercado una información que hoy llega, cuando llega, de forma opaca: qué se produce dentro de la UE y qué viene de un modelo productivo radicalmente distinto al europeo.

EE. UU., un socio cada vez menos previsible

En paralelo a la negociación con Mercosur, el papel de Estados Unidos se ha vuelto más difícil de leer. Para el sector agroindustrial español, el mercado estadounidense fue durante años un destino natural para vinos, aceite de oliva, frutas y productos gourmet. Sin embargo, la etapa de tensiones arancelarias y comerciales bajo Donald Trump dejó cicatrices que aún no se han cerrado del todo.

Los episodios de subidas de aranceles, amenazas sobre productos emblemáticos y uso del comercio como arma política han alimentado la sensación de que depender en exceso de un único gran cliente es un riesgo. De ahí que, en el debate sobre Mercosur, muchos en el campo español hablen también de “reforzar Europa”: no como discurso abstracto, sino como necesidad de contar con un mercado interior sólido, previsible y dispuesto a proteger su base productiva.

El concepto de soberanía alimentaria se apoya precisamente en esta lógica. En un mundo donde las decisiones en Washington, Pekín o Brasilia pueden alterar la disponibilidad de fertilizantes, cereales o proteínas en cuestión de meses, la capacidad de la UE para autoabastecerse en un porcentaje elevado deja de ser un lujo ideológico para convertirse en un activo estratégico.

Soberanía alimentaria: del lema al BOE europeo

Convertir la soberanía alimentaria en algo más que un eslogan supone tomar decisiones incómodas. En primer lugar, implica reconocer que mantener un tejido de pequeñas y medianas explotaciones en España y en otros países europeos tiene un coste presupuestario —en forma de ayudas, seguros y políticas de renta— pero también un valor social: fijación de población, cuidado del territorio, diversidad productiva.

En segundo lugar, exige coherencia regulatoria. No tiene sentido, sostienen las organizaciones agrarias, elevar las exigencias ambientales y laborales dentro de la UE si, al mismo tiempo, se firman acuerdos que facilitan la entrada de productos que no cumplen esos estándares. La consecuencia es obvia: se penaliza al productor europeo y se externalizan las cargas ambientales y sociales a terceros países.

Por último, la soberanía alimentaria requiere un cambio en la relación con el consumidor. Etiquetas claras, campañas de información y políticas de compra pública —colegios, hospitales, comedores colectivos— que prioricen producto europeo y de proximidad forman parte del paquete. Solo así se puede transformar una consigna en cadenas de valor concretas que sostengan al campo.

Lo que se juega España en la recta final del acuerdo

La fase actual de la negociación Mercosur–UE no es, para España, un trámite menor. El país se sitúa entre los que pueden ganar posiciones en exportaciones industriales y de servicios, pero también entre los que pueden perder más en su tejido agrario, especialmente en regiones mediterráneas y zonas de ganadería extensiva.

Cristóbal Cano y la UPA reclaman que el Gobierno español adopte una posición “firme y no complaciente” en Bruselas. Esto implica, en su visión, condicionar la ratificación del acuerdo a garantías adicionales: mecanismos automáticos de salvaguardia, refuerzo real de los controles fitosanitarios y compromiso explícito de que ningún producto con sustancias prohibidas en la UE cruzará las fronteras.

El margen de maniobra puede ser limitado, pero no inexistente. La experiencia de la gran protesta de Bruselas demuestra que la presión social organizada puede alterar textos que parecían cerrados. La cuestión es si, en esta recta final, el campo español será capaz de mantener la unidad y la intensidad o si el cansancio y las promesas vagas volverán a imponerse.