Noruega prepara 13.500 requisiciones de bienes ante un conflicto con Rusia
La imagen es inquietante: miles de noruegos abren estos días una carta oficial donde se les advierte de que su propiedad ha sido “designada” para un uso militar en caso de guerra. No es ficción ni un ejercicio teórico. Es la activación de un plan de requisición que contempla hasta 13.500 bienes civiles reservados para 2026 en un país que comparte frontera directa con Rusia y que observa con preocupación el deterioro del entorno de seguridad en el norte de Europa.
Las Fuerzas Armadas noruegas enmarcan la medida en una preparación “normal” para tiempos extraordinarios. En la práctica, supone informar por adelantado a los ciudadanos de que su casa, su barco, su nave industrial o su excavadora podrían pasar a control militar de un día para otro si estalla un conflicto.
Las cartas no tienen efectos prácticos en tiempos de paz, pero el golpe psicológico es evidente. “Su propiedad puede ser tomada en uso por las Fuerzas Armadas en caso de guerra”, viene a decir el mensaje. No hay sirenas ni movilización general, pero sí un aviso claro: Noruega se prepara para un escenario que hace solo una década parecía impensable.
Una carta que rompe la rutina
El detonante visible de esta nueva fase de preparación es un simple sobre en el buzón. A partir de esta semana, varios miles de propietarios de edificios, barcos, terrenos, instalaciones industriales y maquinaria pesada han empezado a recibir comunicaciones de la organización logística de las Fuerzas Armadas.
En ellas se les informa de que su bien ha sido identificado como “recurso crítico” y que, en caso de guerra, podrá ser requisado temporalmente para la defensa nacional. La vigencia de estas reservas es de un año, tras el cual se renuevan o se reasignan. Según la propia comunicación militar, alrededor de dos tercios de las cartas que se enviarán en 2026 sustituirán a avisos de años anteriores, lo que revela un sistema ya rodado que ahora se amplía y actualiza.
El jefe de logística del Ejército, Olaf Jernberg (nombre citado en la discusión pública), ha admitido que el país ha dado un giro hacia una preparación “más intensa” tanto en el plano militar como en el civil. La frase clave es que estas cartas “no tienen consecuencias en tiempo de paz”, pero alinean expectativas: el Estado se reserva por adelantado el derecho a usar determinados recursos privados si la situación se degrada.
Este hecho revela un cambio profundo en la comunicación estratégica. La planificación de guerra deja de ser un asunto reservado a los cuarteles para entrar directamente en la cocina, el taller o el garaje de los ciudadanos.
La letra pequeña de la política de requisición
La llamada “política de requisición” noruega no es nueva, pero sí se está modernizando y ampliando. En esencia, el mecanismo permite que el Estado tome el control de bienes privados considerados esenciales para la defensa: edificios estratégicamente situados, almacenes, embarcaciones, vehículos pesados, terrenos logísticamente relevantes o equipos industriales de difícil sustitución.
El esquema funciona con dos tiempos. En tiempo de paz se realizan “requisiciones preparatorias”, como las 13.500 previstas para 2026, que son una suerte de pre-reserva legal: identifican qué recursos se activarían primero si se declara el estado de guerra. En tiempo de conflicto, esas reservas se convierten en requisiciones efectivas, con compensación económica para el propietario, pero con un margen muy limitado de oposición.
La medida busca evitar improvisaciones. En lugar de tratar de localizar, por ejemplo, barcos de carga o naves logísticas el día que estalle una crisis, el Ejército ya sabe qué activos existen, dónde están y quién los posee. Lo más inquietante para algunos juristas es el equilibrio entre seguridad y derechos: cuanta más precisión tiene el Estado sobre la “base material” de la defensa, mayor es también su capacidad de inmiscuirse en la esfera patrimonial privada.
El diagnóstico es inequívoco: Noruega está construyendo un andamiaje legal para una movilización total que, sobre el papel, puede activarse en cuestión de horas.
Del Báltico al Ártico: el contexto que lo explica
La decisión no se entiende sin el mapa. Noruega comparte cerca de 200 kilómetros de frontera terrestre con Rusia en el extremo norte, además de un vasto espacio marítimo en el Ártico y el mar de Barents, clave para rutas energéticas, pesca y presencia militar de la OTAN. La guerra en Ucrania y el deterioro de las relaciones entre Moscú y Occidente han convertido esta franja en una de las líneas de tensión más sensibles del continente.
Desde 2022, la región ha visto un aumento constante de ejercicios militares, vuelos de reconocimiento y presencia naval aliada, con especial protagonismo de Estados Unidos y el Reino Unido. Al mismo tiempo, Rusia mantiene en la península de Kola una de sus mayores concentraciones de capacidad militar, incluida parte de su flota de submarinos nucleares.
El contraste con la década anterior resulta demoledor. Durante años, Noruega cultivó una política de “equilibrio pragmático” con Rusia: cooperación en pesca, comunicación fluida en la frontera y contactos técnicos en materia energética. Ese capítulo parece definitivamente cerrado. Los informes de inteligencia aliados advierten de que Rusia podría reconstruir parte de su capacidad ofensiva contra la OTAN en un horizonte de 5 a 8 años, una evaluación que se ha convertido en mantra en los ministerios de Defensa europeos.
En ese marco, las cartas de requisición no son un gesto aislado, sino la pieza civil de un tablero militar que se mueve rápidamente hacia un escenario de disuasión dura.
Impacto psicológico y debate sobre las libertades
Más allá de la letra de la norma, el elemento que está encendiendo el debate es el impacto emocional. Que el Ejército pueda llevarse un coche, un barco o incluso una vivienda en plena crisis no es un concepto abstracto cuando se recibe una notificación nominativa en casa.
Las autoridades insisten en que “no hay motivo de alarma” y que el objetivo es precisamente evitar el caos si la seguridad se deteriora. Sin embargo, psicólogos y juristas alertan del desgaste que puede provocar mantener a la población en una especie de “economía de guerra latente”. El hecho de que las cartas deban renovarse anualmente implica reabrir la herida cada doce meses.
“No es lo mismo saber que el Estado tiene ciertos poderes en caso de guerra que ver tu nombre en una lista de bienes utilizables por el Ejército”, apunta un experto en derecho constitucional citado en la prensa local. Ahí se fija la línea roja del debate: ¿es esta pedagogía de la emergencia una herramienta de resiliencia o una forma de normalizar la excepcionalidad?
El precedente histórico tampoco tranquiliza. Durante la Guerra Fría, los países nórdicos ya contaban con sistemas de movilización civil muy desarrollados, pero rara vez se explicaban de forma tan directa a la ciudadanía. Ahora, la transparencia es mayor, pero también lo es la sensación de vulnerabilidad.
Logística, censos y bienes estratégicos: cómo funcionará
El verdadero reto está en la ejecución. Gestionar 13.500 bienes preasignados en todo el país, con propietarios distintos, ubicaciones diversas y usos muy heterogéneos, exige un sistema de información robusto y una coordinación fina entre el mando militar y las autoridades civiles.
La estructura noruega pivota sobre una organización logística que actúa como interfaz entre Defensa y la economía real. De su base de datos salen las cartas y en ella se cruzan registros de la propiedad, censos empresariales, listados de maquinaria y cartografía estratégica. El objetivo es poder activar en cuestión de horas una red de puertos, naves logísticas, talleres, transportes pesados y alojamientos que sostenga una operación militar de alta intensidad en condiciones árticas.
La consecuencia es clara: la línea entre infraestructura civil y militar se desdibuja. Un astillero pesquero puede convertirse en punto de apoyo naval, una empresa de construcción en unidad de ingeniería y un hotel de carretera en alojamiento de tropas.
Por ahora, el Gobierno no ha detallado con precisión qué compensaciones económicas se contemplan ni cómo se resolverán los conflictos en caso de oposición de los propietarios. Ese vacío alimenta el temor a que, en una crisis real, la eficiencia militar se imponga sin matices sobre la seguridad jurídica.
Noruega acelera el gasto militar mientras mira a Moscú
El envío masivo de cartas se produce en paralelo a un salto cuantitativo en el gasto de defensa. Noruega ya alcanzó en 2024 el objetivo de la OTAN de dedicar al menos el 2% del PIB a la defensa, y el Gobierno calcula que en 2025 la ratio rondará el 2,15%-2,16%.
Pero el verdadero salto llega con el plan presupuestario para 2026: Oslo prevé destinar alrededor del 3,4% del PIB a gasto militar, cifra que incluye tanto el refuerzo nacional como la ayuda a Ucrania. A medio plazo, el país respalda incluso la propuesta de elevar al 5% del PIB el esfuerzo combinado en defensa y seguridad, un nivel que dejaría muy atrás a buena parte de sus socios europeos.
Este ritmo de inversión sitúa a Noruega en la vanguardia del rearme europeo, apenas por detrás de los grandes actores de la región báltica y de Polonia. Lo más grave, desde la óptica de quienes critican la escalada, es el riesgo de una espiral de acción-reacción con Rusia en un área tan delicada como el Ártico, donde convergen intereses energéticos, rutas marítimas emergentes y presencia militar de alto perfil.
Para el Gobierno noruego, sin embargo, el mensaje es el contrario: la única forma de evitar una crisis es demostrar que el país —y la OTAN— están listos para afrontarla.
