Orbán desafía a Bruselas y promete vetar el Pacto Migratorio: “No aceptaremos inmigrantes ni gastaremos un céntimo”

El mensaje de Orbán en X fue inequívoco: “Bruselas ha dado la orden. Están activando el Pacto de Migración… Ceterum censeo: no aceptaremos inmigrantes y no gastaremos ni un céntimo en ellos”. Con esa fórmula buscó dejar claro que su rechazo no es táctico sino estructural, el mismo que lleva años esgrimiendo contra las cuotas de reubicación que la UE intenta convertir en un sistema de “solidaridad obligatoria” para que los Estados que reciben menos llegadas ayuden a los que reciben más. La novedad es que ahora Bruselas ha puesto fecha —mediados de 2026— y dinero —un fondo común y licitaciones de hasta 250 millones de euros para control de fronteras— al despliegue del pacto, de modo que las capitales tendrán menos margen para retrasarlo. 

La Comisión explicó el martes que España, Italia, Grecia y Chipre quedarán registradas como países “bajo presión migratoria” y podrán activar el “pool de solidaridad” del bloque, que obliga al resto de socios a elegir entre acoger a parte de los recién llegados o contribuir financieramente al esfuerzo de quienes están en primera línea. Es justo ese punto el que Budapest considera inaceptable: el Gobierno húngaro sostiene que la UE “incentiva la migración” y que las contribuciones económicas acaban siendo una sanción encubierta para los países que rechazan la reubicación. Ya en 2024 el asesor de seguridad interior del primer ministro avisó de que Hungría no pensaba pagar ni habilitar “guetos de migrantes” que exige el reglamento.

Orbán no está solo. Polonia, que fue de los dos únicos Estados que votaron contra la reforma cuando se cerró en 2024, mantiene que no aceptará reubicaciones obligatorias, y Eslovaquia se ha sumado en 2025 a ese frente centroeuropeo que habla de “imposición” desde Bruselas. La diferencia es que Hungría ha elevado el tono justo cuando la UE quiere demostrar unidad frente al aumento de llegadas por la ruta mediterránea y atlántica y cuando los países del sur llevan meses reclamando a los socios del norte y del este que la carga se reparta de verdad. Para Madrid o Roma, que el pacto descarrile a estas alturas sería volver a empezar una negociación que ya duró cuatro años. 

El pulso, además, tiene una lectura política interna. Orbán lleva tiempo presentándose en Hungría como el dique frente a lo que él llama “la desintegración de la UE”, y la migración es el terreno en el que mejor conecta con su base conservadora. Al prometer que no aplicará el pacto aun siendo un reglamento comunitario directamente aplicable, lanza un desafío jurídico a Bruselas y, al mismo tiempo, un mensaje al resto de gobiernos que cuestionan el reparto: si uno planta cara, los demás pueden ganar tiempo o negociar excepciones, como ya ha hecho Polonia en algunos puntos. Pero la Comisión también se ha blindado: el nuevo sistema prevé contribuciones forzosas para quienes se nieguen a cooperar, de modo que el coste de la insumisión no será solo político. 

Para España y el resto de países del sur, la respuesta de Orbán llega en el peor momento. La Comisión acaba de certificar que el nivel de entradas es “desproporcionado” y ha puesto en marcha un paquete de apoyo que incluye reubicaciones, fondos y más herramientas de control de fronteras. Que tres Estados miembros digan ahora que no cumplirán lo firmado erosiona la narrativa de unidad y ofrece munición a las fuerzas euroescépticas que preparan ya el terreno para las próximas citas electorales. De ahí que en Bruselas insistan en que el pacto está aprobado, que se desplegará en 2026 y que las sanciones están en el reglamento. Orbán, de momento, ha elegido hacerse escuchar.