Trump y Kennedy declaran la guerra al azúcar en EEUU

Estados Unidos ha abierto un frente inesperado: la alimentación pública. Robert F. Kennedy Jr., al frente del Departamento de Salud en la administración Trump, ha presentado unas directrices que rompen con décadas de recomendaciones oficiales y golpean directamente al corazón de la industria del azúcar y los ultraprocesados. El giro es radical: menos carbohidratos y azúcar, mucha más proteína, con especial foco en la infancia y los servicios públicos de alimentación. Las nuevas normas prohíben cualquier azúcar añadido para menores de cuatro años y apuestan por duplicar la ingesta diaria recomendada de proteína. La consecuencia es clara: se alteran de golpe los menús de comedores escolares, hospitales, residencias y grandes programas sociales, pero también el equilibrio de poder entre el Estado y los gigantes de la alimentación.

Kennedy no se limita a introducir matices técnicos. Lo que plantea es un cambio de paradigma en la forma en que Estados Unidos entiende la nutrición como política pública. Frente a las pirámides alimentarias tradicionales —con fuerte peso de cereales refinados y carbohidratos—, el nuevo enfoque sitúa la proteína como eje central y el azúcar añadido como enemigo declarado.

El responsable de Salud ha acusado abiertamente a administraciones anteriores de poner por delante los intereses corporativos de grandes grupos agroalimentarios y de bebidas frente al bienestar colectivo. En su diagnóstico, décadas de lobby han consolidado guías oficiales que “normalizaban” un consumo de azúcar y ultraprocesados incompatible con una población sana.

Este hecho revela un movimiento más amplio: el intento de la administración Trump de presentarse como adversario de las élites corporativas tradicionales, incluso en sectores donde, hasta ahora, el discurso republicano había sido abiertamente desregulador. La nutrición se convierte así en terreno de disputa identitaria, económica y electoral.

El nuevo dogma: menos azúcar, más proteína

El núcleo técnico del plan es contundente. Kennedy propone pasar de los clásicos 0,8 gramos de proteína por kilo de peso corporal a un rango de entre 1,2 y 1,6 gramos, especialmente en niños, adolescentes y población de riesgo. Esto implica reconfigurar por completo los menús diseñados durante años por dietistas y empresas concesionarias de servicios de catering.

Al mismo tiempo, las guías fijan un objetivo de azúcar añadido prácticamente cero en los primeros años de vida y una reducción drástica en el resto de la población, muy por debajo del 10 % de calorías totales que recomendaban muchos organismos internacionales. Kennedy habla de “desenganchar al país del azúcar” y de tratarlo como “un problema de salud pública equiparable al tabaco hace treinta años”.

No se trata, subrayan sus asesores, de una moda proteica pasajera, sino de una política de Estado que busca frenar la epidemia de obesidad y enfermedades metabólicas. En un país donde más del 40 % de los adultos presenta obesidad y uno de cada cinco adolescentes tiene problemas de peso severos, el margen para seguir como hasta ahora se ha agotado.

Comedores escolares y hospitales: el primer frente de batalla

La primera línea de impacto son los espacios donde el Estado tiene control directo: comedores escolares, hospitales, residencias y programas de alimentación social. El nuevo marco obliga a revisar contratos, licitaciones y pliegos técnicos en cuestión de meses, sustituyendo menús basados en pasta, patatas fritas, zumos azucarados y bollería industrial por platos con mayor densidad proteica y menor carga glucémica.

En el sistema escolar, donde los programas federales de alimentación alcanzan a más de 30 millones de niños al día, el giro es monumental. Para muchas familias de rentas bajas, la comida del colegio es la principal fuente de nutrición estructurada de sus hijos. Cambiar la composición de estos menús equivale, en la práctica, a intervenir el modelo de consumo de una generación.

Hospitales y residencias tampoco quedan al margen. Las nuevas guías consideran “inaceptable” que pacientes diabéticos, oncológicos o geriátricos reciban todavía bandejas con refrescos azucarados, postres industriales o cereales refinados como base. La instrucción es clara: priorizar proteína de calidad, grasas saludables y reducción drástica de azúcares simples y ultraprocesados.

La industria del azúcar y los ultraprocesados, contra las cuerdas

El gran perdedor potencial de esta ofensiva son las multinacionales que han construido durante décadas un negocio multimillonario alrededor de refrescos, snacks, galletas, cereales azucarados y comida preparada. Nombres como PepsiCo, Mars, Kellogg’s o Coca-Cola observan con inquietud cómo el Estado amenaza con cerrarles el acceso a los mayores contratos de catering público del país.

Las primeras reacciones ya se dejan ver: anuncios de reformulaciones aceleradas de productos, lanzamiento de líneas “altas en proteína” y campañas de comunicación que intentan asociar sus marcas a un estilo de vida activo y saludable. Sin embargo, el choque es frontal: las nuevas normas no se limitan a etiquetar o informar, sino que prohíben directamente determinados productos en entornos públicos sensibles.

La consecuencia económica puede ser notable. Si una parte sustancial del consumo institucional se desplaza hacia proveedores que apuestan por proteína, mínimamente procesados y menos azúcar, compañías consolidadas podrían perder en pocos años hasta un 10-15 % de su volumen en el canal público, con efecto arrastre sobre el mercado privado. No es casual que las asociaciones sectoriales hayan activado ya sus lobbistas en el Congreso.

El coste de la obesidad y la apuesta por el ahorro sanitario

El equipo de Kennedy justifica la dureza de las medidas con un argumento económico difícil de ignorar. La epidemia de obesidad y enfermedades metabólicas se ha convertido en una losa para las cuentas públicas. Distintos estudios estiman que el tratamiento de patologías asociadas —diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, ciertos tipos de cáncer— puede absorber entre el 8 % y el 10 % del gasto sanitario estadounidense.

En términos de PIB, el coste combinado de atención médica, pérdida de productividad y discapacidad vinculada a la mala alimentación se sitúa en el rango de cientos de miles de millones de dólares anuales. La tesis de Kennedy es que, sin un golpe de timón, el sistema seguirá siendo “una máquina de medicalizar problemas que son, en buena medida, consecuencia directa de la dieta”.

El plan, por tanto, se vende como inversión a medio plazo. Incrementar el presupuesto alimentario de los centros públicos, subvencionar proteínas de calidad y restringir el azúcar tendría un retorno en forma de menos hospitalizaciones, menos medicamentos crónicos y más años de vida saludable. El cálculo que circula en el Departamento de Salud habla de un potencial ahorro acumulado de hasta un 20 % en costes ligados a la obesidad en una década, si las medidas se aplican con rigor.

Estrategia electoral: nutrición como bandera política

Nada de esto ocurre en el vacío. La Casa Blanca es consciente de que cada decisión de política pública se lee ya en clave de elecciones de medio término. Trump y Kennedy han encontrado en la alimentación un terreno fértil para conectar con una base desencantada con el establishment corporativo y, a la vez, para disputar el discurso de la “defensa de lo público” a sus adversarios demócratas.

La narrativa es simple y eficaz: “Durante años, Washington ha protegido los beneficios de las grandes compañías de comida basura; ahora protegemos la salud de vuestros hijos”. En un país donde uno de cada tres dólares del presupuesto de programas sociales está vinculado, directa o indirectamente, a alimentación y sanidad, el mensaje tiene fuerza.

El contraste con administraciones anteriores se explota sin pudor. Se recuerdan pirámides alimentarias que colocaban los cereales refinados en la base, subsidios masivos al maíz y a los jarabes de alta fructosa, y la presencia constante de las multinacionales en comités asesores. Kennedy se presenta, paradójicamente, como disruptor dentro del sistema, dispuesto a romper con décadas de captura regulatoria.

Riesgos, incógnitas y efecto contagio internacional

El plan, sin embargo, no está exento de riesgos. La transición hacia dietas más proteicas exige una producción adicional significativa de carne, pescado, huevos, lácteos o alternativas vegetales, con impacto ambiental y tensiones sobre precios. Agricultores y ganaderos reclaman claridad sobre qué modelos productivos se incentivarán y quién pagará el coste de adaptación.

Tampoco está garantizado que la población abrace de inmediato el cambio. Hábitos de consumo arraigados durante décadas, publicidad omnipresente y desigualdades socioeconómicas dificultan que la nueva ortodoxia nutricional se traduzca automáticamente en carros de la compra más saludables. Algunos expertos advierten, además, del riesgo de “medicalizar la proteína” y de que el péndulo pase de un extremo al otro sin matices.

A nivel internacional, el movimiento de EEUU puede tener efecto arrastre. Si el país que marca tendencia en consumo global penaliza el azúcar y los ultraprocesados en sus políticas públicas, otros gobiernos —incluidos europeos— se verán presionados a revisar sus propias guías y programas. Para las multinacionales, el temor es claro: que lo que hoy se presenta como experimento americano se convierta mañana en el nuevo estándar global.