Rodríguez firma la apertura petrolera que rompe el monopolio de PDVSA
La Venezuela que durante dos décadas convirtió el petróleo en columna vertebral de un modelo de control estatal ha dado un giro abrupto. Delcy Rodríguez, en funciones de presidenta, firmó una reforma integral que abre la explotación y comercialización del crudo a la inversión privada, diluye el papel dominante de PDVSA y promete un marco legal más “invertible” para las grandes compañías. La decisión no llega en el vacío: el mismo día, el Departamento del Tesoro de EEUU empezó a relajar sanciones y a ampliar permisos para que firmas estadounidenses operen en el país.
Un giro ideológico forzado por la urgencia
La reforma supone una ruptura explícita con el “modelo Chávez”: aquel que, desde mediados de los 2000, consolidó la idea de que el petróleo debía ser administrado por el Estado, con PDVSA como brazo ejecutor y con socios privados relegados a esquemas tutelados. El nuevo texto legal, en cambio, autoriza a compañías privadas a gestionar producción y ventas, incluyendo decisiones comerciales sensibles como precios y destino del crudo, manteniendo formalmente la propiedad estatal de las reservas.
El detonante es doble. Primero, el colapso prolongado de la capacidad operativa: infraestructuras degradadas, falta de inversión y una burocracia extractiva que ahuyentó tecnología y talento. Segundo, la presión externa vinculada al ciclo de sanciones y licencias: el levantamiento parcial de restricciones se ha convertido en una moneda de cambio para reordenar el sector.
En Miraflores se vende como “rescate” económico. Pero el diagnóstico es más incómodo: la apertura no nace de una estrategia industrial madura, sino de la necesidad urgente de caja, de legitimidad y de volver a conectar con los mercados que durante años fueron cerrándose.
De PDVSA mayoritaria a PDVSA opcional
Hasta ahora, la puerta de entrada típica para el capital extranjero eran las empresas mixtas con PDVSA como socio mayoritario. El corazón de la reforma consiste precisamente en desarmar esa obligación: se elimina el requisito de que PDVSA mantenga una participación de control en los grandes proyectos y se concede a los socios privados más mando operativo y técnico.
A la vez, el texto ajusta la fiscalidad de la extracción: fija un tope de regalías del 30% y habilita al Ejecutivo a modular porcentajes proyecto a proyecto en función de la competitividad y las necesidades de inversión. En la práctica, esa discrecionalidad puede traducirse en incentivos agresivos —incluida la posibilidad de llevar regalías a niveles cercanos a cero, según interpretaciones recogidas en medios internacionales—, un mensaje directo a las petroleras: “traigan capital y tecnología; el Estado ajustará el precio de entrada”.
El riesgo es evidente. Un régimen fiscal flexible puede atraer inversión inicial, sí, pero también abre la puerta a negociaciones opacas, asimetrías de trato y captura de rentas. En un país con historial de corrupción en el sector, la letra pequeña importa tanto como el titular.
La cláusula que cambia el apetito inversor: arbitraje
Pocas palabras alteran tanto la percepción de riesgo como “arbitraje”. La reforma elimina la obligación de dirimir disputas exclusivamente en tribunales venezolanos —percibidos por los inversores como politizados— y permite mecanismos de arbitraje independiente.
Este punto es el que más obsesiona a las grandes energéticas: no basta con permitir que exploten un yacimiento si mañana un giro político puede reescribir el contrato. Sin un esquema creíble de resolución de disputas, cualquier inversión en la Faja del Orinoco —crudo extrapesado, intensivo en capital y en tecnología— se convierte en una apuesta temeraria.
“Sin arbitraje y sin garantías de ejecución contractual, el capital se queda en la puerta: puede haber anuncios, pero no habrá cheques en volumen. La industria necesita estabilidad regulatoria, seguridad física y reglas que sobrevivan al próximo cambio político.”
La consecuencia es clara: Caracas intenta construir un “puente legal” para sustituir la confianza perdida. Si funcionará dependerá menos del texto y más de su cumplimiento real: licencias, permisos, seguridad, pagos, y —sobre todo— respeto a la propiedad y a los flujos financieros.
Sanciones, licencias y una ventana diseñada en Washington
El calendario revela el elemento más delicado: el alivio de sanciones llegó en paralelo a la aprobación y firma de la ley. El Tesoro estadounidense, mediante una licencia general (OFAC), amplió el margen para que empresas de EEUU compren, revendan y operen con PDVSA bajo nuevas condiciones.
El mensaje implícito es difícil de ignorar: la apertura venezolana no solo busca inversión, sino que se adapta a una arquitectura de permisos donde Washington conserva la palanca. El Financial Times subrayó además un matiz relevante: la nueva cobertura favorecería especialmente a compañías estadounidenses, dejando a otros actores internacionales con menos certidumbre regulatoria.
Esto reordena el mapa de poder dentro del sector. Un país con el mayor volumen de reservas declaradas del mundo se dispone a reinsertarse en el mercado global, pero lo hace con una dependencia normativa inédita: producción y exportación condicionadas por licencias, y acceso al sistema financiero ligado al humor geopolítico. En términos de soberanía energética, el cambio es profundo; en términos de supervivencia económica, quizá inevitable.
Los números que explican la urgencia: reservas gigantes, producción mínima
Venezuela presume —con aval de estimaciones internacionales— de unos 303.000 millones de barriles de reservas, alrededor del 17% del total mundial. Es una cifra que, sobre el papel, debería convertir al país en un actor estructural del mercado durante décadas. Sin embargo, la realidad operativa es otra: la producción se desplomó desde niveles cercanos a 3 millones de barriles diarios en 2008 a alrededor de 963.000 a finales de 2025, tras años de falta de inversión e infraestructuras degradadas.
El rebote reciente —con producción aproximada de 950.000 barriles/día en 2025— se asocia, en parte, a la continuidad de compañías como Chevron bajo licencias específicas. Pero ese repunte no compensa el deterioro: refinerías con bajo rendimiento, oleoductos envejecidos, fuga de profesionales y un parque de servicios petroleros debilitado.
Por eso la reforma no es solo “pro-mercado”. Es un intento de sustituir la musculatura que el Estado ya no tiene. Sin capital privado y tecnología, el país seguirá sentado sobre un tesoro geológico, pero sin capacidad de monetizarlo.
Quién entra, quién duda y quién pierde influencia
La reforma pretende seducir a las majors occidentales, pero el entusiasmo será limitado si no hay garantías políticas adicionales. Incluso con arbitraje y regalías modulables, las compañías pedirán seguridad sobre repatriación de dividendos, riesgo reputacional y estabilidad institucional. El propio debate internacional insiste en que la apertura es un paso, pero no una varita mágica: la inversión a gran escala exige un marco más robusto y predecible.
En este tablero, el factor EEUU pesa más que nunca. Las licencias del Tesoro y el rediseño del sector crean un carril rápido para firmas estadounidenses y, a la vez, introducen incertidumbre para socios tradicionales de Caracas. Si el nuevo esquema prioriza el retorno de capital occidental, China y Rusia podrían ver erosionada su influencia relativa, especialmente en proyectos donde hoy dominan financiamiento, comercialización o servicios.
El gobierno, por su parte, intenta mostrar tracción: proyecciones de inversión en torno a 1.400 millones de dólares en 2026, frente a unos 900 millones el año anterior, se utilizan como argumento de que la apertura ya “mueve dinero”. El problema es que, en la industria petrolera, esas magnitudes siguen siendo modestas para revertir décadas de deterioro.
