Trump prepara un bloqueo total del petróleo que sostiene a Cuba
La Administración de Donald Trump estudia dar un salto cualitativo en su presión sobre La Habana: un bloqueo total de las importaciones de petróleo a Cuba, según un plan avanzado por Politico y confirmado por varias fuentes diplomáticas. La medida, aún no aprobada formalmente, figura entre las opciones que se presentarán al presidente y contaría con el respaldo del secretario de Estado, Marco Rubio, férreo defensor de endurecer el embargo. El objetivo declarado es inequívoco: precipitar un cambio de régimen en la isla aprovechando su extrema vulnerabilidad energética. Lo más grave, sin embargo, es que Cuba ya sufre los efectos de la ofensiva de Washington sobre Venezuela, su antiguo salvavidas petrolero. Trump presume desde hace semanas de que “no entra ya ni petróleo ni dinero” procedente de Caracas hacia La Habana, tras la captura de Nicolás Maduro y el bloqueo a la flota de crudo venezolano. La consecuencia es clara: si el bloqueo se extiende ahora a todos los proveedores, Cuba podría quedar sin combustible en cuestión de semanas.
Un plan para asfixiar al régimen por la vía energética
El borrador que circula en los pasillos de la Casa Blanca contempla un bloqueo naval y financiero de cualquier envío de crudo o combustible a Cuba, con una coordinación estrecha del Pentágono, el Departamento de Estado y el Tesoro. La lógica estratégica es sencilla y brutal: si la energía es “el punto de estrangulamiento” del régimen —como repiten asesores de Trump—, cortar el suministro es la forma más rápida de forzar concesiones políticas de calado o incluso un colapso interno.
La propuesta va más allá del anuncio de la semana pasada, cuando Trump ordenó detener los envíos de petróleo venezolano hacia Cuba, históricamente su principal fuente de crudo subvencionado. El nuevo paquete implicaría perseguir cualquier cargamento con destino a puertos cubanos, independientemente de su bandera o país de origen, apoyándose en el marco jurídico del embargo y en nuevas sanciones secundarias a empresas navieras y aseguradoras.
Este hecho revela una escalada cualitativa: ya no se trata solo de sancionar al régimen, sino de utilizar el petróleo como palanca directa para reconfigurar el mapa político del Caribe. Dentro del propio Gobierno, los halcones argumentan que 2026 ofrece una “ventana única” tras el control de los recursos venezolanos. Los sectores más pragmáticos alertan, en cambio, del riesgo de choque con socios clave y de un repunte migratorio hacia Estados Unidos.
Cuba, una economía atrapada por el combustible importado
La apuesta de la Casa Blanca se apoya en un dato estructural: Cuba importa alrededor del 60%–70% del combustible que consume, según estimaciones de organismos energéticos internacionales. Buena parte se destina a generación eléctrica, transporte y servicios básicos. La isla apenas produce crudo pesado de baja calidad, insuficiente para sostener su sistema eléctrico y su red de refinerías.
En la última década, La Habana ha intentado diversificar proveedores ante el desplome económico de Venezuela, pero con éxito limitado. De los cerca de 90.000–100.000 barriles diarios que Cuba llegó a recibir de Caracas en los años de bonanza, hoy apenas llegaría alrededor de un tercio, según cálculos de mercado. El resto procede de acuerdos puntuales con países como México y de compras en el mercado spot, siempre condicionadas por las sanciones estadounidenses y por la capacidad de pago de un Estado crónicamente ilíquido.
El diagnóstico es inequívoco: cada barco que deja de atracar en puertos como Matanzas o Cienfuegos tiene un impacto inmediato en los apagones, el transporte público y el abastecimiento. Desde finales de 2025, los cortes de electricidad de más de ocho horas en algunas provincias se han vuelto habituales, mientras el racionamiento de combustible paraliza parte del transporte interurbano y obliga a priorizar hospitales y servicios críticos. Un bloqueo total no solo tensaría al límite esta situación, sino que podría devolver al país a un escenario similar al del “Período Especial” de los años noventa.
De Caracas a La Habana: la nueva geometría del embargo
El plan sobre Cuba no se entiende sin la ofensiva previa de Washington sobre Venezuela. La operación militar y financiera lanzada a finales de 2025 —bautizada como Operation Southern Spear— ha permitido a Estados Unidos interceptar al menos siete petroleros vinculados a Caracas en el Caribe y tomar el control efectivo de buena parte de sus exportaciones de crudo. Al mismo tiempo, la Casa Blanca ha anunciado un programa de hasta 100.000 millones de dólares para “reflotar” la industria venezolana bajo supervisión estadounidense.
Este giro ha cortado casi de raíz el esquema clásico por el que Venezuela enviaba petróleo subsidiado a Cuba a cambio de médicos, asesores de seguridad y apoyo diplomático. La captura de Maduro y su traslado a Nueva York han sido presentada por Trump como un “aviso a navegantes” para otros aliados de Caracas en la región. El siguiente en la lista es, claramente, el Gobierno cubano.
La consecuencia es clara: si antes el embargo se centraba en el comercio bilateral y en impedir inversiones estadounidenses en la isla, ahora Washington controla el grifo de uno de los pocos países que aún podían sostener a Cuba. La discusión interna gira en torno a cuánto debe aprovechar Estados Unidos esa posición de fuerza y si un bloqueo total no terminará arrastrando a otros actores regionales a una crisis de seguridad en el Caribe.
México, última tubería abierta y bajo presión de Washington
Mientras Venezuela queda neutralizada como proveedor, México se ha convertido en la principal tabla de salvación energética de Cuba. Entre enero y septiembre de 2025, el Gobierno de Claudia Sheinbaum habría enviado a la isla cargamentos de crudo y derivados por un valor cercano a 400 millones de dólares, según fuentes consultadas por Reuters. La narrativa oficial en Ciudad de México habla de “cooperación energética con fines humanitarios”, amparada en contratos firmados por anteriores Administraciones.
Sin embargo, el contraste con la presión de Washington resulta demoledor. La Casa Blanca ha dejado entrever que las exportaciones mexicanas a Cuba podrían entrar en el radar de las sanciones secundarias, especialmente tras la firma de la orden ejecutiva que impone un arancel del 25% a los países que importen crudo venezolano. La amenaza, aunque no formulada en público, es clara: si México insiste en ser el último suministrador de La Habana, puede pagar un precio comercial y financiero en el marco del USMCA.
Sheinbaum se enfrenta así a un dilema de alto voltaje. Recortar drásticamente los envíos —como evalúa su gabinete, según fuentes citadas por la agencia— aliviaría la presión estadounidense, pero podría agravar aún más la crisis energética cubana e impulsar una nueva ola migratoria hacia territorio mexicano y estadounidense. Mantenerlos, en cambio, la situaría en el centro de un pulso geopolítico que amenaza con convertir cada barco petrolero rumbo a La Habana en un incidente diplomático.
Un embargo reforzado con alto coste diplomático
Estados Unidos mantiene desde hace más de seis décadas un embargo económico, comercial y financiero contra Cuba, que la Asamblea General de la ONU condena año tras año como contrario al derecho internacional. En 2024, 187 países votaron a favor de la resolución que pedía su fin, frente a solo dos en contra —Estados Unidos e Israel— y una abstención. La Administración Trump, lejos de suavizarlo, ha redoblado su alcance activando por completo la Ley Helms-Burton e intensificando las sanciones en su segundo mandato.
Un bloqueo total de las importaciones de petróleo supondría un salto cualitativo sobre ese marco. No solo se trataría de impedir transacciones financieras, sino de desplegar activos navales para interceptar cargamentos de terceros países con destino a puertos cubanos. Varios aliados europeos y latinoamericanos ya han expresado en privado su preocupación por una posible “militarización” del embargo, temiendo incidentes en aguas internacionales y una nueva fractura en los foros multilaterales.
Lo más grave, señalan expertos consultados por medios internacionales, es que la presión máxima contra La Habana podría convertirse en un precedente para otros conflictos energéticos, reinterpretando el uso del mar y de las rutas comerciales como armas políticas. Este hecho revela hasta qué punto la guerra del petróleo se ha convertido en el eje de la estrategia exterior de Washington en el hemisferio.
Impacto económico: del turismo a los apagones masivos
En términos económicos, un corte total de los suministros de crudo tendría efectos devastadores. El turismo, que representa en torno al 10%–12% del PIB cubano y del que dependen cientos de miles de empleos, ya sufre por los apagones y la falta de combustible para el transporte interno. Un escenario de racionamiento extremo, con cortes de electricidad diarios, disuadiría a los touroperadores europeos y canadienses que aún sostienen una parte relevante de la llegada de visitantes.
Los economistas consultados por distintas instituciones financieras estiman que, en caso de bloqueo prolongado, el PIB cubano podría contraerse entre un 8% y un 12% en un solo año, cifras cercanas a las del “Período Especial” tras el colapso soviético, cuando la economía se desplomó alrededor de un 35% en la primera mitad de los noventa. La diferencia es que hoy la capacidad de resiliencia social y de ahorro de las familias es mucho menor, tras años de crisis, inflación y pandemia.
Los sectores más vulnerables serían la red hospitalaria, la industria alimentaria y el transporte urbano. Sin combustible suficiente, el Gobierno tendría que priorizar hospitales, plantas potabilizadoras y transporte de alimentos básicos, dejando amplias franjas de la población con servicios muy limitados. El riesgo de protestas sociales y de nuevas oleadas migratorias hacia Estados Unidos y otros países de la región se incrementaría de forma notable, abriendo un escenario de inestabilidad que podría ir mucho más allá de la isla.
