Trump arma megadeal petrolero con Venezuela con Josu Jon Imaz de Repsol
La nueva arquitectura petrolera de Venezuela ya no se diseña en Caracas, sino en el Salón Roosevelt de la Casa Blanca, convertido por unas horas en centro de mando energético y escenografía personal de Donald Trump. El presidente ha anunciado que 30 millones de barriles de crudo venezolano, valorados en unos 4.000 millones de dólares, están ya de camino a Estados Unidos, y ha confirmado un plan de 100.000 millones de inversión privada para reconstruir la destruida infraestructura petrolera del país.
Todo ello ante una mesa rodeada por los principales ejecutivos del sector, entre ellos Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, y los máximos responsables de ExxonMobil, Chevron, Shell, Eni, ConocoPhillips, Vitol, Trafigura, Halliburton o SLB.
En paralelo, Trump ha revelado la incautación de un nuevo petrolero que habría zarpado de Venezuela “sin aprobación” de Washington, cuyo cargamento será redirigido al llamado “GREAT Energy Deal”, el mecanismo con el que la Casa Blanca canalizará las ventas “autorizadas” de crudo venezolano.
El mensaje de fondo es inequívoco: Venezuela vuelve a ser proveedor clave de EE. UU., pero bajo un modelo en el que el poder de decisión se desplaza hacia el eje Casa Blanca–petroleras, con el tablero regional mirando de cerca.
Un puente de 30 millones de barriles hacia EE. UU.
Según detalló Trump, 30 millones de barriles de petróleo venezolano se dirigen ya hacia refinerías estadounidenses, por un valor estimado de 4.000 millones de dólares. La operación equivale, según cálculos del mercado, a varias semanas de la producción actual venezolana, que oscila en torno a los 900.000–1.000.000 de barriles diarios tras años de caída y deterioro.
El presidente no se limitó a dar las cifras. “Queremos dar las gracias a Venezuela por eso (…) estamos trabajando muy bien con ellos, obviamente, o no habrían sido tan generosos”, señaló, vinculando de forma explícita el flujo de crudo con el nuevo alineamiento político de las autoridades en Caracas.
La lectura de los analistas es clara: el envío funciona como puente de confianza para el mercado —refuerza la idea de que habrá volúmenes adicionales en los próximos meses— y al mismo tiempo como moneda de legitimación mutua. Washington exhibe el cargamento como resultado de su giro de mano dura; las nuevas autoridades venezolanas lo presentan como vía para aliviar una economía hundida tras perder más del 70% del PIB en una década.
El ‘Great Energy Deal’: exportaciones bajo tutela de Washington
La pieza que completa el cuadro es el “GREAT Energy Deal”, el esquema creado por la Casa Blanca para canalizar las ventas de crudo venezolano. Trump reveló que “otro petrolero” que zarpó de puertos venezolanos sin contar con el visto bueno estadounidense ha sido interceptado y obligado a regresar, y que el cargamento se integrará en ese mecanismo.
En términos prácticos, esto significa que toda exportación relevante de petróleo venezolano queda, de facto, sometida a la aprobación de Washington. Cualquier buque que intente operar fuera del circuito autorizado se arriesga a ser objeto de bloqueo financiero, asegurador o incluso de operaciones de interdicción directa.
El cambio de lógica es profundo. Las sanciones que en origen tenían como fin asfixiar al régimen anterior se transforman ahora en palanca de administración centralizada del flujo petrolero, con Estados Unidos actuando como aduana política y comercial. El petróleo venezolano pasa de ser un activo que buscaba burlar sanciones a integrarse en un canal “blanqueado” pero tutelado, con condiciones marcadas desde la Casa Blanca.
Cien mil millones privados a cambio de protección pública
Trump confirmó además que el plan para reconstruir la industria venezolana pasa por una cifra sin precedentes: 100.000 millones de dólares en inversión privada. El presidente subrayó que esos fondos no saldrán del presupuesto federal: “No necesitan dinero del Gobierno, pero sí necesitan protección y seguridad cuando van a gastar todo ese dinero”, afirmó.
La ecuación es nítida: capital de las compañías, paraguas político y de seguridad de Estados Unidos. Con una cifra equivalente a varios años del PIB actual venezolano, el objetivo es rehacer campos, oleoductos, refinerías y terminales de exportación para que el país pueda alcanzar niveles de producción “nunca vistos antes”, en palabras del propio Trump.
Los expertos, sin embargo, matizan ese optimismo. Estiman que, incluso con un despliegue de esa magnitud, la recuperación será gradual y requerirá al menos 5 a 7 años para devolver la producción a niveles por encima de los 2 millones de barriles diarios. Además, advierten de que el retorno de las inversiones dependerá tanto de la estabilidad política como de la capacidad de las nuevas autoridades venezolanas para respetar contratos en un entorno históricamente volátil.
Quién se sentó en la mesa, de Exxon a Repsol
La presencia de Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, junto a los máximos responsables de las grandes petroleras y traders globales, ilustra el carácter del reparto en marcha. En la mesa se sentaron, entre otros:
Darren Woods (ExxonMobil), Maryann Mannen (Marathon), Jeff Miller (Halliburton), Jeff Hildebrand (Hilcorp), Alex Cranberg (Aspect Holdings), Matt Sheehy (Tallgrass), Lane Riggs (Valero), Harold Hamm (Continental Resources), Richard Holtum (Trafigura), John Addison y Ben Marshall (Vitol), Mark Nelson (Chevron), Ryan Lance (ConocoPhillips), Wael Sawan (Shell), Claudio Descalzi (Eni), Olivier Le Peuch (SLB), Bill Armstrong (Armstrong Oil & Gas), Ross Perot Jr. (HKN) y el propio Imaz por parte de Repsol.
El listado reúne a quienes controlan tecnología, capital y acceso a mercados en la industria global del crudo. Para los analistas, la foto es tan reveladora como las cifras: el futuro del petróleo venezolano se está diseñando en diálogo directo entre la Casa Blanca y los gigantes del sector, con Caracas como socio necesario pero claramente subordinado.
Europa, a través de compañías como Repsol, Eni o Shell, se asegura asiento en la mesa para no quedar relegada frente a los grupos estadounidenses. A cambio, acepta un marco en el que el gran árbitro de la operación es Washington, no los gobiernos nacionales.
Espectáculo en el ‘ballroom’ en plena negociación energética
En mitad de la reunión, se produjo el momento más viral de la jornada. Según relataron asistentes, Trump interrumpió la sesión para lanzar uno de sus habituales gestos teatrales: “Hold on, I need to look at my beautiful ballroom”, habría dicho, levantándose de la mesa y caminando hacia una puerta acristalada.
“☝ I gotta look at this myself!”, remató antes de abrir y quedarse unos segundos contemplando la estancia. “Wow. What a view! This is the door to the ballroom! If the fake news wants to take a look, you can! Unusual time to look! But I figured we might as well”, bromeó, arrancando risas entre algunos ejecutivos.
El episodio, calificado por comentaristas como “hilarante e inusual” en una cita de este calibre, resume la mezcla de show político y decisiones estratégicas que caracteriza a la actual Casa Blanca. Mientras se discutía el futuro de 100.000 millones en inversiones y de uno de los mayores yacimientos del mundo, el presidente se permitía reconvertir por unos minutos la negociación en escaparate de su propio escenario.
🚨 JUST IN: In a HILARIOUS moment, President Trump tells the room of oil executives, 'HOLD ON, I need to look at my beautiful ballroom' 🤣
— Eric Daugherty (@EricLDaugh) January 9, 2026
"☝️I gotta look at this myself! *Gets up*"
"Wow." *Staring* "What a view! This is the door to the ballroom!"
"If the fake news wants to… pic.twitter.com/AjXcDglpvG
Seguridad, cargueros y el nuevo riesgo político
Más allá de la anécdota, la insistencia de Trump en que las compañías necesitan “protección y seguridad” evidencia el papel que Washington está dispuesto a jugar. El control de cargueros —materializado en la incautación de barcos que zarpan “sin aprobación”— y la vigilancia de rutas marítimas clave en el Caribe y el Atlántico forman parte del paquete.
Para Estados Unidos, el acuerdo justifica un refuerzo de la presencia militar y de inteligencia en torno a los puertos y terminales venezolanos, así como en los corredores por los que circularán los cargamentos vinculados al Great Energy Deal. Para los socios privados, esto reduce el riesgo operacional, pero también los hace dependientes de decisiones geopolíticas que podrían cambiar con un nuevo ciclo político en Washington.
Los analistas advierten de que cualquier incidente —un sabotaje, un bloqueo portuario, una disputa con terceros países— puede elevar el coste del acuerdo y convertir la protección de las inversiones en punto de fricción internacional, especialmente con actores como Rusia o China, que han mantenido presencia económica y militar en la región.
Soberanía venezolana frente a tutela energética
La gran cuestión, desde la óptica venezolana, es cuánto control real conservará el país sobre su principal recurso. Si todas las exportaciones pasan por el filtro del Great Energy Deal y la mayoría de las inversiones las aportan gigantes extranjeros, el margen del Estado para fijar condiciones, impuestos o prioridades de gasto se reduce de forma notable.
Economistas consultados subrayan que, sin instituciones sólidas y mecanismos transparentes de gestión, la entrada de decenas de miles de millones de dólares puede terminar reproduciendo viejos patrones de captura de renta por élites locales e intereses externos. El riesgo es que Venezuela pase de ser un exportador rebelde y sancionado a convertirse en un proveedor tutelado, con beneficios concentrados en pocos actores.
En paralelo, la sociedad venezolana apenas ha tenido voz en el rediseño del modelo. La prioridad inmediata —rebajar la inflación, estabilizar el tipo de cambio, recuperar servicios básicos— dependerá de hasta qué punto los ingresos del nuevo ciclo petrolero se traduzcan en políticas públicas y no solo en balances empresariales.
Impacto global y rivalidad energética en el hemisferio
Si el plan se materializa, la vuelta a gran escala del crudo venezolano podría añadir entre 500.000 y 1.000.000 de barriles diarios a la oferta mundial en los próximos años. Para el mercado, esto actuaría como factor estabilizador en un contexto de transición energética incompleta, con la demanda todavía creciendo en economías emergentes y con otras zonas productoras sujetas a conflictos.
Para Rusia, Irán y otros exportadores bajo sanciones, la operación supone un competidor adicional y un reordenamiento de la influencia estadounidense en el mercado físico. Para China, que durante años financió proyectos petroleros en Venezuela, el giro implica una pérdida tangible de influencia sobre un proveedor que ahora se reancla al bloque occidental.
En conjunto, la serie de anuncios —los 30 millones de barriles en tránsito, los 100.000 millones de inversión, el control de cargueros y la presencia simultánea de ejecutivos como Josu Jon Imaz en la Casa Blanca— marca el inicio de una nueva fase: Venezuela regresa al centro del mapa energético, pero lo hace bajo un esquema en el que la palanca económica y política se acciona cada vez más desde Washington.
