Más Navidad: Trump busca ampliar la Navidad con nuevos festivos federales

En un movimiento tan simbólico como políticamente cargado, Donald Trump sopesa firmar una orden ejecutiva para ampliar el calendario de festivos federales en Estados Unidos e incorporar Nochebuena y el 26 de diciembre como días no laborables para los empleados públicos. La exclusiva de Axios ha hecho saltar las alarmas en Washington y en Wall Street: no se trata solo de “un par de días más de fiesta”, sino de un gesto que desafía la tradición según la cual es el Congreso quien aprueba los festivos federales.
La propuesta llega, además, en un contexto de recortes presupuestarios y despidos en la Administración, lo que añade una capa de contradicción: más tiempo libre, pero con menos plantilla y más presión sobre los que se quedan.
En la práctica, el cambio convertiría la semana de Navidad en un mini cierre administrativo de casi siete días, con efectos potenciales en la cadena de suministro, la tramitación pública y los mercados financieros.
La pregunta que se impone es clara: ¿gesto social o maniobra política con factura diferida?

Una propuesta festiva con carga política

La filtración de Axios detalla la existencia de un borrador de orden ejecutiva ya en manos del presidente. El texto convertiría en festivos federales la Nochebuena (24 de diciembre) y el 26 de diciembre, de modo que los empleados públicos disfrutarían, de facto, de una semana navideña casi completa, sumando el fin de semana y el 25, ya reconocido como festivo nacional.

Sobre el papel, el argumento de la Casa Blanca es social: ofrecer un “respiro” a los trabajadores federales tras un año de ajustes y tensiones presupuestarias. En la práctica, la medida tiene un innegable peso político. Trump envía un mensaje directo a una base electoral cansada y a unos sindicatos del sector público que reclaman gestos visibles tras años de contención salarial.

No es casual que la propuesta se formule en clave emocional, apelando a la familia y al descanso: “más tiempo con los suyos en las fiestas”. La imagen de un presidente que “devuelve” días a la gente contrasta con la letra pequeña de los recortes. Y, al mismo tiempo, fuerza al resto del sistema político —Congreso, gobernadores, sector privado— a posicionarse sobre una medida que, a primera vista, pocos se atreverán a criticar sin matices.

Más vacaciones en plena era de recortes

El contexto presupuestario convierte la propuesta en una paradoja evidente. Mientras ministerios y agencias aplican recortes de entre el 3% y el 7% en sus partidas de personal, la Casa Blanca explora la posibilidad de otorgar dos días retribuidos adicionales a cerca de 2,2 millones de empleados federales, sin contar contratistas.

En términos estrictamente contables, el coste directo de esos días extra podría situarse en el entorno de los 2.000 a 3.000 millones de dólares anuales en salarios y horas extraordinarias para servicios esenciales que no pueden cerrar (seguridad, control aéreo, prisiones, emergencias). A ello se añadiría el coste de reprogramar trámites, retrasar plazos administrativos y concentrar trabajo en semanas previas y posteriores.

Sin embargo, los defensores de la medida esgrimen un argumento diferente: mayor descanso, menor rotación y mejor clima laboral. En un momento en que la Administración compite con el sector privado por atraer perfiles cualificados, ofrecer un paquete de tiempo libre más generoso puede convertirse en una herramienta de retención, sobre todo para personal técnico con alternativas en el mercado.

La contradicción permanece: se recorta por un lado, se regala por otro. La pregunta es si el gesto compensa el ruido que genera en un momento de ajuste fiscal y si las cifras cuadran más allá del titular.

La frontera legal: ¿hasta dónde llega el decreto presidencial?

La medida no solo abre un debate económico, sino también constitucional. Tradicionalmente, la creación de nuevos festivos federales ha pasado por el Congreso, que legisla y el presidente simplemente firma. La idea de hacerlo por orden ejecutiva estira al máximo las prerrogativas del Ejecutivo: no se modifica la ley, pero se fija por decreto que determinados días no se trabajará en la Administración federal.

Los juristas apuntan a un matiz clave: un presidente sí puede declarar días festivos puntuales, por ejemplo ante eventos excepcionales, cierres anticipados o emergencias. Lo discutible es convertir esa práctica en permanente y estructural, fijando por vía reglamentaria lo que la tradición reserva a la ley.

Los críticos hablan de “precedente peligroso”: si hoy se añaden dos días por Navidad, ¿qué impide que mañana se amplíe el calendario con nuevas fechas simbólicas ligadas al relato político del presidente de turno? “Si abrimos esa puerta, el calendario federal se convertirá en un campo de batalla ideológico”, advierten algunos congresistas.

La Casa Blanca, por su parte, defiende que solo está usando su capacidad de organización interna del trabajo federal. Pero el pulso con el Legislativo está servido, y no solo por dos días: en realidad, se discute quién marca los límites del Estado del bienestar laboral en Estados Unidos.

Impacto económico: productividad, consumo y mercados en guardia

La reacción económica ante la propuesta es ambivalente. Por un lado, más días libres significan menos horas trabajadas en la Administración en una semana clave para contabilidad, logística y cierre de operaciones anuales. En un año ya marcado por crecimientos del PIB por debajo del 2% y tensiones inflacionistas, algunos analistas ven la medida como un lujo difícil de justificar.

Por otro lado, existe el argumento del impulso al consumo. Un tramo adicional de vacaciones en la campaña navideña puede traducirse en miles de millones de dólares en gasto extra en comercio, viajes y ocio, un estímulo que muchos sectores agradecerían tras trimestres de márgenes ajustados. En ese sentido, la medida actúa como un pequeño “cheque en tiempo” que empuja a la gente a gastar.

Los mercados financieros, atentos a cualquier cambio en el calendario operativo, analizan otro ángulo: si los festivos federales acaban afectando al calendario de negociación, liquidación y pagos, es probable que bancos y bolsas ajusten sus propios horarios. Cada día no laborable adicional puede concentrar mayor volatilidad en las sesiones previas y posteriores, especialmente en un entorno de tipos altos y elevada deuda corporativa.

En suma, la ampliación de festivos es un gesto social con consecuencias macro no triviales, que van del mostrador del comercio local a la microestructura de los mercados globales.

La presión silenciosa sobre el sector privado

Más allá del perímetro del sector público, la pregunta clave recae sobre las empresas: ¿seguirán el movimiento o lo ignorarán? En muchos estados, especialmente en la costa Este y el medio Oeste, grandes corporaciones ya conceden medio día o jornada completa el 24 de diciembre y políticas flexibles el 26. Convertir esos días en festivos federales equivaldrá, de facto, a subir el listón.

Las compañías que compiten directamente por talento cualificado con la Administración —consultoras, tecnológicas, firmas legales y financieras— se verán tentadas a igualar o mejorar las condiciones para no perder atractivo. Otras, con márgenes más estrechos y cadenas de producción continuas, resistirán, conscientes de que cada día adicional no trabajado se refleja de forma inmediata en su cuenta de resultados.

En las pymes, la tensión será aún mayor. Muchas ya operan con personal reducido y no pueden permitirse cerrar tres o cuatro días seguidos en plena campaña navideña sin afectar a su caja. Pero si el discurso público fija la idea de que “todo el país” disfruta de la semana completa, la presión social sobre los pequeños empleadores aumentará inevitablemente.

El riesgo es que se consolide una brecha laboral más visible: una élite de trabajadores —funcionarios y empleados de grandes corporaciones— con festivos ampliados y un tejido de pequeñas empresas y autónomos que sostienen la actividad mientras otros desconectan.

Trump, el Congreso y el pulso institucional que viene

La iniciativa se inscribe en un momento de relación tensa entre el Ejecutivo y el Legislativo. Tras varias batallas por presupuestos, techos de gasto y nombramientos, la ampliación de festivos puede convertirse en un nuevo frente, aparentemente menor pero muy simbólico.

Para Trump, la orden ejecutiva tiene un claro rédito político: proyecta la imagen de un presidente que “devuelve algo” a la gente sin esperar al Congreso, al que su base ve a menudo como una máquina de bloqueo. Para buena parte de los legisladores, en cambio, el gesto es una invasión de competencias y un intento de capitalizar electoralmente decisiones con impacto presupuestario que ellos deberán justificar en sus distritos.

No es descartable que el Congreso responda con resoluciones de desaprobación, intentos de acotar por ley la capacidad presidencial para fijar festivos o incluso recursos ante los tribunales si considera que la orden sobrepasa lo razonable. En última instancia, el debate sobre dos días de vacaciones extra puede terminar convertido en un caso más del largo expediente sobre hasta dónde puede estirar la Casa Blanca sus poderes ejecutivos.

¿Gesto populista o ensayo de algo mayor?

El fondo del debate va más allá del calendario. La propuesta revela la tensión entre medidas de alto impacto simbólico y reformas de fondo. Con un trazo de bolígrafo, la Casa Blanca puede regalar dos días de descanso a millones de personas, acaparar titulares positivos y abrir un frente más con el Congreso. Reformar de verdad la estructura salarial del sector público, el sistema de permisos o la negociación colectiva es un proceso lento, costoso y políticamente arriesgado.

La ampliación de festivos puede interpretarse como un gesto populista de corto plazo, diseñado para generar simpatías inmediatas sin abordar los dilemas de productividad, carga de trabajo y calidad del servicio público. Pero también puede verse como un ensayo de algo más profundo: la idea de que el Ejecutivo puede redefinir, por decreto, elementos centrales de la vida laboral sin pasar por el filtro completo del Legislativo.

El diagnóstico es inequívoco: si la orden se firma y se mantiene, se abrirá un precedente que futuros presidentes —de cualquier signo— podrán invocar para modificar por vía ejecutiva el equilibrio entre trabajo y descanso. El debate sobre si Estados Unidos puede “permitirse” dos días más de vacaciones será, en realidad, una discusión sobre quién decide las reglas del juego social en la primera economía del mundo.