Wall Street: Trump congela dividendos y sueldos en la gran defensa

En un giro que ha sacudido a Wall Street y al Pentágono por igual, Donald Trump ha lanzado una ofensiva directa contra las grandes empresas de defensa estadounidenses desde su altavoz en Truth Social.
El expresidente acusa a las contratistas de “enriquecer a sus ejecutivos y accionistas” mientras son incapaces de entregar a tiempo el armamento que exigen Washington y sus aliados.

Su receta es tan simple como disruptiva: suspender dividendos y recompras de acciones, imponer un tope salarial de 5 millones de dólares a los primeros ejecutivos y obligar a reinvertir beneficios en fábricas y tecnología.
Las compañías afectadas, muchas de ellas con capitalizaciones que superan los 50.000 millones de dólares y márgenes operativos por encima del 10%, ven amenazado el corazón de su propuesta a los inversores.
 

Un ataque frontal al complejo militar-industrial

El mensaje de Trump apunta al núcleo del complejo militar-industrial que desde hace décadas vertebra el poder duro de Estados Unidos. No se trata de ajustes marginales, sino de cuestionar el pacto tácito según el cual el Pentágono garantiza contratos a largo plazo y las empresas, a cambio, mantienen una base industrial robusta… mientras retribuyen generosamente al mercado.

Según el relato del expresidente, ese equilibrio se ha roto. Los plazos de entrega se han estirado hasta los 24–36 meses en ciertos programas de misiles, munición guiada o sistemas antiaéreos, justo cuando la demanda se dispara por la guerra en Ucrania, las tensiones en Oriente Medio y la presión para rearmar a la OTAN. En paralelo, las grandes contratistas han destinado en la última década decenas de miles de millones de dólares a recompras de acciones que han impulsado sus cotizaciones, incluso en años de retrasos y sobrecostes.

Este hecho revela, a ojos de Trump, una desconexión peligrosa: el accionista cobra, el CEO se dispara en remuneración y el soldado espera material que no llega. Al situar el foco en esa contradicción, el expresidente no solo interpela al mercado, sino que explota una sensibilidad social creciente contra los excesos corporativos en sectores estratégicos.

Dividendos congelados y recompras en pausa

La medida estrella es contundente: suspensión temporal de dividendos y programas de recompra de acciones para los grandes contratistas que no cumplan las metas de producción establecidas por el Pentágono. En la práctica, supone cortar la principal vía de retribución al accionista en un sector donde, en algunos casos, el payout supera el 60% del beneficio neto y las recompras han reducido el número de acciones en circulación hasta un 20% en diez años.

Trump vincula explícitamente la vuelta a la normalidad a un único criterio: incrementar la producción y acortar drásticamente los plazos de entrega. Hasta entonces, ni un dólar extra para accionistas. Los beneficios, insiste, deben destinarse a reabrir líneas de fabricación, eliminar cuellos de botella, asegurar suministros críticos y ampliar turnos en las plantas existentes.

Para muchas compañías, acostumbradas a utilizar la recompra como herramienta para suavizar resultados y sostener la cotización, el mensaje es demoledor. La consecuencia es clara: si el flujo de caja ya no puede volcarse sobre el mercado, tendrá que hacerlo sobre hormigón, maquinaria y empleo. Y eso implica asumir más riesgo operativo y más inversión a largo plazo, precisamente en un entorno de tipos de interés todavía elevados.

Reindustrializar sin dinero público: la apuesta por el capital propio

Trump no se limita a exigir más fábricas; añade una condición que complica aún más la ecuación: las nuevas inversiones deben financiarse con recursos propios, sin recurrir a préstamos respaldados por el Estado ni a nuevos programas de subsidios. En otras palabras, menos apalancamiento y menos ayuda pública en un sector históricamente acostumbrado a contratos cost-plus y garantías federales.

La hoja de ruta que dibuja pasa por repatriar capacidades productivas hoy dispersas en cadenas globales vulnerables, levantar plantas “del siglo XXI” y blindar el suministro de componentes críticos, desde chips avanzados hasta explosivos especializados. Se trata de una agenda alineada con el discurso de “America First”, pero que choca de frente con un tejido industrial que lleva años externalizando procesos y dependiendo de proveedores extranjeros.

La tensión es evidente: ¿pueden las contratistas financiar, en un horizonte de cinco a siete años, un aumento de capacidad del 20–30% solo con la reinversión de beneficios y sin deteriorar su rating crediticio? La respuesta determinará si estamos ante un simple órdago político o ante el inicio de una reindustrialización forzada del sector defensa.

El nuevo corsé salarial para los CEOs

La otra gran novedad es el tope salarial de 5 millones de dólares anuales para los CEOs de las compañías señaladas, hasta que se alcancen los objetivos de entrega pactados. En un sector donde las remuneraciones totales —entre salario, bonus y acciones— superan con frecuencia los 20–25 millones de dólares anuales, el recorte no es simbólico: supone reducir en torno a un 75% el paquete retributivo de la cúpula.

Trump busca lanzar un mensaje doble. Hacia dentro, pretende alinear los incentivos del management con la producción real: nada de bonus récord mientras se acumulan retrasos en misiles, radares o aviones de combate. Hacia fuera, intenta neutralizar la percepción de que las grandes contratistas son “máquinas de pagar ejecutivos” más que garantes de la seguridad nacional.

Los defensores de la medida argumentan que no es razonable justificar sueldos de 30 millones mientras el Ejército depende de líneas de suministro frágiles. Sus críticos, en cambio, advierten de que un techo rígido puede desincentivar talento directivo, empujar a la fuga de ejecutivos hacia otros sectores y acabar introduciendo distorsiones —compensaciones diferidas, paquetes opacos— que eluden el espíritu de la norma.

Wall Street entre el castigo inmediato y la apuesta a largo plazo

En los parqués, la reacción inicial se ha traducido en caídas significativas en las grandes cotizadas de defensa, con sesiones de descensos superiores al 5–7% en algunas de ellas tras los primeros mensajes de Trump. Los analistas señalan tres fuentes de inquietud:

1. Menos visibilidad sobre la retribución al accionista en los próximos ejercicios.

2. Riesgo de sobreinversión si las compañías se ven obligadas a levantar plantas que quizás solo serán plenamente necesarias en un escenario de guerra prolongada.

3. Mayor volatilidad regulatoria, al comprobar que la política puede alterar de un plumazo la arquitectura financiera del sector.

Sin embargo, también emergen lecturas más matizadas. Una parte del mercado interpreta que, si la estrategia funciona, las empresas podrían salir reforzadas en 4–5 años: más capacidad instalada, contratos a largo plazo blindados y una posición dominante en un mundo que se rearma. La cuestión, una vez más, es quién soporta el coste del tránsito: ¿los accionistas actuales, la plantilla, los clientes internacionales… o todos a la vez?