Venezuela niega el “riesgo” y acusa a EE. UU. de fabricar una alerta: la batalla por el control del relato se recrudece
Caracas rechaza la advertencia de seguridad emitida por Washington y sostiene que se basa en “cuentas inexistentes” destinadas a crear una percepción de peligro. EE. UU., por su parte, pide a sus ciudadanos que abandonen el país “de inmediato” por reportes de milicias armadas (“colectivos”) levantando controles en carretera. En el trasfondo, la crisis política tras la operación estadounidense del 3 de enero convierte cualquier comunicado en un instrumento de presión.
Qué dice EE. UU.: “salgan de inmediato” y alerta por controles de milicias
La posición estadounidense se apoya en una alerta de seguridad y en un mensaje directo: los ciudadanos estadounidenses deben abandonar Venezuela “inmediatamente”. En su argumentación, Washington cita reportes sobre grupos armados progubernamentales —los llamados “colectivos”— que estarían instalando roadblocks y registrando vehículos para buscar indicios de ciudadanía estadounidense o apoyo a EE. UU. Además, la advertencia insiste en extremar la cautela en desplazamientos por carretera y en aprovechar la reanudación parcial de vuelos internacionales para salir del país.
El mensaje encaja con un patrón habitual en escenarios de inestabilidad: prioridad a la protección consular, reducción de exposición y reconocimiento implícito de que el margen de asistencia sobre el terreno puede ser limitado si el entorno se deteriora rápidamente.
Qué responde Caracas: “calma absoluta” y “riesgo inexistente”
La respuesta venezolana busca el efecto contrario: desactivar el “frame” de peligro y proyectar control. El canciller Yvan Gil Pinto afirma que la alerta estadounidense está basada en “cuentas inexistentes” destinadas a fabricar una percepción de riesgo “que no existe”. El comunicado insiste en una idea fuerza: “calma, paz y estabilidad”, con centros poblados, rutas y mecanismos de seguridad operando con normalidad y el monopolio de la fuerza bajo el Estado.
Es un guion clásico de “soberanía + orden interno”, especialmente cuando el gobierno percibe que una narrativa de caos puede facilitar presión internacional o justificar nuevas medidas externas.
Por qué ambos mensajes pueden convivir: seguridad real vs. gestión del relato
Aunque parezcan comunicados incompatibles, en la práctica pueden coexistir dos realidades: (1) un gobierno que necesita transmitir control para sostener legitimidad y evitar pánico; y (2) una potencia que eleva el nivel de alerta ante indicadores operativos —o incluso ante la mera posibilidad— de incidentes contra sus nacionales.
En este caso, el contexto importa: la advertencia llega una semana después de la operación estadounidense del 3 de enero que terminó con la captura de Nicolás Maduro (según versiones reportadas por medios internacionales) y con un aumento de la tensión interna. Venezuela, además, ha activado medidas de excepción y ordenado actuaciones contra presuntos colaboradores, lo que incrementa la percepción de riesgo para extranjeros y opositores.
Qué está en juego: rutas, control territorial y “colectivos”
La mención a los colectivos es central porque apunta a un problema operativo: actores armados no siempre integrados de manera transparente en una cadena de mando institucional, con capacidad para imponer controles puntuales. El propio Guardian recoge testimonios y observaciones en Caracas sobre presencia armada y aumento de controles, aunque la situación es volátil y difícil de verificar por completo en tiempo real.
Impacto inmediato: empresas, vuelos y percepción país
Cuando EE. UU. emite un “salgan ya”, el impacto trasciende a los ciudadanos: afecta a aseguradoras, protocolos de duty of care de multinacionales, decisiones de viaje corporativo, logística y, en última instancia, a la prima de riesgo del país. Si la conectividad aérea se reduce o se vuelve intermitente, el coste de evacuación y de continuidad operativa se dispara. En paralelo, Caracas intenta blindar la imagen de funcionamiento normal para contener fuga de capital humano y daño reputacional.
