Von der Leyen baraja activar defensa colectiva ante posible agresión a Groenlandia

Bruselas eleva el tono ante el creciente pulso geopolítico en el Ártico. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha deslizado que la Unión Europea podría recurrir al artículo 42.7 del Tratado de la UE si Estados Unidos avanzara hacia una acción militar contra Groenlandia, un territorio clave bajo soberanía danesa cuyo estatus jurídico complica cualquier respuesta automática.

El encaje legal y político de Groenlandia en la UE

Groenlandia ocupa una posición única dentro del entramado europeo. Aunque forma parte del Reino de Dinamarca, abandonó la entonces Comunidad Económica Europea en 1985 tras un referéndum, manteniendo desde entonces un estatus de territorio asociado. No es, por tanto, parte plena de la Unión Europea, pero su vínculo con un Estado miembro introduce una complejidad jurídica difícil de ignorar.

Este matiz es clave en el debate actual. La defensa colectiva prevista en los tratados europeos está diseñada para proteger a los Estados miembros ante una agresión armada. La pregunta que flota en Bruselas es incómoda pero inevitable: ¿hasta qué punto una agresión contra Groenlandia puede considerarse, de facto, una agresión contra Dinamarca?

Von der Leyen no ha ofrecido una respuesta cerrada, pero su mensaje apunta a una interpretación política amplia del compromiso europeo. La idea de fondo es clara: la UE no puede permitirse una grieta en su credibilidad estratégica justo en un momento en el que el valor geopolítico del Ártico se ha disparado.

Qué implica el artículo 42.7 y por qué está en el centro del debate

El artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea establece que, si un Estado miembro es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados tienen la obligación de prestarle ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance. Es la cláusula de defensa mutua de la UE, distinta —aunque complementaria— del artículo 5 de la OTAN.

Su activación es excepcional y políticamente sensible. Hasta ahora, solo Francia la invocó formalmente tras los atentados terroristas de 2015. Trasladar esa lógica a un escenario como Groenlandia abre un terreno jurídico inexplorado, pero también envía una señal inequívoca: Europa está dispuesta a explorar todos los instrumentos a su alcance para disuadir una escalada.

La mera mención del artículo ya cumple una función estratégica. Introduce incertidumbre en el cálculo de cualquier actor que contemple una acción unilateral y eleva el coste político de cualquier movimiento percibido como hostil.

Una señal dura en un equilibrio extremadamente frágil

El tono elegido por la presidenta de la Comisión combina firmeza y ambigüedad calculada. No se trata de anunciar una respuesta militar inmediata, sino de advertir que el respaldo a Dinamarca no sería simbólico. La referencia a “hechos y no solo palabras” apunta a un abanico de opciones que va desde medidas diplomáticas y económicas hasta una coordinación reforzada en materia de seguridad.

Este equilibrio refleja las tensiones internas dentro de la UE. Algunos Estados miembros apuestan por una línea dura para preservar la credibilidad europea, mientras otros temen una escalada que deteriore de forma irreversible la relación transatlántica. En ese contexto, Von der Leyen actúa como bisagra política, manteniendo abiertas todas las opciones sin cerrar ninguna puerta de forma prematura.

Bruselas amplía el foco y el debate se internacionaliza

Las declaraciones han activado un debate intenso entre juristas, estrategas y diplomáticos. Más allá del encaje legal, el trasfondo es profundamente político: permitir una presión militar sobre Groenlandia sin respuesta sentaría un precedente peligroso en un momento en el que las fronteras, los recursos y las rutas estratégicas vuelven a estar en disputa.

El asunto amenaza con convertirse en un nuevo punto de fricción estructural entre Estados Unidos y la Unión Europea, sumándose a desacuerdos previos en comercio, defensa y política exterior. También coloca a la OTAN en una posición delicada, obligada a navegar entre la cohesión interna y los intereses divergentes de sus miembros.

Mientras tanto, Groenlandia observa desde una posición incómoda. Su valor estratégico —por su ubicación, sus recursos naturales y su papel en la seguridad del Ártico— la ha situado en el centro de un tablero global en el que el margen de maniobra es limitado y los errores se pagan caros.

La advertencia lanzada desde Bruselas no resuelve el dilema, pero sí marca un punto de inflexión. Europa deja claro que el debate ya no es teórico y que, si la presión se transforma en amenaza real, la respuesta podría ir mucho más allá de la diplomacia. En un entorno geopolítico cada vez más volátil, esa señal pesa más de lo que parece.