Llenar el depósito o el deposito de la calefacción costará un 30 % más: Europa aprueba su nuevo impuesto al carbono
La transición verde europea podría salir cara, muy cara. En enero de 2027, la Unión Europea pondrá en marcha el nuevo Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE2), una medida que, en teoría, busca acelerar la descarbonización del continente. Sin embargo, el impacto sobre el bolsillo de los ciudadanos promete ser inmediato y profundo: el precio de la gasolina, el diésel e incluso la calefacción doméstica podría dispararse hasta niveles récord.
El mecanismo funcionará de forma similar al actual mercado de derechos de emisión, pero esta vez afectará directamente a los combustibles fósiles utilizados en el transporte y los hogares. En la práctica, las empresas distribuidoras deberán comprar derechos de emisión por cada tonelada de CO₂ generada, cuyo precio —determinado en subasta— podría rondar los 48 euros por tonelada, aunque algunos analistas prevén cifras mucho más altas, incluso por encima de 100 euros.
Traducido al lenguaje cotidiano: cada litro de gasolina podría encarecerse entre 25 y 45 céntimos, lo que supone varios euros adicionales cada vez que un conductor llena su depósito. En un contexto de inflación persistente y tipos de interés elevados, el impacto podría trasladarse rápidamente a la cadena logística y al precio final de los productos básicos.
Además, el impuesto llega acompañado de una nueva Ley de Movilidad Sostenible en España, que permitirá a los ayuntamientos imponer tasas adicionales a los coches con etiqueta B y C, incluso dentro de las zonas de bajas emisiones. Esto significa que un vehículo considerado “permitido” hoy podría enfrentarse mañana a nuevos recargos, en función de la política ambiental de cada ciudad.
En un entoro del llamado “bulo de retirar la etiqueta CERO en 2026 a algunos vehículos” ha generado confusión entre los conductores al difundirse la idea de que la DGT retirará de forma inmediata y retroactiva las etiquetas ambientales actuales. En realidad, la reforma prevista para 2026 no afectará a los coches que ya cuentan con la etiqueta CERO, sino que introducirá criterios más estrictos para los nuevos vehículos híbridos enchufables (PHEV). A partir de entonces, solo los coches 100% eléctricos y los PHEV con una autonomía mínima de 90 kilómetros en modo eléctrico (según el ciclo WLTP) podrán conservar la etiqueta CERO. Los híbridos enchufables con menor autonomía pasarán a la categoría ECO. El cambio, lejos de ser punitivo, busca incentivar la movilidad eléctrica total y ofrecer una clasificación más fiel al impacto ambiental real de cada vehículo.
La medida tiene un trasfondo positivo: Europa quiere reducir sus emisiones de CO₂ un 62 % para 2030 respecto a los niveles de 2005. Pero la realidad social plantea interrogantes. En países donde los salarios crecen más despacio que los precios, el coste ecológico podría transformarse en un coste social.
Los expertos en economía advierten de que el impuesto podría aumentar la brecha entre países del norte y del sur de Europa. En regiones donde el coche privado sigue siendo esencial, el nuevo "modelo verde” podría agravar la desigualdad territorial y penalizar especialmente a las familias con menor capacidad adquisitiva.
Por ahora, Bruselas defiende que los ingresos recaudados "se destinarán" al Fondo Social para el Clima, una herramienta que pretende compensar a los hogares más vulnerables. Sin embargo, la experiencia con otros fondos europeos hace que muchos duden de su alcance real.
En definitiva, la transición energética parece inevitable, pero la factura también lo será. A partir de 2027, cada litro de combustible será más caro, cada envío más costoso y cada hogar más consciente del precio de la sostenibilidad.
