"EEUU podría extraditar a Zapatero. Trump puede usar la baza de que ha afectado a su país". Hellman

La investigación de la Audiencia Nacional sobre el rescate de Plus Ultra ya no cabe en un sumario doméstico. El magistrado José Luis Calama ha enviado una comisión rogatoria a Estados Unidos para recabar información sobre investigados y movimientos en el extranjero, dentro de una pieza separada bajo secreto.
En paralelo, el juez ha citado a declarar como investigado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero el 2 de junio, al que sitúa como presunto vértice de una estructura de tráfico de influencias.
El asunto gira alrededor de una ayuda pública de 53 millones de euros concedida en 2021.
Y, por primera vez, la pregunta deja de ser solo penal: también es geopolítica.

La entrada de Estados Unidos no es una hipótesis: ya está en el expediente. Calama reclama información a Washington para seguir el rastro exterior de la causa y, de paso, confirmar si existen cuentas, sociedades o clientes con huella estadounidense. En el auto, el juez llega a mencionar la colaboración del Homeland Security Investigations (HSI) con la Policía española tras el análisis de un móvil incautado a un empresario investigado.

Esto cambia el marco. Cuando un juez español pide auxilio a EE UU, no solo está recabando datos: está reconociendo un posible nexo jurisdiccional. El propio sumario menciona conexiones con Miami y operaciones que apuntan a estructuras societarias con tentáculos fuera de España. La Audiencia Nacional, además, ha abierto líneas paralelas de investigación que permanecen bajo secreto y que, según fuentes citadas por Cadena SER, incluyen el bloqueo de 490.780 euros en cuentas bancarias vinculadas al expresidente.

La consecuencia es clara: el caso deja de ser “un rescate discutido” para convertirse en una investigación con proyección internacional y potencial efecto dominó.

La UDEF y el material incautado: el detalle que define el proceso

En macro, todo suena abstracto. En el trabajo policial, todo es concreto: agendas, teléfonos, documentación y trazas digitales. En el registro del despacho del expresidente, la UDEF intervino material informático, libretas y el teléfono de su secretaria, además de localizar una caja fuerte. Son piezas que importan por una razón: construyen cronologías, conectan reuniones con transferencias y permiten validar —o desmontar— relatos.

Cadena SER sostiene que la UDEF coteja anotaciones personales para encajar fechas y encuentros, incluso con referencias a una comisión del 1% ligada a la ayuda pública. El País, por su parte, detalla que el instructor atribuye relevancia a una sociedad descrita como “carente de actividad real” cuyo rastro financiero incluye flujos superiores a 2,66 millones entre 2020 y 2025.

En este tipo de causas, el giro suele producirse cuando la documentación deja de ser ruido y pasa a ser prueba: fechas, mensajes y dinero alineados en una misma secuencia.

Extradición: el tratado permite, pero no obliga

¿Puede Estados Unidos pedir la extradición de un expresidente español? En abstracto, sí; en la práctica, es un camino estrecho. El tratado bilateral (29 de mayo de 1970) establece que ninguna parte está obligada a entregar a sus propios nacionales, aunque ambas autoridades conservan la facultad de hacerlo si lo consideran oportuno.

Además, el texto abre la puerta a extradiciones por delitos cometidos fuera del territorio del país requirente si el Estado requerido también castiga conductas equivalentes “en circunstancias similares”. Dicho de otro modo: el derecho internacional no cierra la puerta, pero exige encaje técnico y, sobre todo, interés estatal.

Por eso, el debate real no es si Washington “puede” pedir, sino si puede justificar un nexo estadounidense: dinero que pase por su sistema financiero, víctimas o intereses en su territorio, sociedades con base allí o delitos típicos bajo su legislación. Sin esa conexión, una petición de extradición sería más política que jurídica, y por tanto más vulnerable.

Jurisdicción extraterritorial: el arma jurídica de Washington

Estados Unidos tiene tradición —y herramientas— para perseguir conductas transnacionales si existe un vínculo suficiente con su comercio, su sistema financiero o sus mercados. La doctrina de “conducta y efectos” reaparece una y otra vez en litigios y enforcement, y la regulación posterior a Dodd-Frank refuerza la idea de perseguir violaciones con pasos significativos en EE UU o con efectos sustanciales previsibles en su territorio.

Esto no significa que el DOJ vaya a entrar automáticamente. Significa que Washington dispone de palancas si detecta un anclaje: bancos corresponsales, transferencias en dólares, estructuras societarias con presencia allí o clientes estadounidenses. El País apunta, por ejemplo, a pagos por 649.552 euros realizados por una firma con sucursal en Estados Unidos y a clientes radicados allí en el entorno de sociedades investigadas.

“Una estructura estable y jerarquizada… para la obtención de beneficios económicos mediante influencias”, recoge el auto del juez sobre el núcleo del caso. Si esa estructura tocó suelo estadounidense, la discusión dejaría de ser académica.

El coste político en España y el cálculo exterior

La internacionalización del caso tiene una derivada inmediata: eleva el coste político interno. Un procedimiento en la Audiencia Nacional ya tensiona por sí solo; si entra Estados Unidos —aunque sea solo como cooperante— el asunto se convierte en tema de Estado. La oposición lo usará como ariete. El Gobierno intentará aislarlo como expediente judicial. Y el PSOE sufrirá el desgaste de la imagen, incluso antes de cualquier resolución.

En paralelo, la geopolítica no se mueve por códigos penales, sino por intereses. Washington coopera porque le conviene conocer redes financieras, rutas de capital y conexiones con América Latina, especialmente cuando el expediente menciona vínculos con Venezuela y estructuras fuera de España. Ese hecho revela la incomodidad de fondo: un proceso judicial puede transformarse en palanca diplomática si aparecen piezas sensibles (sanciones, energía, finanzas, influencia regional).

En ese tablero, España corre un riesgo clásico: que el caso deje de ser solo justicia y pase a ser también palanca de presión.

El camino más probable, a corto plazo, es menos cinematográfico que el debate sobre extradición: cooperación judicial, intercambio de información, comisiones rogatorias y trazabilidad bancaria. La propia Audiencia ya ha abierto piezas bajo secreto para profundizar en la red exterior de los investigados. Eso implica meses de análisis documental y pericial, y decisiones procesales que irán marcando el perímetro del caso.

El salto a una jurisdicción estadounidense exigiría un hallazgo determinante: que parte de los hechos investigados se materializara en su territorio o lesionara intereses protegidos por su legislación. Si no aparece ese nexo, EE UU seguirá como colaborador; si aparece, la presión aumentará y el tablero se volverá más imprevisible.

Mientras tanto, la pregunta que importa en Madrid no es si Washington “se lo llevará”, sino otra más corrosiva: cuánto daño político puede hacer un expediente que ya ha cruzado el Atlántico antes siquiera de llegar a juicio.