Rusia declara casus belli ante posible confiscación de activos por Europa

La tensión entre Rusia y la Unión Europea ha entrado en una fase cualitativamente distinta. Ya no se trata sólo de sanciones, restricciones comerciales o guerra de narrativas. La posible confiscación de activos rusos congelados en territorio europeo —que el Kremlin ha definido explícitamente como casus belli, una causa justa para una agresión— abre la puerta a un escenario inédito: el de la confrontación financiera como antesala de un choque geopolítico más amplio.

Durante un panel de expertos, Cristian López, Director de Estudios Geopolíticos, resumió el punto de inflexión con una frase que marca el tono del debate: la apropiación de recursos de una potencia nuclear “revoluciona y desestabiliza el sistema financiero internacional”. Ya no hablamos de simple presión económica, sino de un posible cambio estructural en las reglas no escritas que sostenían la confianza en los mercados globales.

En este marco, la confiscación de activos deja de ser una medida puntual de castigo para convertirse en una señal al resto de potencias: si el principio de inmunidad soberana se relativiza por motivos políticos, ningún Estado puede sentirse del todo seguro en el sistema financiero europeo. Esa es, precisamente, la dimensión estratégica que convierte el movimiento en algo mucho mayor que una sanción más.

Del congelamiento a la confiscación: la línea que no se debía cruzar

Hasta ahora, la estrategia europea se basaba en congelar activos rusos —fundamentalmente reservas del banco central y bienes de entidades vinculadas al Kremlin— como forma de presión económica tras la invasión de Ucrania. Pero el salto cualitativo llega cuando se plantea ya no retener, sino utilizar o directamente expropiar esos fondos para financiar la reconstrucción ucraniana o compensar daños de guerra.

Olga Caballero, experta en Asuntos Públicos, enfatiza que ahí se abre un frente jurídico de enorme calado. Rusia tendría, en su opinión, un camino sólido para ganar demandas internacionales por violación de soberanía económica. Es decir, no se trataría sólo de una disputa política, sino de un choque directo con principios que, hasta ahora, habían dado estabilidad al sistema financiero global.

El riesgo no se queda en el plano diplomático. Si tribunales internacionales u órganos de arbitraje acabaran fallando a favor de Rusia, las indemnizaciones podrían terminar pagándose con recursos públicos de los Estados miembros. En la práctica, esto significaría un coste económico directo para los ciudadanos europeos, especialmente si el núcleo de estas operaciones se concentra en jurisdicciones como Bélgica, donde se encuentran buena parte de esos activos congelados.

Las advertencias del BCE y el riesgo para la credibilidad del euro

Resulta especialmente llamativo que, según subrayan los expertos, el Banco Central Europeo habría expresado reservas técnicas y legales respecto a la confiscación de activos rusos, alertando sobre su impacto potencial en la estabilidad financiera y en la reputación del euro como moneda de reserva. Dichas advertencias, sin embargo, parecen haber sido relegadas a un segundo plano en la agenda política comunitaria.

Aquí se abre una cuestión de fondo: ¿es consciente la UE del daño reputacional que puede sufrir si se percibe que los activos depositados bajo su jurisdicción pueden ser expropiados por razones políticas? La confianza en una divisa se construye, entre otras cosas, sobre la seguridad jurídica y la previsibilidad de sus instituciones. Introducir la idea de que los activos soberanos pueden dejar de ser intocables en función del contexto geopolítico puede empujar a otros países a diversificar más agresivamente fuera de Europa.

Para López, estamos ante un punto de inflexión: la expropiación de activos de una potencia nuclear no sólo alimenta el discurso de Moscú, sino que envía una señal inquietante a otras economías emergentes que, hasta ahora, mantenían parte de sus reservas en instituciones europeas. Esa erosión silenciosa de confianza podría tardar años en materializarse, pero cuando lo hiciera, el coste sería estructural.

Una agresión financiera en un tablero geopolítico saturado

El panel subraya que la escalada no se entiende de forma aislada, sino como una pieza más del gran tablero que se abrió con la guerra de Ucrania. La percepción inicial en Bruselas y otras capitales europeas era que la congelación y eventual uso de activos rusos sería una palanca negociadora más dentro de un conflicto prolongado. Sin embargo, la reacción de Moscú, elevando el listón hasta calificar la medida como casus belli, ha cambiado por completo el cálculo de riesgos.

Carlos Paz, especialista en Oriente Medio, introduce una clave conceptual importante: “No es un conflicto armado en el sentido tradicional, pero la agresión financiera con estas dimensiones plantea una nueva forma de confrontación internacional que ya cruzó un umbral peligroso”. En otras palabras, el campo de batalla se ha desplazado hacia el sistema financiero, pero la lógica de fondo —presión, respuesta y escalada— sigue siendo la misma que en un conflicto militar.

Esto obliga a replantearse la estrategia europea. Si el objetivo declarado es debilitar la capacidad financiera de Rusia sin desestabilizar el sistema global, la confiscación de activos puede estar logrando justo lo contrario: convierte a la UE en actor de riesgo para la arquitectura financiera y ofrece a Moscú un argumento potente para ampliar su narrativa de victimización ante terceros países.

El impacto para el ciudadano europeo: de la macro a la vida cotidiana

Más allá de la gran geopolítica, el panel insiste en que esta crisis tendrá derivadas muy concretas para el ciudadano europeo. Caballero advierte de que un eventual fracaso judicial de la UE frente a Rusia podría implicar indemnizaciones multimillonarias, que habría que cubrir con recursos públicos o con nuevas emisiones de deuda. Eso se traduciría, directa o indirectamente, en mayor presión fiscal, recortes de gasto o tensión adicional sobre los mercados de bonos soberanos.

Además, la percepción de inseguridad jurídica puede encarecer la financiación de gobiernos y empresas, especialmente si los inversores internacionales empiezan a exigir una prima de riesgo mayor por operar en un entorno donde las reglas del juego parecen menos estables. El coste final podría verse reflejado en el crédito, en la inversión productiva, en el empleo y, en última instancia, en el poder adquisitivo de los hogares.

Por si fuera poco, hay una dimensión intangible pero clave: la confianza. En un contexto ya marcado por la inflación, la crisis energética reciente y el desgaste político interno, añadir la sensación de que la UE podría verse derrotada en tribunales internacionales frente a Rusia sería un golpe adicional al relato de fortaleza institucional que tanto se ha tratado de construir. La crisis, por tanto, no es sólo geopolítica o económica, también emocional y política.

¿Hacia una ruptura de largo recorrido entre Rusia y Europa?

La pregunta de fondo es si la confiscación de activos rusos supone el punto de no retorno en la relación entre Moscú y las capitales europeas. Si la medida se consuma, es difícil imaginar un escenario de normalización en el corto o medio plazo. Rusia podría responder con represalias simétricas o asimétricas: desde la expropiación de activos europeos en su territorio hasta nuevas formas de presión híbrida en energía, ciberseguridad o desinformación.

Al mismo tiempo, la UE se vería obligada a sostener políticamente una decisión que la expone a un largo ciclo de litigios, tensiones financieras y cuestionamientos sobre su respeto al derecho internacional. La dialéctica entre “castigo ejemplar” a una potencia agresora y “respeto a la soberanía económica” se convierte, así, en una línea divisoria que no sólo separa bloques geopolíticos, sino visiones del propio orden internacional.

En este escenario, el panel de expertos de Negocios TV pone el foco en una idea clave: la escalada por el uso de activos congelados no es un episodio aislado, sino un síntoma de una reconfiguración profunda del sistema internacional, donde las finanzas, el derecho y la seguridad se entrelazan como nunca antes. Lo que hoy se decide en los despachos de Bruselas, Berlín o Bruselas no sólo marcará la relación con Rusia, sino también el grado de confianza que el resto del mundo está dispuesto a depositar en Europa como garante de estabilidad y seguridad jurídica.

La UE se enfrenta, en definitiva, a una elección de alto riesgo: demostrar firmeza frente a Moscú a costa de tensionar un sistema financiero global ya frágil, o recalibrar su estrategia para evitar que un casus belli financiero acabe transformándose en una ruptura sistémica cuyas consecuencias paguen, como casi siempre, los ciudadanos de a pie.