España convoca al embajador israelí por la detención de activistas en misión hacia Gaza

España ha dado un paso firme en su política exterior al convocar al encargado de negocios de Israel en Madrid, Dana Erlich, para que responda por lo sucedido con la flotilla humanitaria que navegaba rumbo a Gaza. Según declaraciones del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, el objetivo del Gobierno es “que se respete la integridad física y los derechos de los ciudadanos españoles” que formaban parte de la misión. 

De acuerdo con las informaciones disponibles, unos 65 españoles viajaban en la flotilla, aunque el número exacto de quienes permanecen detenidos aún no ha sido confirmado. Los organizadores de la iniciativa han denunciado que la operación israelí se llevó a cabo en aguas internacionales y sin previo aviso, desmontando —en su opinión— cualquier justificación de seguridad.

Desde el Gobierno español han sido claros: los activistas no representaban amenaza alguna. “Su única prioridad era humanitaria y de solidaridad”, dijo Albares, al tiempo que instó a Israel a liberarlos rápidamente y permitir su retorno seguro. Por su parte, las autoridades israelíes sostienen que los detenidos fueron trasladados “de manera segura y pacífica” y que se encuentran en buen estado de salud. 

El papel español en la flotilla y las limitaciones navales

España no se limitó al discurso diplomático. El buque español “Furor”, perteneciente a la Armada, fue desplegado como escolta no agresiva para la flotilla. No obstante, su actuación está estrictamente limitada: sólo podrá intervenir en casos de rescate o emergencia, y no puede penetrar en aguas bajo control israelí ni en la zona de exclusión declarada. 

Fuentes de Defensa han confirmado que la instrucción clave para el “Furor” es “ver sin ser vistos”, evitando confrontaciones que puedan escalar el conflicto. Además, se le ha advertido a la flotilla que no incurra en maniobras que pongan en riesgo su seguridad ni el cumplimiento del Derecho Internacional. 

Especialistas y medios internacionales señalan que la intervención israelí, que habría desviado barcos hacia el puerto de Ashdod para inspección, plantea serios dilemas jurídicos: si la interceptación se realiza en alta mar, su legitimidad puede ser impugnada bajo tratados marítimos internacionales. 

Reacciones internacionales y clima político

La acción española ha sido acompañada por críticas similares de países europeos. Italia y Grecia han urgido a Israel a garantizar la seguridad de los activistas y permitir su retorno. Francia, Bélgica y otros gobiernos han expresado preocupación por el destino de los detenidos y la necesidad de respetar el derecho consular. Para los organizadores de la flotilla, entregar la carga humanitaria a intermediarios (por ejemplo, a la Iglesia) no es una opción aceptable, pues rompería el propósito de desafío al bloqueo marítimo. 

En el ámbito interno español, la convocatoria diplomática refuerza la línea del Gobierno de ejercer presión moderada, evitando una escalada beligerante. El presidente Pedro Sánchez ha subrayado que la flotilla “no representa una amenaza” y ha apelado a la contención de la respuesta israelí. Mientras tanto, la oposición parlamentaria y sectores de la sociedad civil vigilan con atención cualquier paso adicional en la política exterior hacia Oriente Medio.

Perspectivas y riesgos latentes

Este episodio abre un capítulo difícil para las relaciones bilaterales entre España e Israel, en un momento en que la guerra en Gaza acumula condenas en foros internacionales. La convocatoria diplomática podría preceder sanciones simbólicas o medidas adicionales de presión en instituciones europeas.

De igual forma, la seguridad de los ciudadanos españoles retenidos sigue siendo una prioridad urgente: cualquier retraso en su localización o retorno podría generar un conflicto diplomático de mayor calado. En este clima, el Gobierno deberá calibrar con cuidado cada movimiento, manteniendo un equilibrio entre la firmeza humanitaria y la prudencia diplomática.