España rompe con Israel: el Congreso aprueba un embargo total de armas y acusa al Gobierno de Netanyahu de “ataque indiscriminado”
España se convierte en el primer país de la Unión Europea en imponer un embargo total de armas a Israel. El Congreso de los Diputados aprobó este miércoles, por 178 votos a favor y 169 en contra, el decreto presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez que prohíbe cualquier exportación, importación o tránsito de productos militares con destino o procedencia israelí. La medida incluye también restricciones publicitarias y comerciales para bienes provenientes de los asentamientos considerados ilegales en Gaza y Cisjordania.
El Parlamento español ha dado luz verde al decreto que formaliza un embargo total de armas a Israel, una medida anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado septiembre y que ahora adquiere rango legal. La votación, ajustada —178 votos a favor frente a 169 en contra—, pone a España en el foco internacional como el primer Estado miembro de la Unión Europea en adoptar una postura de este calibre frente a la guerra en Gaza.
El decreto prohíbe de manera inmediata toda exportación o importación de equipos, productos o tecnología de defensa hacia o desde Israel. Además, veta el tránsito por territorio español de cualquier material susceptible de uso militar, lo que incluye el combustible o componentes de armamento, y restringe el acceso a puertos y aeropuertos españoles de buques o aeronaves que los transporten.
La normativa también introduce una medida inédita en el ámbito europeo: la prohibición de publicitar o comercializar productos “procedentes de colonias ilegales en Gaza y Cisjordania”. El texto considera que la respuesta de Israel a los ataques de Hamás “ha terminado convirtiéndose en un ataque indiscriminado contra la población palestina que la mayoría de expertos ha calificado como genocidio”.
Desde el Ejecutivo, Pedro Sánchez defendió la decisión como “un paso necesario para salvaguardar el derecho internacional humanitario” y reiteró que “España no puede ser cómplice, ni directa ni indirectamente, de una ofensiva que vulnera los derechos humanos”. La ministra de Defensa, Margarita Robles, subrayó que la medida no es un gesto político, sino “una obligación moral y legal ante la magnitud de las violaciones documentadas en Gaza”.
Las reacciones internacionales no se hicieron esperar. El Gobierno israelí calificó la decisión de “acto hostil sin fundamento” y llamó a consultas a su embajadora en Madrid. Desde Bruselas, la Comisión Europea evitó pronunciarse directamente sobre la medida, recordando que las políticas de defensa y exportación son competencia de cada Estado miembro, aunque insistió en la “necesidad de coordinar respuestas para preservar la estabilidad regional”.
En el ámbito nacional, el decreto ha generado una intensa división política. Mientras el bloque de izquierdas, junto a partidos nacionalistas y regionales, respaldó la iniciativa argumentando razones éticas y humanitarias, la oposición —liderada por el Partido Popular y Vox— la tachó de “decisión ideológica” que “rompe la neutralidad diplomática de España y pone en riesgo las relaciones con aliados estratégicos”.
Diversos colectivos de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, celebraron la aprobación del embargo y lo calificaron de “precedente histórico” en la política exterior europea. Según sus portavoces, la medida “lanza un mensaje claro de que los crímenes de guerra y las violaciones del derecho internacional no pueden quedar impunes”.
Con esta decisión, España se alinea con la corriente de países y organismos internacionales que reclaman una pausa humanitaria y el fin de las operaciones militares en Gaza. La medida, sin embargo, también marca un punto de inflexión en las relaciones bilaterales entre Madrid y Tel Aviv, abriendo una etapa de tensiones diplomáticas que podría extenderse a nivel europeo.
