ONU condena ataques de EE. UU. en el Caribe: más de 60 muertos desde septiembre
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha condenado enérgicamente las recientes operaciones militares estadounidenses en el Caribe y el Pacífico, en las que, según informes, más de 60 personas han perdido la vida desde septiembre. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó los ataques como “inaceptables” y contrarios al derecho internacional, subrayando que “no existe justificación alguna para el uso de la fuerza letal fuera de las normas establecidas”.
Estados Unidos sostiene que las acciones forman parte de una campaña para neutralizar embarcaciones dedicadas al narcotráfico o vinculadas con grupos terroristas, un argumento que ha sido cuestionado por la ONU. Türk recordó que, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, “el uso intencional de la fuerza letal solo está permitido como último recurso contra individuos que representen una amenaza inminente para la vida”, y advirtió que las operaciones recientes no parecen cumplir con esos estándares.
El Alto Comisionado instó a Washington a detener los ataques de inmediato y pidió la creación de una investigación independiente que esclarezca los hechos, determine responsabilidades y garantice el derecho de las víctimas a la justicia y la reparación. También señaló que Estados Unidos tiene la obligación de investigar internamente los incidentes y, si procede, enjuiciar y sancionar a los responsables “tras asegurarles el debido proceso y un juicio justo”.
La condena de Türk llega después de varios informes de prensa y de organizaciones humanitarias que denuncian ataques a embarcaciones civiles y pesqueras en aguas internacionales o territoriales de países del Caribe, entre ellos Venezuela y Trinidad y Tobago. Según fuentes locales, algunos de los buques atacados transportaban migrantes o pescadores, lo que ha elevado la preocupación en la región y provocado una oleada de críticas diplomáticas.
En respuesta, funcionarios del gobierno de Donald Trump defendieron las operaciones como parte de una estrategia “efectiva y legítima” para desmantelar redes transnacionales de narcotráfico. “Estas acciones están dirigidas a proteger la seguridad nacional de Estados Unidos y la estabilidad de la región”, señalaron desde el Departamento de Defensa, sin ofrecer detalles sobre las víctimas ni sobre la supervisión legal de las misiones.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU (OHCHR) ha reiterado en varias ocasiones su preocupación por el uso extrajudicial de la fuerza y las operaciones letales sin supervisión judicial en contextos de combate al narcotráfico. Organismos internacionales advierten que esta tendencia erosiona el principio de proporcionalidad y el respeto al derecho a la vida, pilares fundamentales del sistema internacional de derechos humanos.
Diversos gobiernos latinoamericanos, entre ellos Venezuela, Nicaragua y Cuba, han denunciado los ataques ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, argumentando que se trata de acciones unilaterales que vulneran la soberanía regional. En Trinidad y Tobago, medios locales informaron que varios ciudadanos resultaron muertos en una de las operaciones atribuidas a las fuerzas estadounidenses, lo que ha generado protestas y reclamos diplomáticos.
Expertos en derecho internacional consultados por Reuters y The Washington Post coinciden en que, si se confirma que los ataques ocurrieron en aguas internacionales o sin autorización de los países afectados, podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, una grave violación del derecho internacional. “Estas operaciones ponen en riesgo la cooperación regional y abren un precedente peligroso en la aplicación extraterritorial de la ley”, apuntó una fuente cercana a la ONU.
A la espera de una respuesta formal por parte del gobierno estadounidense, la comunidad internacional observa con preocupación el desarrollo del caso, que podría tensar aún más las relaciones diplomáticas entre Washington y América Latina. Naciones Unidas insistió en que la lucha contra el narcotráfico “no puede justificar la violación de los derechos humanos ni el uso desproporcionado de la fuerza”.
