Trump contra Soros: el arranque de una batalla ideológica que redefine el establishment en EE. UU.
Desde que Donald Trump volvió a ocupar la Casa Blanca, su estrategia no solo ha girado sobre políticas duras o gestos simbólicos, sino sobre una narrativa de choque con el “establishment” liberal. Y en ese relato, quien ahora ocupa el papel de adversario emblemático es George Soros. No es la primera vez que el multimillonario es blanco de críticas conservadoras por su influencia financiera en causas progresistas. Pero el salto que se ha dado en estos días —ordenar al Departamento de Justicia que explore cargos contra sus fundaciones— marca un punto de escalada que podría redefinir la tensión entre poder político y sociedad civil.
Según informaciones publicadas en medios estadounidenses, un alto funcionario del Departamento de Justicia habría remitido memorandos a distintas fiscalías federales para que preparen investigaciones sobre la red de fundaciones que Soros financia, con posibles cargos que van desde financiamiento de terrorismo hasta delincuencia organizada. En respuesta, la Open Society Foundations acusó al Gobierno de Trump de montar una investigación política para silenciar voces disidentes.
El plan no es trivial: oficinas de fiscales federales en al menos siete estados —incluyendo Nueva York, California e Illinois— recibieron la orden de comenzar a estructurar casos contra la fundación. Esta extensión territorial demuestra que no se trata de meros dardos retóricos, sino de una ofensiva con instrumentos legales sobre la mesa.
Trump ha ido más allá de investigar. En agosto pidió públicamente que Soros y su hijo sean acusados bajo la ley RICO, argumentando que han apoyado protestas violentas. La respuesta ha sido enérgica del lado progresista: organizaciones como la ACLU denuncian que las acusaciones buscan silenciar la crítica y que estamos frente a una nueva “caza de brujas” política.
Desde el ángulo ideológico, Trump y sus aliados pintan este choque como una pugna existencial entre quienes defienden un orden liberal decantado hacia la descentralización del Estado, y los que aspiran a socialismos radicales. Al apuntar a Soros, el expresidente no solo desafía a una figura en particular sino a una red global de financiación progresista. A ello se suma la recurrencia de teorías conspirativas sobre Soros que han circulado durante décadas —muchas de ellas teñidas de antisemitismo— lo cual añade una dimensión sensitiva al conflicto.
Soros, por su parte, ha construido una presencia de soft power en múltiples sectores: educación, salud, derechos humanos y medios independientes. Su fundación opera en más de 30 países. Que el poder federal de EE. UU. busque contra sus redes no es solo una medida nacional, sino una señal para todo aquel que opere en el espacio público global.
¿Hasta dónde puede llegar esta confrontación? Si Trump logra establecer un vínculo legal sólido entre la filantropía de Soros y actividades ilícitas, podría generar un efecto dominó que debilite financieramente los movimientos progresistas dentro y fuera de EE. UU. Pero ese vínculo aún no ha sido probado. La defensa de Soros —y muchas ONG y juristas— advierten que el Gobierno estaría abusando de su poder para criminalizar disidencia.
En un contexto tan polarizado, las consecuencias van más allá de tribunales: lo que está en juego es la legitimidad de la filantropía política, el equilibrio entre el Estado y la sociedad civil y la definición misma de “terrorismo interno” en términos partidistas. La jugada de Trump contra Soros no es solo una batalla simbólica; podría marcar una redefinición del sistema estadounidense que tardará décadas en medirse con precisión.
