CEOE insta al Gobierno a “no hacer declaraciones que favorezcan la crispación”

Avisa de que los anuncios sobre subidas del SMI, que consideran “desmedidas”, bloquean las negociaciones

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha pedido a “las instituciones” generar un entorno favorable a la consecución de acuerdos de manera que se evite la conflictividad social y ha instado a “no hacer declaraciones que favorezcan la crispación”.

El comunicado difundido este viernes por la patronal se produce un día después de que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, haya reiterado a los representantes empresariales su petición de “volver a sentarse a la mesa” de la negociación de la subida salarial, asegurando además que los sindicatos “tienen razón” y que su salida es “la correcta”.

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Frente a esto, desde CEOE han remarcado su disposición a seguir negociando, defendiendo además que “nunca se han levantado de ninguna mesa”.

En todo caso, la patronal ha explicado que tras sucesivas propuestas para cerrar un acuerdo salarial antes de verano, no fue posible alcanzarlo por la exigencia de los sindicatos de introducir cláusulas para ligar los salarios al IPC. “Por responsabilidad no lo podíamos asumir, ya que generaría que los efectos perversos de la inflación se conviertan en permanentes (inflación de segunda ronda)”, han explicado.

Asimismo, la patronal ha asegurado que seguirán sentados en las mesas de negociación de los convenios colectivos, “que es donde se pactan de facto los salarios”, y ha asegurado que la negociación se desenvuelve en los parámetros habituales “en épocas de dificultad”.

En todo caso, CEOE ha apuntado a que si bien los contextos de crisis dificultan la negociación de los convenios colectivos, los anuncios sobre subidas que consideran “desmedidas” del Salario Mínimo Interprofesional -se ha incrementado un 35,9% desde 2018– “bloquean las negociaciones a la espera de lo que finalmente se apruebe, puesto que estas impactan en las tablas salariales, representando en la práctica una injerencia en la negociación colectiva”.

DESACELERACIÓN DEL MERCADO LABORAL

Respecto a los datos de desempleo y afiliación a la Seguridad Social de agosto conocidos este viernes, la CEOE ha advertido que se confirma la tendencia a la desaceleración del mercado laboral en línea con los indicadores económicos.

Así, desde una visión más global, la patronal ha alertado de que los indicadores económicos ya reflejan cómo la escalada de la inflación hasta niveles de dos dígitos está impactando de forma significativa en el bolsillo de los ciudadanos y en la actividad de las empresas.

Frente a esto, la patronal ha indicado que este aumento de la inflación ya está produciendo, en cambio, una mayor recaudación por impuestos, que acabará el año en máximos históricos. En este sentido, CEOE ha criticado que la Administración continúa planteando políticas de gasto que introducen más presión sobre la deuda pública, al tiempo que aumenta aún más la carga fiscal sobre las empresas.

En su lugar, la CEOE ha sugerido al Ejecutivo que opte por dedicar los ingresos tributarios extraordinarios a dotar de más ayudas a los ciudadanos y al tejido productivo.

Para la patronal, es preciso buscar soluciones a la escalada de los precios energéticos que están consiguiendo paralizar ya muchas plantas del sector industrial (electrointensivas, cogeneración*) y a los problemas que persisten en las cadenas de suministro de materias primas.

Así, cree que sería más aconsejable aprovechar el mayor margen fiscal para reducir la factura del IRPF en favor del bolsillo de los ciudadanos y de cara a aliviar también los costes para las empresas.

Asimismo, la patronal considera que sería conveniente apostar por dedicar esos mayores esfuerzos al impulso de la formación de los trabajadores, en especial de aquellos que cobran rentas más bajas, enfocándola a los retos de futuro que plantea la economía.

En el caso de las empresas, la patronal cree que se podría plantear además una reducción de costes por la vía de las cotizaciones sociales y acompasar los precios de los contratos públicos, asumiendo la Administración las mismas obligaciones que se exigen al sector privado.

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