Elon Musk desafía al Gobierno español y tilda a Pedro Sánchez de “totalitario fascista”
La ofensiva verbal de Elon Musk contra Pedro Sánchez llega en el peor momento posible para la imagen digital de España. Mientras el Gobierno prepara un veto al acceso a redes sociales para menores de 16 años y un paquete de controles reforzados sobre las plataformas, el multimillonario ha respondido desde X acusando al presidente de ser “un fascista totalitario” y “tirano”. El pulso ya no es un simple cruce de tuits: enfrenta a un Ejecutivo que presume de blindar derechos digitales con el empresario más influyente del sector tecnológico. El choque abre interrogantes sobre quién controla realmente el espacio público online y hasta dónde puede llegar el Estado en la regulación del discurso. Y, sobre todo, qué coste puede tener para una economía donde lo digital ya roza una cuarta parte del PIB.
Un insulto global en plena ofensiva regulatoria
El último capítulo de esta guerra fría digital arranca en Dubái. Durante la cumbre de gobiernos, Pedro Sánchez defendió un plan para prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años y reforzar las obligaciones de las plataformas frente al odio y la desinformación. Pocas horas después, Musk respondió desde X con un mensaje que ha dado la vuelta al mundo, calificando al presidente español de “tirano” y “fascista totalitario” por impulsar lo que considera una deriva censora.
El detonante concreto es un proyecto legislativo que se integrará en la futura ley de protección digital de los menores. El texto prevé sistemas de verificación de edad obligatorios, sanciones reforzadas a las plataformas que no retiren contenido ilegal y la posibilidad de investigar algoritmos que amplifiquen mensajes de odio o campañas coordinadas de desinformación.
Para Musk, este giro supone cruzar una línea roja. El empresario enmarca la normativa en un intento de los gobiernos europeos de controlar el discurso público en internet bajo la excusa de la protección de los menores. El contraste es nítido: mientras Moncloa presenta la ley como un escudo para los derechos de los niños, el dueño de X la vende como un ensayo general de censura masiva con impacto global.
El plan español: blindar a los menores y disciplinar a las plataformas
La estrategia del Ejecutivo no nace de la nada. España lleva dos años diseñando un esquema de gobernanza digital que quiere ir más allá del Reglamento de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea, aprovechando la ola regulatoria abierta en Bruselas. El Gobierno trabaja en una arquitectura que combina la transposición del DSA, una nueva ley para el ecosistema digital y la reforma de normas audiovisuales y de protección de datos.
El núcleo del nuevo paquete es claro: blindar a los menores de la exposición a contenidos extremos —desde pornografía y apuestas hasta deepfakes de acoso escolar— y reducir el margen de maniobra de las plataformas cuando su modelo de negocio se apoya en la viralización de mensajes polarizantes. Sánchez ha prometido investigar a las redes cuyos algoritmos “amplifiquen la desinformación a cambio de beneficio” y ha defendido consecuencias legales y económicas para quienes toleren el odio en sus sistemas.
La agenda española encaja con una tendencia más amplia: Francia, Reino Unido, Dinamarca o Australia han aprobado o planteado leyes que limitan el acceso de los menores a redes y refuerzan la supervisión de contenidos. Sin embargo, lo que distingue a España es el tono político. El Gobierno ha convertido la lucha contra la desinformación y la extrema derecha digital en una seña de identidad. En ese contexto, que el rostro más visible de la tecnología global acuse al presidente de “totalitario” eleva el choque a una dimensión inédita.
Un enfrentamiento personal con antecedentes políticos
El cruce de acusaciones no surge en el vacío. Desde 2025, Sánchez y Musk se han señalado mutuamente en público. El jefe del Ejecutivo llegó a advertir del avance de una “internacional reaccionaria” articulada en torno a redes como X, y alertó del regreso del fascismo como tercera fuerza política en Europa. Musk, por su parte, ha denunciado el intento de gobiernos y grandes medios de “domesticar” las plataformas que no aceptan sus códigos de corrección política.
Lo que ahora se dirime es si ese duelo retórico se queda en una pugna simbólica o deriva en consecuencias económicas concretas. Musk no tiene una gran presencia industrial directa en España, pero su influencia va mucho más allá de las fábricas de Tesla. Es uno de los actores clave en satélites de comunicaciones, inteligencia artificial y vehículos eléctricos, y su plataforma X sigue siendo un nodo central del debate político global, pese a la pérdida de peso publicitario.
El choque se alimenta además de un contexto polarizado dentro y fuera de España. Para el Ejecutivo, Musk encarna ese poder tecnológico opaco que puede desestabilizar democracias desde el móvil. Para el magnate, el Gobierno español representa el modelo de Estado que usa el pretexto de la seguridad para restringir el disenso. El resultado es un pulso que ya trasciende lo personal y se lee, en Bruselas y en Washington, como un test de estrés para el nuevo marco europeo de regulación digital.
Libertad de expresión frente a algoritmos: el núcleo del conflicto
La cuestión de fondo es incómoda: ¿quién fija las reglas de lo decible en internet? Hasta ahora, el DSA establece obligaciones de retirada rápida de contenidos ilegales y transparencia algorítmica para las grandes plataformas, pero deja un amplio margen a los Estados miembro para ir más lejos. España quiere ocupar ese espacio, empujando el péndulo hacia una mayor intervención pública.
Los defensores de Musk subrayan que una prohibición general de redes para menores de 16 años es una restricción de derechos sin precedentes en la UE, y temen que la categoría de “odio” o “desinformación” pueda ampliarse de forma discrecional a contenidos incómodos para el poder político. Sus críticos recuerdan que las propias plataformas han demostrado ser incapaces de contener abusos masivos, y que la autorregulación ha fracasado.
Los datos muestran una sociedad ambivalente. Según el Eurobarómetro sobre la Década Digital, el 92% de los ciudadanos españoles considera importante que las autoridades públicas mitiguen las fake news y la desinformación online, mientras que el 72% cree que la digitalización facilita su vida diaria. El diagnóstico es inequívoco: la población quiere más protección, pero sin renunciar a los beneficios de lo digital. Ahí se abre el espacio político que el Gobierno pretende ocupar y que Musk, desde la otra trinchera, denuncia como deriva autoritaria.
Un gigante digital en riesgo: inversión, empleo y reputación
Más allá del ruido político, el choque toca un activo estratégico: la credibilidad de España como hub digital. La economía digital —incluyendo sectores altamente digitalizados— ya representa el 26% del PIB, unos 414.000 millones de euros en 2024, con un crecimiento cercano al 17% respecto al año anterior, según los últimos informes de la patronal Adigital y BCG.
El sector digital elevó su facturación hasta 138.205 millones de euros en 2024, con cuatro años consecutivos de crecimiento y casi 723.000 trabajadores, un 8% más que en 2023. Al mismo tiempo, España se ha consolidado como polo de centros de datos y servicios en la nube: compañías como Microsoft, Amazon Web Services, Meta o Google han anunciado inversiones multimillonarias en regiones como Madrid y Aragón, con proyectos que superan el gigavatio de capacidad en desarrollo.
La consecuencia es clara: cualquier duda sobre la estabilidad regulatoria o la hostilidad política hacia las grandes plataformas se lee de inmediato en los foros de inversión internacionales. El Gobierno defiende que un marco claro, exigente y alineado con Europa aumenta la seguridad jurídica. Pero cuando el empresario más mediático del planeta califica a un primer ministro de “totalitario”, el relato que se impone corre el riesgo de ser otro: el de un país que pasa de destino atractivo a jurisdicción incómoda para el negocio digital.
Un país adelantado en regulación, rezagado en cohesión digital
Paradójicamente, España combina una de las agendas regulatorias más ambiciosas de Europa con una digitalización territorial desigual. Los últimos informes señalan que la economía digital ya supone el 21% del PIB, pero casi la mitad de esa actividad se concentra en Madrid y Cataluña, mientras once autonomías se estancan. El contraste con otras regiones resulta demoledor: mientras la capital compite por ser nodo de datos del sur de Europa, comunidades periféricas siguen con estructuras empresariales poco digitalizadas.
En paralelo, la hoja de ruta nacional para la Década Digital recoge 67 medidas con un presupuesto de 33.800 millones de euros, de los cuales 26.700 millones proceden de fondos públicos, el equivalente al 1,68% del PIB. La ambición declarada es convertir esa inversión en más productividad, más empleo y más cohesión territorial. Pero el escándalo Musk-Sánchez introduce ruido en un momento clave: en lugar de discutir cómo acelerar la ejecución de esos planes, el debate corre el riesgo de reducirse a un duelo de titulares entre “censura” y “caos digital”.
