Trump pone fin al cierre parcial con un pacto de 1,2 billones

Un cierre de cuatro días con aviso

El shutdown que ahora se desactiva ha durado cuatro días, desde la medianoche del 31 de enero hasta la firma del acuerdo el 3 de febrero. No es un episodio aislado: llega apenas semanas después de un cierre anterior de 43 días, el más largo en décadas, que se calcula costó alrededor de 11.000 millones de dólares en actividad económica perdida.

A diferencia de aquel, la Administración había blindado ya una parte importante del gasto: militares, pensiones, programas sanitarios y una fracción sustancial de la burocracia federal tenían fondos asegurados. De ahí que la Casa Blanca y los republicanos intenten presentarlo como una “incidencia menor”.

Pero el diagnóstico es inequívoco: Washington ha normalizado el uso del cierre del Gobierno como arma de negociación política. Cada expiración de créditos abre la puerta a nuevas batallas entre la mayoría republicana en la Cámara, el Senado y la Casa Blanca, todos bajo control del mismo partido pero atravesados por profundas divisiones internas y por la presión de una oposición demócrata fuerte en el Senado.

En este contexto, el cierre de cuatro días actúa menos como accidente y más como síntoma de un sistema presupuestario crónicamente disfuncional, con impacto directo en la previsibilidad que exigen los mercados y las empresas que contratan con el Estado federal.

Un paquete de 1,2 billones con letra pequeña

El acuerdo firmado por Trump moviliza 1,2 billones de dólares (1,2 billones de euros al cambio aproximado) para financiar hasta final de año fiscal a 11 grandes departamentos: Defensa, Sanidad, Trabajo, Educación, Vivienda, Transporte y otros organismos clave. En torno al 96% del gasto discrecional queda cubierto hasta el 30 de septiembre.

Lo más grave, sin embargo, es lo que el texto no resuelve. El 4% restante, vinculado al Department of Homeland Security (DHS), solo recibe una prórroga de dos semanas. Ese fragmento del presupuesto se ha convertido en el epicentro de la disputa política por la inmigración y por la actuación de las fuerzas federales.

Demócratas del Senado, encabezados por Hakeem Jeffries en la Cámara baja, han condicionado su apoyo a ese bloque de gasto a una reforma profunda de la actuación de agencias como ICE tras la muerte de Alex Pretti y Renee Good, dos ciudadanos estadounidenses abatidos por agentes federales en Minneapolis.

El resultado es un compromiso inestable: se evita el cierre total del Gobierno, pero se mantiene un “apagón técnico” con fecha en el calendario, que obliga a una nueva negociación de alto voltaje en apenas unos días.

La batalla de Seguridad Interior se aplaza, no se resuelve

La cuestión de fondo es el futuro del DHS, que concentra la política migratoria, la seguridad fronteriza y buena parte de las competencias de control interior. Los demócratas exigen bodycams obligatorias, límites claros al uso de la fuerza, prohibición de agentes enmascarados y mayores garantías procesales para los detenidos en situaciones migratorias.

“Este acuerdo reabre el Gobierno, pero no cerraremos los ojos ante los abusos en la frontera”, repiten fuentes demócratas en Washington. Al otro lado, los republicanos temen que esa agenda se convierta en una camisa de fuerza para las agencias de seguridad justo cuando Trump ha hecho de la mano dura contra la inmigración irregular una de sus banderas.

La propia secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, ha admitido planes para extender el uso de cámaras corporales, pero la implementación sigue siendo parcial y limitada territorialmente. Mientras tanto, el DHS opera bajo una resolución continua de solo dos semanas, que impide planificar inversiones, convocar contratos o reforzar personal con horizonte de medio plazo.

El contraste con otras agencias es demoledor: Defensa y programas sociales disponen de horizonte presupuestario hasta septiembre, mientras el departamento responsable de fronteras y aeropuertos vive al día, rehén de la próxima ronda de negociación.

Los números del bloqueo que nadie quiere ver

Aunque el cierre de cuatro días ha tenido un impacto directo menor que el de otoño, las cifras ilustran la fragilidad del sistema. Decenas de miles de empleados considerados “no esenciales” han afrontado incertidumbre sobre su salario, mientras otros, como los controladores aéreos o agentes de seguridad, han trabajado con la promesa de un pago retroactivo.

En el shutdown de 43 días, la Oficina Presupuestaria del Congreso estimó pérdidas de en torno a 11.000 millones de dólares, de los que casi un tercio nunca llegó a recuperarse plenamente. En este nuevo episodio, los economistas prevén un impacto directo mucho menor —en el rango de 1.000 a 2.000 millones—, pero subrayan el efecto acumulativo de una política que rompe la previsibilidad que necesitan empresas, contratistas y hogares.

Cada cierre obliga a retrasar contratos, aplazar licitaciones y posponer inversiones públicas. Para una economía que ya opera con un déficit anual cercano a 1,7 billones de dólares y una deuda rozando el 100% del PIB, según cálculos independientes, el margen de error es cada vez más estrecho.

En otras palabras: el coste económico de la inestabilidad presupuestaria va mucho más allá de los días concretos de cierre. Erosiona la confianza en la capacidad del Estado federal para ejecutar su propio presupuesto.

Johnson vende austeridad, pero el déficit dice otra cosa

Durante la ceremonia de firma, Johnson afirmó que con este paquete “se gasta menos dinero año tras año” y que Estados Unidos está “de vuelta”. El mensaje es políticamente potente, pero los datos invitan a la prudencia.

En el último ejercicio completo, el Gobierno federal gastó alrededor de 7,01 billones de dólares, frente a los 6,7 billones del año anterior, según estimaciones de centros de análisis presupuestario. Incluso si el déficit se ha reducido ligeramente en términos relativos respecto al PIB, el nivel absoluto de gasto y de deuda sigue en máximos históricos en tiempos de paz.

El propio proyecto de Presupuestos para 2026 mantiene el gasto discrecional global prácticamente plano respecto a 2025, pero reorienta en torno a 120.000 millones de dólares desde programas civiles hacia Defensa, reforzando la prioridad militar de la Administración Trump.

La consecuencia es clara: no hay un giro drástico hacia la austeridad, sino un intento de redibujar el mapa del gasto, con más peso para el complejo militar y de seguridad en detrimento de ciertas partidas civiles, mientras los grandes motores del déficit —pensiones, sanidad, intereses de la deuda— siguen creciendo por encima de la economía.

Un patrón de inestabilidad presupuestaria

El cierre recién resuelto no puede analizarse de forma aislada. Desde octubre, el Gobierno federal ha encadenado continuas resoluciones temporales, miniacuerdos y amenazas de shutdown que han convertido la aprobación de los 12 grandes proyectos de gasto en un tortuoso puzzle político.

Estados Unidos vive así una paradoja: con el mismo partido controlando la Casa Blanca, la Cámara de Representantes y el Senado, el sistema es incapaz de aprobar a tiempo un paquete completo de financiación sin recurrir al borde del abismo. La división interna en el Partido Republicano, las exigencias de la derecha dura sobre inmigración y elecciones, y la estrategia demócrata de condicionar su apoyo a reformas de supervisión han convertido el presupuesto en un campo de batalla permanente.

El contraste con otras economías avanzadas resulta evidente. Mientras la zona euro opera con reglas fiscales comunes y marcos de estabilidad plurianuales, el mayor emisor de deuda del mundo se acostumbra a vivir de prórroga en prórroga, con consecuencias sobre la prima de riesgo de su deuda y la sensibilidad de los mercados a cualquier bloqueo político.