Washington levanta el cierre federal por la mínima
Un acuerdo in extremis en la Cámara salva la financiación del Gobierno de EEUU hasta septiembre, pero deja otro frente abierto en febrero y no resuelve el problema de fondo de la deuda
En un giro decisivo para la estabilidad financiera de Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó por un ajustadísimo 217 votos a favor y 214 en contra el paquete que pone fin al cierre parcial del Gobierno federal.
El pacto garantiza fondos para la mayor parte de la Administración hasta el 30 de septiembre, mientras el Departamento de Seguridad Nacional sólo tiene asegurada su financiación hasta el 13 de febrero, abriendo una nueva batalla en el corto plazo.
La medida despeja el riesgo inmediato de un parón prolongado que podía contagiar a los mercados globales y deteriorar aún más la confianza en la deuda estadounidense. Sin embargo, el margen mínimo de la votación y la lista de concesiones cruzadas evidencian una polarización extrema, donde el presupuesto se ha convertido en arma política.
Un voto de infarto en la Cámara
El desenlace se decidió por apenas tres votos de diferencia. La coalición que sostuvo el acuerdo combinó a demócratas disciplinados y a un bloque de republicanos moderados dispuestos a asumir el coste político de evitar un cierre prolongado. Enfrente, el ala más dura del Partido Republicano votó en contra, denunciando un supuesto “cheque en blanco” al gasto federal, mientras algunos demócratas de perfil más izquierdista se quejaban de las concesiones en materia migratoria y de seguridad fronteriza.
La propia dirección de la Cámara de Representantes de Estados Unidos llegó a barajar la posibilidad de que la votación fracasara, lo que habría obligado a negociar una prórroga técnica de horas o días y habría disparado la tensión en los mercados. No fue así, pero el resultado deja una señal inquietante: cualquier minoría organizada puede bloquear, a partir de ahora, decisiones presupuestarias clave.
Este estrecho margen refleja un Congreso fracturado, donde los incentivos electorales se imponen al interés de estabilidad. El diagnóstico es inequívoco: la gobernabilidad fiscal de la primera economía del mundo pende, cada vez más, de equilibrios precarios y de mayorías que se desgastan a cada votación.
Un presupuesto en dos tiempos
El diseño del acuerdo revela hasta qué punto la política se ha colado en cada línea del presupuesto. La mayor parte de las agencias federales quedan financiadas hasta el 30 de septiembre, cierre del año fiscal en EEUU. Eso incluye ministerios clave como Tesoro, Educación, Transporte o Agricultura, que recuperan margen para planificar gasto y contratos durante los próximos siete meses.
La excepción es el Departamento de Seguridad Nacional, cuya financiación sólo se extiende hasta el 13 de febrero. No es un descuido técnico, sino una decisión calculada: concentrar en esa fecha una nueva negociación centrada en políticas migratorias y medidas de seguridad en la frontera. Es decir, el corazón del conflicto que originó el cierre.
Este presupuesto “en dos tiempos” permite evitar un bloqueo total de la Administración, pero también convierte febrero en una especie de segunda vuelta presupuestaria, con el riesgo de que el país vuelva a asomarse al precipicio. Lo más grave es que esta técnica de trocear el presupuesto consolida la idea de gobierno a golpe de ultimátum, con la amenaza de cierre como herramienta recurrente de presión.
El coste económico de jugar con el cierre
Cada cierre del Gobierno federal deja una factura difícil de ignorar. En esta ocasión, cientos de miles de empleados públicos se han visto afectados por suspensiones temporales o retrasos de nómina. En cierres previos, se estima que alrededor de 800.000 trabajadores llegaron a quedarse sin salario durante varias semanas, obligando a muchos a tirar de ahorros o a endeudarse para cubrir gastos básicos.
Más allá del impacto humano, el cierre erosiona la actividad económica: retrasos en licencias, procedimientos aduaneros más lentos, proyectos de infraestructuras paralizados, inversiones congeladas. En episodios anteriores, distintos estudios han cifrado el coste en miles de millones de dólares de PIB perdido, aunque parte se recupera una vez reabierta la Administración.
Los mercados financieros, por su parte, observan con inquietud cómo la deuda estadounidense —considerada activo libre de riesgo por excelencia— queda atrapada en una pugna política casi ritual. Cada vez que se juega con el cierre o con el techo de deuda, los inversores exigen una prima de riesgo implícita, ya sea en forma de tipos algo más altos o de refinanciaciones más cortas. La consecuencia es clara: la política interna de Washington empieza a tener un coste creciente en la percepción global de su solvencia institucional.
Los más vulnerables, en la línea de fuego
Mientras las grandes cifras dominan el debate, el cierre ha tenido efectos muy concretos en las comunidades más vulnerables. La interrupción o retraso en programas de asistencia alimentaria, ayudas a la vivienda o subvenciones sanitarias impacta primero en quienes dependen del Estado para cubrir necesidades básicas. Incluso cuando los programas no se suspenden formalmente, la falta de personal y la burocracia ralentizada genera cuellos de botella.
Familias de renta baja han visto atrasos en cupones de alimentos, centros de salud comunitarios han tenido que ajustar horarios y organizaciones locales han reportado un aumento de entre el 10% y el 15% en la demanda de apoyo de emergencia durante las semanas de bloqueo. Para muchas de estas personas, el cierre no es una abstracción política, sino la diferencia entre llegar o no a fin de mes.
“No es sólo un pulso entre partidos, es un pulso que se libra sobre la espalda de quienes menos margen tienen para absorber un retraso de ingresos”, resumen expertos en política social. El acuerdo aprobado alivia la presión, pero deja una pregunta incómoda: ¿cuánto tiempo tardará en repetirse el mismo guion?
Migración y frontera: el epicentro del conflicto
En el origen del bloqueo se encuentra el eterno debate sobre migración y seguridad fronteriza. Los sectores más duros del Partido Republicano han intentado utilizar el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional como palanca para forzar cambios en la política migratoria: más barreras físicas, límites más estrictos al asilo y refuerzo de los recursos en la frontera sur.
Los demócratas, por su parte, han tratado de blindar programas de acogida y de evitar que el presupuesto se convierta en vehículo para medidas que consideran contrarias a los compromisos humanitarios de EEUU. El choque entre ambas visiones ha transformado la partida de Seguridad Nacional en un campo de batalla simbólico: cualquier concesión se percibe como derrota identitaria.
El resultado ha sido un cierre parcial que ha afectado a agencias con competencias críticas en fronteras, aeropuertos y control aduanero, generando retrasos y descoordinación. La financiación limitada hasta el 13 de febrero evidencia que el conflicto está lejos de resolverse: simplemente se ha aplazado la pelea. El contraste entre la necesidad de un sistema migratorio previsible y la utilización del presupuesto como arma arrojadiza resulta demoledor para la credibilidad de la política estadounidense.
Trump ante la firma: estabilidad o confrontación
El acuerdo ahora se traslada al despacho de Donald Trump, de quien depende la firma definitiva para convertir el paquete en ley. El presidente ha jugado durante semanas con una doble narrativa: por un lado, culpar a la oposición del cierre y presentarse como defensor de la seguridad fronteriza; por otro, mostrar cierta sensibilidad hacia el impacto económico y social de un bloqueo prolongado.
La presión de los mercados, de parte del empresariado y de sus propios asesores económicos ha sido intensa. Un cierre más largo habría alimentado el malestar entre votantes de clase media, especialmente aquellos empleados federales que constituyen una base importante en estados clave. Pero una firma sin contrapartidas claras corre el riesgo de ser vista como cesión ante el “establishment” en sectores de su propia base.
En este equilibrio, Trump deberá decidir si vende el acuerdo como una victoria parcial —al mantener vivo el debate migratorio para febrero— o como un sacrificio táctico en nombre de la estabilidad. En cualquier caso, la escena confirma hasta qué punto la política presupuestaria se ha convertido en un escenario central de la disputa por el relato de poder en Washington.
Deuda, tipos y la sombra de la Reserva Federal
Aunque el acuerdo despeja el cierre, los problemas de fondo permanecen intactos. La deuda pública estadounidense supera ya niveles que rondan el 120% del PIB, mientras los tipos de interés se sitúan en cotas elevadas en comparación con la última década. Cada punto adicional de tipo implica decenas de miles de millones más en coste anual de servicio de deuda.
La Reserva Federal observa el pulso fiscal con preocupación. Un Congreso incapaz de ofrecer una senda mínimamente previsible de gasto y deuda dificulta el trabajo de un banco central que trata de controlar la inflación sin provocar una recesión profunda. Si los inversores empiezan a desconfiar de la capacidad de EEUU para gestionar sus finanzas, la Fed podría verse obligada a elegir entre estabilizar mercados o mantener su hoja de ruta de tipos.
En este contexto, la secuencia de cierres, amenazas de shutdown y negociaciones al borde del abismo mina la percepción de que el país sigue siendo el ancla financiera del sistema internacional. El mensaje subterráneo que reciben los mercados es inquietante: el riesgo ya no es sólo económico, también institucional.
Qué puede pasar a partir de febrero
El calendario marca ya una fecha crítica: 13 de febrero, cuando vence la financiación de Seguridad Nacional y vuelve al centro de la mesa el debate migratorio. Si las posiciones no se mueven, el país podría enfrentarse a un nuevo cierre parcial, quizá más acotado pero igualmente dañino en términos de imagen y confianza.
Existen tres escenarios principales. El primero, una prórroga técnica, con extensiones de semanas que mantengan el sistema funcionando pero prolonguen la incertidumbre. El segundo, un nuevo cierre selectivo, con impacto directo en fronteras y seguridad, que volvería a utilizar a empleados y beneficiarios como rehenes de la negociación. El tercero, menos probable pero no imposible, sería un acuerdo de mayor alcance que combine ajustes en política migratoria con garantías de financiación más estables.
Sea cual sea el desenlace, este episodio deja una lección incómoda: el cierre del Gobierno se ha normalizado como herramienta de presión, y cada ciclo político aumenta la probabilidad de que se repita. Hasta que el coste político de llevar al límite a la Administración no supere el rédito partidista, la primera economía del mundo seguirá jugando peligrosamente con el botón de apagado.
