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Meloni tumba el plan para usar activos rusos y fuerza un préstamo de 90.000 millones para Ucrania

La cumbre de la Unión Europea en Bruselas concluyó con el veto italiano y francés a la propuesta de usar activos rusos congelados para financiar a Ucrania. Giorgia Meloni defendió esta decisión argumentando sentido común frente a riesgos legales y financieros, dando lugar a un préstamo de 90.000 millones de euros basado en el presupuesto común. Un giro clave que refleja tensiones políticas y desafíos en la unión europea.

Fotografía de la cumbre de la Unión Europea en Bruselas con la presencia de líderes europeos<br>                        <br>                        <br>                        <br>
Fotografía de la cumbre de la Unión Europea en Bruselas con la presencia de líderes europeos

La última cumbre de líderes de la Unión Europea en Bruselas terminó con un revés inesperado para la financiación de la guerra en Ucrania. La propuesta de utilizar activos rusos congelados como garantía de un gran préstamo quedó descartada tras el veto de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, respaldada por Francia. En su lugar, los Veintisiete optan por un préstamo de 90.000 millones de euros respaldado por el presupuesto común de la UE, una solución más conservadora que evidencia las fracturas internas del bloque en plena guerra.

Meloni defendió que «prevaleció el sentido común» frente a un plan considerado por varias capitales como técnicamente arriesgado y potencialmente desestabilizador para las cuentas públicas nacionales. El giro, calificado por algunas fuentes diplomáticas como un «fracaso histórico» en el intento de innovar con los activos rusos, abre interrogantes sobre la capacidad de Europa para sostener a largo plazo el esfuerzo financiero en Ucrania sin romper su frágil equilibrio político interno.

El veto de Meloni y el freno al uso de activos rusos

La propuesta original pretendía convertir los activos rusos congelados en una base de garantías para respaldar un préstamo multimillonario destinado a financiar la ayuda a Ucrania. La idea buscaba combinar castigo económico a Moscú con solidaridad financiera hacia Kiev, reduciendo al mismo tiempo la carga directa sobre los presupuestos nacionales.

Sin embargo, Giorgia Meloni, con el apoyo de Francia y de otros socios reticentes, se opuso frontalmente. El argumento central fue el riesgo legal y financiero: dudas sobre la seguridad jurídica del esquema, posibles recursos ante tribunales internacionales y el temor a que eventuales pérdidas terminasen repercutiendo finalmente en los contribuyentes europeos.

Riesgos legales y miedo al efecto boomerang

Entre los puntos más sensibles del plan estaba la posibilidad de abrir un precedente en el uso de activos estatales congelados como garantía para operaciones financieras complejas. Varios gobiernos advirtieron de que una arquitectura jurídica insuficientemente blindada podría derivar en:

  • Litigios prolongados ante instancias internacionales.

  • Deterioro de la credibilidad financiera de la UE.

  • Reacciones de otros países que temieran que sus activos pudieran ser tratados del mismo modo en futuras crisis.

En este contexto, el rechazo de Meloni —y la convergencia con París— se presentó como un intento de evitar un “boomerang jurídico y financiero” que, a medio plazo, pudiera debilitar más que reforzar la posición europea.

Plan B: un préstamo de 90.000 millones con deuda conjunta

Descartada la vía de los activos rusos, los líderes optaron por una solución más ortodoxa: un préstamo de 90.000 millones de euros respaldado por el presupuesto común de la Unión Europea. En la práctica, se trata de recurrir de nuevo al mecanismo de deuda conjunta, similar al utilizado durante la pandemia, pero sin el componente innovador —y controvertido— de las garantías vinculadas a Rusia.

Esta alternativa se considera más segura, pero también más conservadora. Su principal debilidad estriba en que:

  • Podría limitar la capacidad futura de endeudamiento conjunto.

  • Exige una disciplina presupuestaria aún mayor a nivel europeo.

  • Retrasa el uso activo de los activos rusos congelados, que seguirán inmovilizados sin un rol financiero directo.

La cuestión de fondo es si este enfoque será suficiente para cubrir las necesidades ucranianas en un conflicto que se ha convertido en una guerra de desgaste, tanto militar como financieramente.

Diplomacia europea: fracturas y reproches velados

En los pasillos de Bruselas, varias fuentes diplomáticas admiten que el resultado de la cumbre va más allá de un desacuerdo técnico. Hablan de un “fracaso histórico” en el intento de diseñar un instrumento novedoso de financiación y subrayan que el episodio refleja divergencias políticas profundas entre los Veintisiete.

El rechazo a usar activos rusos congelados pone de manifiesto:

  • La dificultad de la UE para hablar con una sola voz en asuntos de alta sensibilidad.

  • El peso de los cálculos nacionales frente a la narrativa de unidad.

  • El riesgo de que la solidaridad con Ucrania se vea condicionada por los límites internos de la integración financiera.

El hecho de que Francia se alineara con Italia refuerza la idea de que las dudas sobre el plan no eran marginales, sino compartidas por actores de primera fila dentro del bloque.

Una cumbre marcada por la tensión y la prudencia

El ambiente en la cumbre fue descrito como tenso y cargado de debate. La propuesta original se presentaba como una apuesta innovadora pero polémica, que dividía claramente a los líderes entre quienes veían una oportunidad estratégica y quienes detectaban demasiados riesgos ocultos.

Al final, la prudencia se impuso. El “sentido común” al que aludió Meloni ha sido interpretado de forma dispar:

  • Para sus defensores, fue un freno necesario para evitar aventuras financieras potencialmente peligrosas.

  • Para sus críticos, es una señal de falta de audacia y de unidad en el momento en que Ucrania más necesita un apoyo firme y creíble.

Lo que sí parece claro es que la discusión no ha terminado. La cuestión del uso de los activos rusos congelados seguirá sobre la mesa en futuras reuniones, mientras la UE busca fórmulas que compatibilicen seguridad jurídica, solvencia financiera y compromiso estratégico con Kiev.

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