El Parlamento Europeo frena el Mercosur-UE y envía el acuerdo al TJUE
Un estrecho margen de votos abre una batalla jurídica y política que puede retrasar meses uno de los tratados comerciales más ambiciosos de la Unión
El Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Mercosur ha entrado en una fase de máxima incertidumbre. Lejos de encarrilarse hacia su ratificación definitiva, el Parlamento Europeo ha decidido, por un margen mínimo, enviar el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para un dictamen previo. Con 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones, la Eurocámara ha optado por pisar el freno, congelando uno de los pactos más largamente negociados de los últimos años.
El movimiento supone un vuelco inesperado en un dosier que debía sellar la alianza económica entre dos bloques que suman cerca de 700 millones de consumidores y un intercambio comercial que ya ronda los 100.000 millones de euros anuales. Sin embargo, las dudas legales, la presión del sector agrario y el creciente escrutinio ambiental han terminado imponiéndose a las prisas por cerrar el acuerdo.
A partir de ahora, el calendario lo marcará Luxemburgo. El TJUE deberá pronunciarse sobre la compatibilidad del tratado con el Derecho de la UE, un proceso que puede prolongarse muchos meses y que abre la puerta a modificaciones, condiciones adicionales o, en el peor de los casos, a una renegociación parcial.
En Bruselas y en las capitales del Mercosur, la sensación es clara: el acuerdo ha entrado en una zona gris donde pesan tanto los argumentos jurídicos como el pulso político interno en la Unión.
Un giro inesperado en Estrasburgo
La decisión de la Eurocámara llegó en una votación cargada de tensión. El resultado —334 síes frente a 324 noes— refleja una división casi perfecta en el hemiciclo y evidencia hasta qué punto el Acuerdo Mercosur-UE se ha convertido en una línea de fractura interna.
El texto que se remitirá al TJUE no suspende el acuerdo por razones políticas de fondo, sino por la necesidad declarada de “clarificar el marco legal” antes de dar el siguiente paso. El Parlamento quiere asegurarse de que las obligaciones ambientales, las cláusulas de protección de inversiones, los mecanismos de arbitraje y el reparto de competencias entre la Unión y los Estados miembros encajan dentro del andamiaje jurídico comunitario.
Sin embargo, el impacto político es evidente. Lo que debía ser la fase final de un proceso abierto hace más de 20 años se convierte ahora en una especie de prórroga indefinida. En el mejor de los casos, el dictamen del TJUE será favorable pero condicionado, exigiendo ajustes que obliguen a reabrir capítulos delicados. En el peor, podría plantear incompatibilidades de calado y dar munición a quienes reclaman enterrar el pacto.
El diagnóstico es inequívoco: la UE vuelve a tropezar con su propia complejidad institucional en un momento en que otros actores globales firman acuerdos comerciales a un ritmo mucho más rápido.
Un acuerdo atrapado entre vacas, acero y geopolítica
La votación ajustada es el reflejo de intereses sectoriales enfrentados. Por un lado, los defensores del acuerdo esgrimen el potencial de abrir de forma más profunda los mercados de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay a la industria europea: automoción, maquinaria, bienes de equipo, química, farmacéutica. Para estos sectores, el Mercosur representa un mercado de más de 260 millones de habitantes y un espacio donde la UE podría ganar terreno frente a China y Estados Unidos.
En el otro lado, el sector agrario europeo ve el tratado como una amenaza directa. La entrada con menores aranceles de carne de vacuno, aves, azúcar, etanol y cereales sudamericanos se percibe como un golpe adicional a unas explotaciones que ya operan al límite por costes crecientes, exigencias ambientales y volatilidad de precios. En países con fuerte peso agrícola —Francia, Irlanda, Polonia, partes de España— la resistencia se ha traducido en protestas, tractoradas y presión sobre los eurodiputados.
El resultado es un equilibrio inestable: industria y servicios ven en Mercosur una palanca para incrementar exportaciones en varios miles de millones de euros y reforzar la posición de la UE en América Latina; el campo, en cambio, teme convertirse en la moneda de cambio de esa estrategia.
El frente agrario europeo, en pie de guerra
La decisión de enviar el acuerdo al TJUE se entiende mejor mirando a las calles y carreteras europeas que al hemiciclo de Estrasburgo. En las últimas semanas, organizaciones agrarias han intensificado las protestas contra el tratado, denunciando una competencia “desleal” con productores que operan bajo estándares sanitarios, laborales y ambientales distintos.
El argumento central es conocido: mientras los agricultores europeos afrontan normas cada vez más exigentes —reducción de fitosanitarios, límites de emisiones, protección de biodiversidad—, el Mercosur podría ofrecer productos más baratos al no soportar las mismas obligaciones. El riesgo, advierten, es doble: pérdida de renta en el campo europeo y deslocalización ambiental, trasladando emisiones y presión sobre ecosistemas sensibles a terceros países.
La imagen de un Parlamento aprobando el acuerdo sin más filtros, en plena ola de malestar agrario, resultaba políticamente difícil de sostener. Remitir el texto al TJUE permite a la Eurocámara ganar tiempo, mostrar que “ha escuchado al campo” y, llegado el caso, exigir garantías adicionales sobre el cumplimiento de los capítulos de desarrollo sostenible y lucha contra la deforestación.
Para el sector, sin embargo, la duda persiste: ¿es este frenazo una revisión de fondo o solo una maniobra para desactivar la presión de corto plazo?
El TJUE entra en escena: blindaje jurídico o bloqueo encubierto
La clave jurídica de este movimiento reside en el papel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La consulta busca un dictamen que despeje dos grandes interrogantes:
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Si el acuerdo, tal y como está redactado, respeta las competencias exclusivas y compartidas de la Unión y de los Estados miembros.
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Si los mecanismos previstos —desde protección de inversiones hasta cláusulas ambientales— son compatibles con la Carta de Derechos Fundamentales y otros principios del Derecho de la UE.
En la práctica, el Tribunal no reescribe tratados, pero sí puede establecer límites y condiciones que obliguen a reabrir capítulos sensibles. Un pronunciamiento crítico sobre, por ejemplo, los mecanismos de resolución de disputas entre inversores y Estados, o sobre la fuerza vinculante de las cláusulas climáticas, podría exigir protocolo adicional o anexos interpretativos.
El tiempo es otro factor: dictámenes previos de este tipo han tardado entre 6 y 18 meses. En un contexto geopolítico cambiante, con elecciones europeas, crisis internas en el Mercosur y una agenda global saturada, ese retraso puede traducirse en pérdida de impulso político y en un aumento de la “fatiga de negociación” en ambas orillas del Atlántico.
España, Alemania y Francia: tres miradas distintas a un mismo texto
Aunque la votación se produce a escala europea, el acuerdo se vive de forma muy distinta en las capitales. España, tradicional defensora de un mayor anclaje de la UE en América Latina, ve en Mercosur una oportunidad estratégica para sus empresas de infraestructuras, energía, banca y telecomunicaciones, ya fuertemente implantadas en la región. Al mismo tiempo, parte del campo español —sobre todo ganadería extensiva y ciertos cultivos— teme el impacto de una apertura sin salvaguardas.
Alemania y otros países del norte priorizan el acceso a un gran mercado para su industria y su automoción, pero no pueden ignorar la presión de sectores que exigen coherencia climática y garantías sobre deforestación y estándares laborales.
En Francia, la ecuación es aún más delicada: el peso político del sector agrario, la fuerza de sus sindicatos y la sensibilidad hacia la “soberanía alimentaria” hacen del acuerdo un tema de alta tensión interna. No es casual que París haya encabezado buena parte de las reticencias, condicionando cualquier avance a garantías “concretas y verificables” sobre el Amazonas y otros ecosistemas.
El resultado es una UE que llega a Mercosur sin una voz única: mientras unas capitales empujan, otras pisan el freno. El envío al TJUE cristaliza esa falta de alineamiento.
Mercosur: expectativa, cansancio y riesgo de giro hacia otros socios
Al otro lado del Atlántico, el movimiento del Parlamento Europeo se vive como una nueva dilación tras años de promesas incumplidas. Para los países del Mercosur, el acceso preferente al mercado europeo es una pieza clave de su estrategia de diversificación comercial y atracción de inversión, especialmente en sectores como agroindustria, energía, automoción y servicios avanzados.
El riesgo ahora es doble. En primer lugar, que la prolongación del proceso alimente a las voces internas que consideran que la UE es un socio “lento, exigente e imprevisible”, consolidando un giro hacia acuerdos más ágiles con otros actores, especialmente en Asia. En segundo lugar, que la política interna de algunos países del bloque cambie de signo y se abra la puerta a replantear compromisos ya asumidos.
Si el dictamen del TJUE llega tarde o con condiciones difíciles de aceptar, no puede descartarse un escenario en el que algún socio de Mercosur reabra el debate, exigiendo contrapartidas adicionales o priorizando otros acuerdos. La ventana de oportunidad, evidente hace unos años, podría estrecharse hasta casi cerrarse.
Credibilidad comercial de la UE en juego
Más allá del contenido concreto del tratado, lo que está en cuestión es la credibilidad de la Unión Europea como socio comercial y geopolítico. Cada vez que un acuerdo largo y complejo entra en un laberinto de ratificaciones, consultas jurídicas y vetos cruzados, los interlocutores externos toman nota: negociar con Bruselas exige tiempo, paciencia y capacidad para convivir con cambios de criterio internos.
Los defensores del envío al TJUE argumentan que precisamente este paso refuerza la credibilidad, al garantizar un blindaje jurídico sólido que evitará futuras impugnaciones. Los críticos replican que, en un mundo donde otros bloques cierran acuerdos en cuestión de meses, la UE corre el riesgo de convertirse en un socio de “alta calidad, pero baja fiabilidad temporal”.
