Rutte enfría el “acuerdo” de Trump sobre Groenlandia

Un giro en Davos

La secuencia se ha desarrollado a una velocidad inusual, incluso para los estándares de la política de Trump. El 17 de enero, el presidente estadounidense amenazó con imponer un arancel adicional del 10% —escalable al 25% en junio— a las importaciones procedentes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos, Finlandia y Reino Unido, a los que acusa de boicotear su plan para hacerse con Groenlandia.
El mensaje era claro: o apoyaban la operación o pagarían un precio económico directo.

Cuatro días después, en pleno Foro de Davos, Trump salió a anunciar justo lo contrario. Tras una reunión a puerta cerrada con Rutte, habló de un entendimiento sobre “la defensa del Ártico” y la instalación del futuro escudo antimisiles “Golden Dome” en territorio groenlandés, y comunicó la suspensión de los aranceles previstos para el 1 de febrero.

El giro redujo la tensión en los mercados, que habían reaccionado con caídas notables ante la posibilidad de una nueva guerra comercial transatlántica. Pero la aparente calma duró poco. Rutte, en declaraciones posteriores a AFP, rebajó el entusiasmo: «Ha sido una buena reunión, pero sobre Groenlandia queda aún muchísimo trabajo por hacer».

La consecuencia es evidente: el conflicto no ha desaparecido, solo se ha desplazado del terreno arancelario al diplomático y militar.

Aranceles aplazados, no olvidados

Más allá del gesto temporal, el impacto potencial de la amenaza arancelaria sigue siendo enorme. El comercio de bienes y servicios entre la Unión Europea y Estados Unidos alcanzó en 2024 alrededor de 1,7 billones de euros, lo que equivale a 4.600 millones diarios de intercambios cruzando el Atlántico.

Los ocho países señalados por Trump concentran cerca de la mitad de las exportaciones europeas hacia Estados Unidos, especialmente en automoción, maquinaria, productos químicos y bienes de lujo. Un arancel del 10% que escale hasta el 25% sobre estos flujos supondría encarecer decenas de miles de millones en ventas anuales y golpear cadenas de suministro en toda la UE, incluida España, que participa como proveedor en segmentos clave del automóvil y de la industria química alemana y francesa.

A corto plazo, el anuncio de la suspensión de los aranceles ha devuelto algo de oxígeno a las bolsas y ha reducido la prima de riesgo percibida sobre las empresas más expuestas al mercado estadounidense. Pero, en la práctica, la amenaza sigue escrita en la orden ejecutiva de la Casa Blanca y puede reactivarse si el “marco” sobre Groenlandia no cristaliza en un acuerdo que satisfaga a Trump.

Lo más grave no es solo la factura económica, sino el precedente: la utilización del comercio transatlántico como moneda de cambio para una ambición territorial sobre una isla que ni siquiera forma parte de la UE.

Groenlandia, un territorio diminuto con recursos gigantes

La paradoja del conflicto es que tiene como epicentro a un territorio de apenas 56.500 habitantes, repartidos sobre una superficie de 2,16 millones de kilómetros cuadrados, la isla más grande del planeta.
Pero el foco de Washington no está en su población, sino en lo que hay bajo el hielo.

Groenlandia alberga alrededor de 36 millones de toneladas de tierras raras, de las cuales 1,5 millones se consideran reservas económicamente explotables, lo que sitúa a la isla entre los grandes potenciales proveedores mundiales de minerales críticos para la transición energética y la industria de defensa.
A ello se suman importantes recursos de hidrocarburos y otros minerales estratégicos cuyo valor geológico bruto se ha estimado en hasta 4 billones de dólares, si bien solo una fracción sería realmente explotable con las tecnologías y precios actuales.

Trump ha vinculado ese potencial minero con la idea de desplegar su escudo antimisiles “Golden Dome” en el Ártico y reforzar la presencia militar estadounidense en la isla, bajo el argumento de frenar la influencia de Rusia y China en las rutas árticas.

Este hecho revela que la disputa no es solo económica, sino también geoestratégica: dominar Groenlandia significa controlar uno de los puntos neurálgicos de la seguridad del Atlántico Norte y de las futuras rutas comerciales que abrirá el deshielo.

Rutte matiza el relato de la Casa Blanca

Mientras Trump hablaba de un “acuerdo marco” casi cerrado, Rutte se ha cuidado de no avalar esa narrativa. El secretario general de la OTAN ha subrayado que la cuestión central —la soberanía de Groenlandia, territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca— no se abordó en su encuentro con el presidente estadounidense.

«Lo que discutimos fue seguridad en el Ártico, no la propiedad de Groenlandia», ha trasladado su entorno. En paralelo, dirigentes de Dinamarca y representantes groenlandeses han recordado que ningún acuerdo sobre el futuro de la isla puede cerrarse sin el consentimiento explícito de sus instituciones.

En la práctica, Rutte está intentando un equilibrio delicado: ofrecer a Trump una vía para expresar una victoria política —un marco de cooperación en seguridad ártica, más compromisos de gasto militar europeo, más presencia de la OTAN en el norte— sin legitimar la idea de que la Alianza negocia la compraventa de un territorio de un Estado miembro.

El contraste con el triunfalismo de la Casa Blanca resulta demoledor. Mientras Washington presenta la crisis como resuelta, el mensaje de la OTAN es que solo se ha dado el primer paso de un proceso largo, complejo y lleno de líneas rojas jurídicas y políticas.

El cálculo económico de Washington

Detrás del pulso hay un cálculo económico y político muy claro por parte de Trump. En el frente interno, la idea de incorporar Groenlandia alimenta la narrativa de grandeza nacional y refuerza la imagen de un presidente que “recupera” activos estratégicos para Estados Unidos. En el plano económico, la Casa Blanca ve en la isla una combinación ideal de recursos críticos y posiciones militares avanzadas que reforzarían su liderazgo en la transición energética y en la carrera armamentística de alta tecnología.

Para presionar a Europa, Trump ha elegido la palanca donde el coste se percibe más rápido: los aranceles. La UE exportó en 2024 más de 530.000 millones de euros en bienes a Estados Unidos, con superávit claro a su favor; cualquier bloqueo o encarecimiento de ese flujo repercute directamente en empleo, beneficios empresariales y recaudación fiscal en el continente.

El mensaje implícito es que Washington está dispuesto a sacrificar parte de esa interdependencia si con ello consigue avanzar en su objetivo ártico. Y, al mismo tiempo, lanza una advertencia a Pekín y Moscú: Estados Unidos está dispuesto a asumir costes económicos significativos para asegurar su posición estratégica en el norte.

Europa busca blindarse

Bruselas, por su parte, ha respondido activando sus propias herramientas. La Comisión y varios Estados miembros han puesto sobre la mesa el llamado Instrumento Anticoerción, la “bazuca comercial” que permite a la UE imponer contramedidas —desde restricciones de inversión hasta vetos en contratos públicos— contra países que utilicen el comercio como arma política.

Al mismo tiempo, el Parlamento Europeo ha congelado de facto cualquier avance en un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos mientras persistan las amenazas arancelarias ligadas al dossier de Groenlandia.

Sin embargo, la reacción europea dista de ser homogénea. Países con fuerte exposición exportadora a Estados Unidos temen que una escalada arancelaria golpee a su industria en plena desaceleración y en un contexto de tipos aún elevados. El diagnóstico es inequívoco: la UE necesita mostrar firmeza para evitar que el precedente se repita, pero también calibrar cuidadosamente su respuesta para no agravar una crisis económica que ya ha lastrado el crecimiento y disparado la volatilidad bursátil desde 2025.