El gigante despierta: Bruselas desbloquea Mercosur y deja a Francia sola en su resistencia
La Comisión Europea ha cruzado el Rubicón comercial de la década.
Ursula von der Leyen anunció este viernes que la UE aplicará “provisionalmente” el acuerdo de libre comercio con Mercosur, pese a la oposición expresa de Francia y Hungría y a que el Parlamento Europeo ha enviado el texto al Tribunal de Justicia de la UE en busca de un dictamen legal.
El pacto, firmado el 17 de enero tras más de 25 años de negociaciones, creará una zona de libre comercio de más de 700 millones de personas y eliminará en torno al 90% de los aranceles entre ambas regiones.
El movimiento llega con el campo europeo en pie de guerra por la entrada de carne y otros productos agrícolas latinoamericanos a bajo coste.
Y se produce, además, con un contencioso jurídico abierto que puede tardar hasta dos años en resolverse.
Una decisión que desafía al Parlamento y a varias capitales
El anuncio de Von der Leyen supone un desafío directo a la mayoría ajustadísima del Parlamento que, el 21 de enero, votó por 334 votos a favor y 324 en contra elevar el acuerdo al Tribunal de Justicia de la UE para comprobar su encaje con los Tratados. La consulta se centra, entre otros puntos, en la polémica cláusula de “re-equilibrio”, que permitiría a Mercosur reintroducir aranceles si nuevas normas medioambientales europeas afectan a sus exportaciones.
El Consejo ya había dado el paso político clave el 9 de enero, cuando 21 Estados miembros aprobaron el acuerdo frente al voto contrario de Francia, Hungría, Irlanda, Polonia y Austria, con Bélgica absteniéndose. Desde entonces, la pelota estaba en el tejado de la Comisión, que ahora opta por activar la aplicación provisional, una herramienta prevista en los Tratados pero excepcional en un texto de esta envergadura.
Von der Leyen se apoya en que Argentina y Uruguay han ratificado ya el pacto, lo que activa la cláusula que permite aplicarlo de forma provisional mientras avanzan los procesos internos en los 27 y en los parlamentos de Mercosur. “Cuando ellos estén listos, nosotros estamos listos”, había repetido en las últimas semanas la presidenta de la Comisión. El resultado es una colisión institucional de alto voltaje: jurídicamente posible, políticamente explosiva.
Un gigante comercial de 700 millones de consumidores
En términos económicos, el acuerdo con Mercosur es uno de los mayores de la historia de la UE. El bloque europeo exporta actualmente bienes por unos 45.000 millones de euros anuales a Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, e importa productos por alrededor de 43.000 millones, a los que se suman unos 34.000 millones en servicios. Bruselas calcula que la eliminación de aranceles supondrá un ahorro cercano a los 4.000 millones de euros al año para las empresas europeas.
Los sectores más beneficiados serán automoción, maquinaria, productos químicos, farmacéuticos, agroalimentación de alto valor añadido y servicios. Mercosur eliminará tarifas sobre el 91% de las importaciones procedentes de la UE, mientras que los Veintisiete suprimirán aranceles sobre el 92% de los bienes latinoamericanos, según los últimos datos difundidos por la Comisión y el Consejo.
El pacto tiene además una dimensión geopolítica explícita. Berlín, Madrid y Roma han defendido que Mercosur es clave para asegurar acceso a materias primas críticas y para frenar el avance de China y Estados Unidos en América Latina. Von der Leyen lo ha descrito como “uno de los acuerdos comerciales más trascendentales de la primera mitad de siglo”. Lo más relevante, sin embargo, es que esa ambición estratégica se enfrenta ahora a una fuerte contestación social interna.
El temor del campo europeo: carne barata y doble rasero
El capítulo agrícola es el corazón del rechazo. El texto abre la puerta a la entrada en la UE de 99.000 toneladas de carne de vacuno de Mercosur con un arancel reducido del 7,5%, además de incrementos significativos en cuotas de pollo (hasta 180.000 toneladas) y azúcar, entre otros productos sensibles. Para las organizaciones agrarias, estos volúmenes, sumados al acceso ya otorgado a Ucrania, suponen “una tormenta perfecta” para los precios.
En enero, centenares de tractores bloquearon París y otras capitales europeas en protesta por el acuerdo, los costes de producción y la presión regulatoria. Los agricultores denuncian un “doble rasero”: se les exige cumplir normas estrictas en materia de bienestar animal, pesticidas o trazabilidad mientras se permite la entrada de productos latinoamericanos que no siempre respetan estándares equivalentes.
Las críticas se extienden al terreno medioambiental. ONGs y parte de la comunidad científica alertan de que el acuerdo puede incentivar la deforestación en la Amazonia y en otros biomas si el aumento de la demanda de carne y soja se traduce en más presión sobre el suelo agrícola de Brasil o Paraguay. La respuesta oficial de Bruselas es que el texto incluye un capítulo reforzado de desarrollo sostenible y mecanismos para suspender preferencias si se violan los compromisos climáticos. Pero el diagnóstico del campo es inequívoco: “Si los estándares no son los mismos, la competencia no es leal”.
La batalla jurídica: Luxemburgo tardará hasta dos años
El frente judicial abre otra grieta. La Eurocámara no solo ha mostrado su rechazo político: ha pedido formalmente al Tribunal de Justicia que aclare si el esquema de aplicación provisional respetará el reparto de competencias entre la UE y los Estados miembros y si la cláusula de reequilibrio limita la capacidad regulatoria europea en medio ambiente y salud pública.
Los servicios jurídicos del Parlamento y varios eurodiputados alertan de que aplicar un acuerdo tan amplio mientras pende una duda de legalidad puede generar contratos, inversiones y cadenas de suministro difíciles de deshacer si Luxemburgo acaba señalando incompatibilidades. Un análisis académico reciente advierte de que una eventual anulación obligaría a renegociar compensaciones, levantar preferencias y revisar derechos de propiedad intelectual ya concedidos.
El procedimiento ante el TJUE puede extenderse entre 18 y 24 meses, según distintas estimaciones. La paradoja es evidente: la Comisión defiende Mercosur como prueba de fiabilidad normativa de la UE en el mundo, mientras se expone a un fallo que podría cuestionar tanto el contenido del acuerdo como la forma de aplicarlo. Si el Tribunal avala el esquema, Von der Leyen podrá presumir de victoria jurídica. Si no, la factura para la credibilidad comunitaria será considerable.
Von der Leyen se juega su credibilidad geopolítica
La presidenta de la Comisión lleva meses vinculando su legado a la firma de Mercosur. Según revelaciones de la propia Eurocámara, Von der Leyen llegó a admitir en una reunión interna que “si Mercosur fracasa, podemos olvidarnos de la UE como actor global”. El paso que ha dado hoy responde a esa lógica: demostrar que Bruselas sigue siendo capaz de cerrar acuerdos de gran calibre en plena ola proteccionista.
En su comparecencia, la jefa del Ejecutivo comunitario subrayó que el pacto “corta miles de millones en aranceles” y da a las pymes europeas acceso a mercados y escala “con los que solo podían soñar”, además de otorgar a la UE una “ventaja de primer movimiento” frente a otros bloques. Los defensores del acuerdo insisten en que el coste de no hacerlo sería dejar vía libre a China y a Estados Unidos para fijar las reglas del juego en América Latina.
El contraste con la reacción en las calles resulta demoledor. En Francia, Grecia, Bélgica o Italia, las protestas agrarias han convertido Mercosur en símbolo de una globalización percibida como injusta y de una transición ecológica que recae, sobre todo, sobre el campo europeo. Para los críticos, la apuesta geopolítica de Bruselas se apoya en un capital político interno cada vez más escaso.
Francia y Hungría lideran el frente del no
París se ha situado en primera línea del rechazo. El Gobierno francés ha calificado la aplicación provisional del acuerdo de “forma de violación democrática”, al entender que la Comisión estaría ignorando el mensaje del Parlamento y minimizando el papel de los parlamentos nacionales. Emmanuel Macron ya había advertido de que el acuerdo amenaza la “soberanía alimentaria” y el modelo de explotaciones familiares que vertebra buena parte del territorio francés.
Hungría, por su parte, ha anunciado que votará contra la ratificación y ha amenazado incluso con acciones legales si la UE consuma la aplicación provisional. El primer ministro, Viktor Orbán, acusa a Bruselas de “engañar a los agricultores” y de “burlar a los parlamentos nacionales” mediante un mecanismo que permite poner en marcha Mercosur antes de una ratificación completa.
No están solos. Austria, Irlanda, Polonia, Bélgica y Países Bajos han expresado reservas de distinto calibre, mientras que dentro del propio Parlamento el PPE se ha mostrado contrario a la aplicación provisional, pese a que la Comisión está encabezada por una de sus figuras. El diagnóstico es inequívoco: el acuerdo divide a la UE no solo por ejes ideológicos, sino por fronteras nacionales y sectoriales.
España y Latinoamérica: coches, agro y el reto climático
España ha sido, junto con Alemania, uno de los defensores más firmes del pacto. Para la economía española, Mercosur abre oportunidades claras en automoción, maquinaria, renovables, agroalimentación, vino y aceite de oliva, sectores en los que el acuerdo promete reducir aranceles hoy “prohibitivos” y ofrecer protección reforzada a las indicaciones geográficas.
En sentido inverso, la industria cárnica, parte del cereal y algunas producciones hortofrutícolas miran con preocupación los nuevos contingentes. La clave estará en si los 99.000 toneladas de vacuno y los cupos de pollo y azúcar realmente “inundan” el mercado europeo o se gestionan con los mecanismos de salvaguardia previstos. Para América Latina, el acuerdo supone consolidar el acceso preferente al primer mercado del mundo en renta disponible y atraer inversiones europeas en transición energética e infraestructuras.
El reto climático sobrevuela todo el diseño. Bruselas vende Mercosur como un instrumento para exportar normas verdes y alinear a Brasil y compañía con el Acuerdo de París. Pero la cláusula de reequilibrio que ha encendido las alarmas en el Parlamento revela la tensión de fondo: si Europa endurece su política climática y Mercosur considera que eso perjudica sus exportaciones, podrá pedir compensaciones. El riesgo es que la UE acabe atrapada entre sus objetivos ambientales y los compromisos comerciales recién adquiridos.
Los escenarios que se abren: parches, bloqueo o renegociación
A partir de hoy, el tablero se complica. Un primer escenario pasa por que la aplicación provisional se mantenga durante años, mientras el Tribunal de Justicia delibera y los parlamentos nacionales completan sus ratificaciones. En ese contexto, empresas y agricultores operarán bajo el nuevo marco mientras persiste la incertidumbre sobre su estabilidad jurídica.
Un segundo escenario contempla un choque frontal: el TJUE cuestiona alguna parte sustancial del acuerdo o el Parlamento decide tumbarlo cuando llegue el momento de pronunciarse. El coste de desmontar un tratado ya en funcionamiento sería enorme, tanto para las cadenas de suministro como para la reputación de la UE como socio fiable. Varios analistas advierten de que otros países —como India o Indonesia, con los que Bruselas negocia acuerdos similares— seguirán de cerca el desenlace.
El tercer escenario es una salida intermedia: parches y protocolos adicionales para reforzar garantías medioambientales y agrícolas, con el objetivo de ganar apoyos en Francia, Hungría y otros países reticentes, sin reabrir formalmente el texto central. Lo que está claro es que la decisión de Von der Leyen ha cambiado el orden de los factores: Mercosur deja de ser una promesa lejana y se convierte, desde hoy, en una realidad económica y política que pondrá a prueba la capacidad de la UE para conciliar apertura comercial, protección del campo y legitimidad democrática.
