Corrupción y tragedia en el mayor incendio de Hong Kong en décadas
La Comisión Independiente Contra la Corrupción de Hong Kong (ICAC) ha detenido a ocho personas por su presunta implicación en irregularidades en las obras de renovación del complejo Wang Fuk Court —también citado como Hung Fook Court— en Tai Po, escenario del devastador incendio que ha causado al menos 128 muertos y ha dejado a más de 200 vecinos desaparecidos. Las pesquisas conectan ahora la posible corrupción en el proyecto con fallos de seguridad que habrían amplificado la magnitud de la tragedia.
De la tragedia a la investigación por corrupción
El fuego se declaró el 26 de noviembre en el complejo residencial Wang Fuk Court, un conjunto de ocho torres de 31 plantas en el distrito de Tai Po, en los Nuevos Territorios de Hong Kong. En cuestión de minutos, las llamas treparon por el entramado de andamios de bambú y redes de protección que envolvían los edificios por unas obras de renovación exterior, hasta convertir siete de los bloques en una sola pared de fuego visible a kilómetros.
Las autoridades cifran por ahora en 128 los fallecidos, con al menos 79 heridos y más de 200 personas aún desaparecidas, en lo que ya se considera el incendio residencial más mortífero de la ciudad desde 1948. Entre las víctimas hay un bombero que murió durante las labores de rescate. El caso ha reavivado el debate sobre la seguridad en la vivienda pública y la regulación de las obras de rehabilitación de grandes complejos residenciales.
Las primeras investigaciones apuntan a una combinación letal: materiales altamente inflamables en paneles y sellados exteriores, andamiaje continuo entre bloques y sistemas de alarma contra incendios que no funcionaron adecuadamente, lo que habría retrasado la evacuación de cientos de residentes, muchos de ellos ancianos.
Quiénes son los ocho arrestados
En este contexto, la ICAC anunció la detención de ocho personas en el marco de una investigación por presunta corrupción vinculada al proyecto de renovación de Wang Fuk Court. Se trata de siete hombres y una mujer de entre 40 y 63 años: cuatro directivos de la empresa consultora de ingeniería responsable del proyecto, dos jefes de obra encargados de supervisar los trabajos, un subcontratista de andamiaje y un intermediario.
Según el comunicado de la ICAC, el organismo ha creado un grupo especial de investigación para analizar posibles sobornos, amaños en la adjudicación del contrato y manipulación de especificaciones técnicas relacionadas con el andamiaje, los materiales de recubrimiento y las medidas de protección contra incendios. El foco no está solo en la cadena de mando de la obra, sino también en el proceso de licitación y en la supervisión de las autoridades públicas sobre un proyecto que llevaba más de un año en marcha.
Licitaciones bajo sospecha y quejas ignoradas
Medios locales señalan que los residentes de Wang Fuk Court llevaban tiempo denunciando opacidad en los costes de la renovación, retrasos continuos y dudas sobre la calidad de los trabajos, incluidas quejas sobre la densidad de los andamios y la acumulación de materiales en las fachadas. Algunas informaciones hablan ya de posibles amaños de licitación y sobrecostes en el contrato de rehabilitación, ahora en el centro de las pesquisas anticorrupción.
El devastador incendio ha convertido esas sospechas en una cuestión de enorme interés público. El uso extensivo de andamios de bambú, combinado con paneles y espumas inflamables en ventanas y juntas, habría creado un “efecto chimenea” que permitió que el fuego se propagara con una rapidez inusual entre los bloques, un patrón que recuerda a grandes tragedias de otros países, como el incendio de la torre Grenfell en Londres.
Tras la tragedia, el Gobierno hongkonés se ha apresurado a anunciar inspecciones masivas en otros complejos en obras y a estudiar la sustitución progresiva del bambú por estructuras metálicas en proyectos públicos, una demanda que llevaba años sobre la mesa de expertos y asociaciones de residentes.
Un incendio que sacude la confianza en las instituciones
El fuego de Tai Po no solo ha dejado un reguero de víctimas y familias rotas; también ha golpeado la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de velar por la seguridad en la vivienda pública. Más del 40% de los residentes de Wang Fuk Court son personas mayores, según datos oficiales, muchas de ellas con movilidad reducida y pocos recursos para rehacer su vida en otro lugar.
El Gobierno ha anunciado la creación de un fondo de apoyo de 300 millones de dólares hongkoneses para los afectados y la puesta en marcha de alojamientos de emergencia y asistencia psicológica. Sin embargo, las asociaciones vecinales y organizaciones de derechos humanos insisten en que las indemnizaciones no pueden sustituir a una rendición de cuentas real sobre cómo se gestionaron las obras y por qué fallaron los mecanismos de control.
Lo que viene ahora: la prueba de fuego del sistema
Las investigaciones avanzan en dos frentes: por un lado, la policía, que ya ha detenido a directivos de empresas constructoras por homicidio imprudente y negligencia grave; por otro, la ICAC, que intenta desentrañar si la cadena de decisiones que rodeó la renovación de Wang Fuk Court estuvo contaminada por corrupción sistémica.
El caso se perfila como una prueba de fuego para Hong Kong: medir hasta qué punto está dispuesta la ciudad a enfrentarse a intereses económicos poderosos y a reformar de raíz la regulación de la vivienda pública y las grandes rehabilitaciones. Para las familias de las víctimas, el mensaje es contundente: no basta con señalar a un capataz o a un subcontratista, quieren que se depuren responsabilidades en toda la cadena, desde la adjudicación del contrato hasta la supervisión oficial.
Mientras tanto, en los alrededores de Tai Po, las columnas de humo han desaparecido, pero la imagen de las torres envueltas en llamas se ha convertido ya en un símbolo de algo más profundo: lo que ocurre cuando la búsqueda de ahorro y la falta de controles se imponen a la seguridad de quienes viven puerta por puerta en la vivienda pública.
