MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
El Consejo General de Economistas ha advertido este martes de que la nueva ley de vivienda, aprobada por el Gobierno y convalidada por el Congreso de los Diputados, puede bloquear el acceso a la vivienda en alquiler a los sectores con menos niveles de renta.
Durante un coloquio sobre la nueva Ley por el derecho a la vivienda organizado este martes, expertos reunidos por el Consejo General de Economistas han coincidido en que el control de precios provocará una reducción de la oferta, multiplicará los “castings” inmobiliarios y expulsará del mercado del alquiler a las familias con menos recursos económicos.
Asimismo, los economistas consideran que la definición de gran tenedor desalentará a los propietarios con un cierto número de viviendas, y que el reducido tamaño del parque de alquiler en España y su dispersión espacial y tipológica limitan la fiabilidad de los índices de referencia para la fijación de precios.
También han advertido del incremento de la inseguridad jurídica como consecuencia del aumento de las medidas de protección frente a los desahucios. No obstante, valoran positivamente algunos mecanismos introducidos por la ley, como la nueva tipología de vivienda asequible incentivada o los cambios en los beneficios fiscales a los propietarios.
El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, ha lamentado que esta ley “no ha sido suficientemente debatida durante su tramitación”. “Un marco de política de vivienda estable en el tiempo, similar a las de los principales países de la UE, solo es posible mediante un pacto de Estado entre los principales partidos políticos”, ha señalado el presidente de los economistas, quien ha añadido que “en el actual marco Constitucional, es imposible trazar una línea clara de división entre competencias del Estado y de las autonomías en materia de vivienda y urbanismo”.
PROPUESTAS DE MEJORA DE LA LEY
Recogiendo las sugerencias de los expertos, el Consejo General de Economistas de España ha expuesto una serie de propuestas de medidas concretas que podrían ayudar a mejorar esta ley, entre las que destacan, abandonar cualquier medida que suponga la introducción de controles sobre los niveles de precios de alquiler o proteger de forma efectiva los derechos de los propietarios que ponen sus viviendas en alquiler.
También han sugerido aportar suelo público para la construcción de viviendas destinadas al alquiler a precios accesibles; proporcionar incentivos a la iniciativa privada para la promoción de vivienda asequible; establecer un sistema de subsidio para alquileres para las familias con menores rentas; y simplificar y reducir los plazos de gestión administrativa, así como rebajar significativamente los impuestos que gravan a la vivienda.
