En los últimos ocho años se han licitado contratos por 3.500 millones, una tercera parte de los que se licitó en 2010
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El Instituto de Estudios Económicos (IEE) y la patronal de las empresas constructoras Seopan han denunciado que el modelo concesional en España sufre un periodo de “sequía”, ya en los últimos ocho años se ha licitado por valor de 3.500 millones de euros, una tercera parte de lo que se licitó en España en 2010.
Durante la presentación del estudio número dos de la Revista del Instituto de Estudios Económicos 2023, el presidente de Seopan, Julián Núñez, y el presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Íñigo Fernández de Mesa, ha hecho un llamamiento a fomentar este modelo de contratación, que en los últimos años ha decaído debido a cuestiones regulatorias.
Así, han indicado que el modelo concesional presenta una serie de ventajas. Entre ellas, la existencia de una relación positiva entre el capital público per cápita y el PIB per cápita en las economías avanzadas, lo que se refleja en un mayor bienestar.
En este aspecto, Fernández de Mesa ha apuntado que en la Unión Europea los países nórdicos y del centro lideran estas métricas en comparación con los del sur y este. En el caso de España, el país presenta un capital público per cápita en más de un 25% por debajo del promedio de la UE, aunque su PIB per cápita se sitúa solo por debajo de un 10% del promedio comunitario.
Asimismo, han señalado la evidencia empírica de que el aumento del stock de capital público y la competitividad de las infraestructuras están positivamente correlacionadas con el crecimiento económico a largo plazo, y que existe una correlación positiva entre la inversión sostenida en infraestructuras y el crecimiento económico de una nación, así como en la reducción de desigualdades a medida que se acumula capital a lo largo del tiempo.
GASTO PÚBLICO “CLARAMENTE INSUFICIENTE” EN INFRAESTRUCTURAS
En lo que gasto público se refiere, el informe revela que el gasto público en infraestructuras durante los últimos años ha sido “claramente insuficiente” y que la inversión anual debió ser aproximadamente 1.300 millones de euros más alta en el período 2014-2022 para mantener el capital público en infraestructuras.
Del mismo modo, entre 2014 y 2021 la inversión pública a través de la contratación público privada (CPP) alcanzó alrededor de 6.300 millones de euros, según datos de Seopan, una cifra que Fernández de Mesa ha tildado también de “insuficiente” para compensar la depreciación estimada en este tipo de infraestructuras, que requeriría aproximadamente 2.400 millones.
30.000 MILLONES MÁS PARA IGUALAR LA INVERSIÓN PRECOVID
“Si se hubiera manteniendo constante la cuantía de gasto en colaboración público-privada previo a la crisis, el total de los recursos hubiera tenido que ser de 30.000 millones más que los ejecutados en este periodo”, ha indicado.
Durante la presentación del estudio, el presidente de Seopan ha asegurado que dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la adenda financiera, dotada de 66.000 millones de euros en préstamos financieros, representa un “oportunidad” para la colaboración pública privada.
Entre ellos, Núñez ha destacado el fondo de resiliencia autonómico, dotado con 20.000 millones de euros para financiar infraestructuras económicas dentro de las autonomías y entidades locales. “Pensamos que puede presentar una gran oportunidad porque hay una gran cantidad de proyectos planificados en este ámbito”, ha indicado.
APROVECHAR LOS PRÉSTAMOS DE LA ADENDA
Por ello, tanto el IEE como Seopan han abogado por fomentar la colaboración público privada para restablecer los niveles necesarios de inversión pública en infraestructuras y brindar la oportunidad de financiar proyectos que, de otro modo, estarían limitados por restricciones presupuestarias.
“A todas luces el modelo concesional es el más coherente, ya que incluye ventajas, como la integración del ciclo de vida de un proyecto en un solo agente, la eficiencia de repartir los riesgos entre el sector público y privado, los incentivos sector privado para adaptarse a presupuestos y plazos y la mejora de calidad y servicios, que es por lo que debemos medir la prestación de una infraestructura”, ha añadido Núñez.
