Inspectores de la Hacienda local advierten de “riesgos” por las incertidumbres de la nueva plusvalía

Prevén una oleada de recursos de inconstitucionalidad y alertan de que se agravará la inseguridad jurídica

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local (ANIHPL) ha advertido de que la entrada en vigor de la nueva plusvalía podría suponer un “riesgo” para los contribuyentes por las incertidumbres generadas con la sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de octubre y la regulación legal del impuesto aprobada mediante Real Decreto-Ley.

En este marco, los Inspectores de la Hacienda local han lamentado que los ayuntamientos hayan sido “ignorados” en la reforma del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU) para adecuarlo a la sentencia del Tribunal Constitucional.

“Máxime teniendo en cuenta la trascendencia del texto definitivo en las arcas municipales, cuya merma deberá compensar el Estado, lo que disparará aún más el déficit público”, ha avisado la asociación.

AVISAN DE LA “OLEADA” DE RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD

Los Inspectores de la Hacienda local consideran que la reforma legal de la plusvalía municipal llega “cuatro años tarde”, al tiempo que han criticado que las prisas de última hora han llevado a una regulación por Real Decreto Ley que “dará lugar a una oleada de recursos de inconstitucionalidad”.

Asimismo, sostienen que desde la primera sentencia del Tribunal Constitucional del año 2017 se ha generado una “incertidumbre innecesaria” que ha perjudicado la seguridad jurídica de los contribuyentes y de la Administración, así como la labor diaria de los funcionarios locales, en especial del personal inspector que debe tratar directamente con los ciudadanos en su labor de lucha contra el fraude fiscal.

En este sentido, la asociación apunta que los términos acerca del alcance de la sentencia del Tribunal Constitucional del 26 de octubre y la regulación cuya entrada en vigor ha tenido lugar el 10 de noviembre vaticinan nuevos conflictos que deberán ir resolviendo los Tribunales de Justicia con la consecuente inestabilidad que tanto perjuicio causa a ciudadanos y entidades locales.

No obstante, admite que en el Real Decreto Ley que ahora entra en vigor se atiende en mayor medida al principio de capacidad económica y que algunas novedades como la tributación de transmisiones inferiores a un año, en muchas ocasiones puramente especulativas, sí satisfacen anteriores propuestas municipales y principios de justicia tributaria.

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