Trump ordena desclasificar miles de archivos secretos sobre OVNIs
La Casa Blanca ha dado un giro inesperado en uno de los asuntos más sensibles y rodeados de mito de la política estadounidense. Donald Trump ha anunciado que ordenará la desclasificación y publicación de archivos secretos sobre OVNIs y fenómenos aéreos no identificados (UAP), una materia que durante más de medio siglo ha alimentado teorías de la conspiración, sospechas sobre el “deep state” y dudas sobre la transparencia del Gobierno. El mensaje, difundido a través de su red social Truth Social, instruye al secretario de Guerra, Pete Hegseth, y a varias agencias federales a identificar y liberar progresivamente los documentos. El movimiento llega en un momento de máximo interés ciudadano en la posible existencia de vida extraterrestre, tras años de filtraciones de vídeos militares y audiencias en el Congreso. Pero, más allá del impacto mediático, la decisión abre una batalla silenciosa entre transparencia, seguridad nacional y cálculo político.
Un anuncio inesperado en plena batalla política
El anuncio no se produce en el vacío. Trump lo vincula explícitamente a los recientes comentarios de Barack Obama, quien en un podcast sugirió que, por pura probabilidad estadística, es razonable pensar que pueda existir vida en otros planetas, aunque recalcó que no ha visto pruebas ni durante ni después de su presidencia.
El actual presidente ha aprovechado esa declaración para acusar a Obama de haber revelado información sensible, insinuando que el demócrata habría ido demasiado lejos al hablar de extraterrestres. Acto seguido, Trump se erige en defensor de la transparencia, prometiendo desclasificar archivos para, según su versión, “sacar a Obama de problemas”. El mensaje encaja con su estrategia clásica: confrontación con sus antecesores, desconfianza hacia el aparato burocrático y apelación directa a la opinión pública.
Sin embargo, el contexto es más complejo. Trump arrastra su propio historial de polémicas por el uso de información clasificada, desde la investigación por documentos hallados en su residencia hasta revelaciones a terceros durante su primer mandato. Que precisamente él lidere ahora la gran operación de transparencia sobre OVNIs añade una capa de sombra: ¿acto de rendición de cuentas o maniobra para cambiar de conversación y reforzar su relato contra el “estado profundo”? El diagnóstico, de momento, es ambiguo.
Qué documentos están realmente en juego
Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Guerra han publicado aún un inventario detallado de los archivos que se verán afectados. Pero sí hay algunas pistas. Según las informaciones difundidas por agencias y medios estadounidenses, la orden de Trump alcanzaría expedientes sobre objetos voladores no identificados, fenómenos aéreos no explicados, comunicaciones internas sobre avistamientos y análisis técnicos de inteligencia militar recopilados durante décadas.
En la práctica, esto podría abarcar desde los famosos vídeos de la Marina filtrados en 2017 hasta informes sobre incidentes en bases aéreas, registros de radares y evaluaciones de la Fuerza Aérea y de la CIA. La clave estará en cuánta información cruda se publica frente a cuántos documentos llegarán fuertemente editados o con partes tachadas.
Lo más relevante es que, hasta ahora, el Gobierno federal había admitido la existencia de fenómenos sin explicación clara, pero siempre evitando vincularlos con tecnología extraterrestre. La desclasificación, si se hace de forma amplia, permitirá comprobar hasta qué punto los informes internos manejan hipótesis convencionales —drones, globos, fallos de sensores— o contemplan escenarios más extraordinarios. La consecuencia directa es evidente: un cambio cualitativo en la conversación pública sobre uno de los grandes enigmas contemporáneos.
La compleja maquinaria de la desclasificación
El anuncio político cabe en un post de Truth Social. La ejecución administrativa, no. El propio Trump ha admitido que se trata de documentos “altamente complejos”, lo que anticipa un proceso largo y plagado de fricciones internas.
En teoría, el mandato presidencial obliga a que el Departamento de Guerra, las agencias de inteligencia y otros organismos federales revisen sus archivos, identifiquen los documentos relevantes y determinen qué puede hacerse público sin comprometer operaciones, fuentes o capacidades tecnológicas. Ese filtro suele convertir la desclasificación en una carrera de obstáculos, con informes que salen incompletos, redactados o con años de retraso.
La experiencia reciente con otros procesos —como los papeles del asesinato de John F. Kennedy o determinados informes sobre operaciones en Oriente Medio— demuestra que una orden de desclasificación no equivale a transparencia total. Los departamentos pueden invocar excepciones de seguridad nacional, pedir prórrogas o alegar que ciertos datos deben seguir protegidos. El riesgo es evidente: que el anuncio se traduzca en una liberación parcial, cuidadosamente curada, que deje más preguntas que respuestas.
Transparencia selectiva y cálculo electoral
La decisión de Trump llega en un momento de máxima polarización interna y con la próxima campaña electoral en el horizonte. El presidente sabe que el 56% de los estadounidenses cree que los extraterrestres existen, según encuestas recientes, y que todo lo relacionado con OVNIs genera un interés mediático y emocional muy superior al de la política fiscal o regulatoria.
En ese contexto, el movimiento tiene un evidente componente político. Al presentarse como el líder que “se atreve” a romper décadas de silencio, Trump refuerza su narrativa contra las élites de Washington y envía un mensaje directo a millones de votantes desencantados con la opacidad del sistema. A la vez, desplaza del foco otros frentes más incómodos de su mandato, desde las investigaciones judiciales hasta las polémicas decisiones en política exterior.
La transparencia, por tanto, corre el riesgo de ser selectiva: se enseña lo que conviene políticamente, se oculta lo que pueda dañar la imagen del líder. Para los mercados y para los aliados internacionales, este uso instrumental de la información clasificada introduce un factor de incertidumbre adicional sobre la previsibilidad de la Casa Blanca.
Lo que dicen de verdad los informes oficiales sobre vida extraterrestre
Más allá del ruido, los documentos ya publicados en los últimos años apuntan en una dirección bastante sobria. Los informes del Pentágono y de la oficina especializada AARO concluyen que, aunque hay cientos de incidentes no explicados de forma definitiva, no se ha hallado evidencia de tecnología no humana ni de contacto con civilizaciones extraterrestres.
La mayor parte de los casos investigados acaban atribuyéndose a drones, globos, fenómenos atmosféricos, errores de sensor o incluso a sistemas de vigilancia de potencias rivales. Los responsables militares insisten en que el problema es ante todo de seguridad aérea y de inteligencia, no de ciencia ficción. En 2024, un estudio exhaustivo presentado al Congreso fue claro: no hay pruebas verificables de actividad extraterrestre en los datos analizados.
Este precedente es clave para interpretar lo que pueda venir ahora. La probabilidad de que la nueva desclasificación revele “platillos volantes” o cuerpos alienígenas es extremadamente baja. Mucho más plausible es que aflore un mosaico de incidentes mal documentados, errores humanos y lagunas en los sistemas de vigilancia. El verdadero escándalo podría no ser la existencia de extraterrestres, sino la evidencia de años de descoordinación, burocracia y fallos de inteligencia.
Riesgos para la seguridad y para la credibilidad institucional
La publicación masiva de documentos sensibles nunca es neutra. En el plano de seguridad, Estados Unidos se arriesga a exponer capacidades técnicas, patrones de vigilancia y lagunas que podrían ser explotadas por adversarios estratégicos. No hace falta que haya naves extraterrestres: saber qué ve, qué no ve y cómo interpreta sus sensores el Pentágono es información valiosa para cualquier potencia.
El segundo riesgo es reputacional. Si la desclasificación confirma que durante décadas se exageraron amenazas, se ocultaron errores graves o se despreciaron testimonios internos, la consecuencia será un nuevo golpe a la confianza ciudadana en las instituciones. Y si, por el contrario, los documentos confirman que los responsables actuaron con prudencia y rigor, pero el proceso se presenta como una “gran revelación”, la sensación de decepción puede ser igualmente corrosiva.
Lo más grave sería que, en lugar de cerrar teorías conspirativas, el goteo de documentos parciales alimentara aún más las sospechas. Cada línea tachada puede convertirse en combustible para nuevas narrativas de ocultación, sobre todo en el ecosistema digital actual.
El contraste con otras grandes desclasificaciones en EEUU
Estados Unidos tiene una larga tradición de desclasificaciones tardías y parciales. Los archivos de Vietnam, de la Guerra Fría o del propio caso Kennedy ilustran un patrón: la transparencia casi nunca es completa, llega a destiempo y suele estar condicionada por intereses políticos del momento.
En el ámbito de los OVNIs, ya hubo pasos previos. La Marina reconoció oficialmente en 2019 la autenticidad de varios vídeos de objetos no identificados, y el Congreso celebró en 2022 audiencias históricas sobre el fenómeno. Pero hasta ahora nunca se había planteado una orden tan amplia y explícita como la que anuncia Trump.
El contraste con la gestión de otras administraciones es claro. Obama optó por un enfoque prudente y casi escéptico en público. Otros presidentes prometieron “mirar” los archivos de Roswell o del Área 51, pero nunca convirtieron esa curiosidad en política de Estado. Trump, en cambio, une el gesto simbólico con su estilo habitual: rapidez en el anuncio, vaguedad en los detalles y confrontación con quienes le precedieron.
