La Audiencia de Madrid ratifica la imputación de Begoña Gómez por malversación

El mundo político español ha recibido un nuevo seísmo judicial. La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido mantener la imputación por malversación de caudales públicos contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, y contra su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.
El tribunal ha desestimado los recursos de ambas, avalando la línea de investigación del juez Juan Carlos Peinado y subrayando que las conductas descritas “parecen encajar en la figura delictiva de la malversación”.
Se trata de un revés de alto voltaje para la Moncloa en un contexto en el que el PSOE arrastra una decena de causas por corrupción abiertas en distintos frentes judiciales.
La gran incógnita ahora es si este auto será solo un episodio más de una larga instrucción o el punto de inflexión que marque la legislatura.

Una resolución que sacude a La Moncloa

El auto conocido este 19 de diciembre de 2025 confirma que la investigación contra Begoña Gómez y su asesora no es un mero expediente efímero. La Audiencia Provincial ha rechazado los recursos de ambas y ha avalado, punto por punto, la decisión del juez Peinado de citarlas como investigadas por malversación de caudales públicos.

El tribunal considera que hay indicios suficientes para seguir indagando si la asesora de Gómez, contratada y remunerada con fondos de Presidencia del Gobierno, realizó trabajos que nada tenían que ver con sus funciones oficiales, sino con la actividad académica y de captación de recursos ligada a la cátedra extraordinaria que la esposa del presidente codirigía en la Universidad Complutense de Madrid.

El contraste con otros investigados en la misma causa es especialmente revelador. Solo un día antes, la propia Audiencia obligó a Peinado a archivar la investigación contra el delegado del Gobierno en Madrid, al considerar que su imputación se basaba en “meras suposiciones” sin indicios sólidos.
En el caso de Gómez y Álvarez, en cambio, los jueces ven indicios suficientes como para mantener el foco judicial. El mensaje para La Moncloa es inequívoco: el procedimiento ya no puede presentarse solo como una excentricidad de un instructor aislado.

Qué investiga realmente el juez Peinado

La pieza en la que se mantiene imputada a Begoña Gómez gira en torno a un posible uso irregular de recursos humanos pagados por el Estado. Según los autos y los informes de la Guardia Civil, se investiga si Cristina Álvarez, asesora de Gómez en Presidencia, habría dedicado parte significativa de su jornada a gestionar asuntos vinculados a la cátedra que la esposa de Sánchez dirigía en la Complutense, incluyendo contactos con empresas patrocinadoras y tareas de coordinación académica.

Un exvicerrector de la universidad ha aportado a la causa 231 correos electrónicos que, según su versión, probarían ese trasvase de tiempo y recursos desde Moncloa a la cátedra, así como gestiones con al menos una quincena de potenciales patrocinadores.
La hipótesis de trabajo es que, de confirmarse, ese uso privado de una asesora pública encajaría en la malversación, al destinarse fondos del Estado a fines ajenos a la función oficial.

Todo ello se inserta en un sumario más amplio donde Peinado ha llegado a imputar a Gómez cinco delitos (tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y malversación) vinculados tanto a la Complutense como al rescate de Air Europa y a contratos públicos del empresario Juan Carlos Barrabés.
La Fiscalía, sin embargo, ha pedido el archivo de la causa por la mayoría de estos tipos penales al entender que se apoyan en recortes de prensa y sospechas genéricas, sin “elemento objetivo” suficiente, lo que añade una capa adicional de tensión entre el Ministerio Público y el juez instructor.

La malversación, un delito con fuerte carga simbólica

El delito de malversación de caudales públicos es una de las figuras centrales de la lucha contra la corrupción en España. Implica que una autoridad o funcionario dispone indebidamente de fondos o bienes públicos, ya sea apropiándoselos o destinándolos a usos distintos de los previstos, con ánimo de obtener un beneficio propio o para terceros.

Tras la reforma del Código Penal de 2022, la malversación distingue entre conductas apropiativas y desvíos de uso, con penas que oscilan entre 2 y 6 años de prisión e inhabilitación de 6 a 10 años en los supuestos básicos, y hasta 8 años de cárcel y 20 de inhabilitación en los casos agravados de grave perjuicio económico.
Es decir, no se trata de un delito menor: una condena firme cerraría de inmediato cualquier carrera política o institucional.

La carga simbólica es aún mayor por el contexto. En los últimos años, el Tribunal Supremo ha confirmado condenas por malversación a cargos relevantes —como el exalcalde socialista de Linares, sentenciado a tres años de prisión por desviar 125.000 euros en sobresueldos—, consolidando la idea de que la gestión desviada del dinero público no queda impune.
Que la esposa del presidente del Gobierno esté siendo investigada precisamente por este tipo penal sitúa el caso en un plano especialmente sensible para la opinión pública.

Moncloa, entre la defensa cerrada y el desgaste

Desde el entorno del Gobierno, la línea oficial se mantiene: plena confianza en la inocencia de Begoña Gómez y denuncia de una “campaña de acoso” y “persecución política” contra el presidente y su familia. El propio Sánchez ha insistido en que su esposa y su hermano “son inocentes” y ha reclamado que, cuando se demuestre, se dé a esa absolución la misma relevancia mediática que hoy tienen las acusaciones.

El PSOE y sus socios hablan abiertamente de “lawfare” y de utilización de los tribunales como arma política, señalando a determinados medios y organizaciones denunciantes como parte de una ofensiva para derribar al Gobierno por la vía judicial cuando no lo consiguieron en las urnas.
Gómez, por su parte, se ha presentado en la Asamblea de Madrid como víctima de una “persecución política” articulada a base de “bulos” y denuncias encadenadas, defendiendo una trayectoria profesional de más de 25 años en el ámbito académico.

Sin embargo, el coste político se acumula. Cada nuevo auto, cada filtración de correos o informes de la UCO alimenta la sensación de un Gobierno acorralado por causas judiciales en su entorno, en un momento en el que el PSOE ya afronta al menos diez investigaciones por distintos casos de corrupción que afectan a exministros, altos cargos y estructuras del partido.
El desgaste es lento, pero constante.

La oposición afila el discurso anticorrupción

La decisión de la Audiencia de Madrid ha dado nuevas municiones a la oposición. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, viene utilizando el caso para sostener que Sánchez está rodeado de “presunta delincuencia” y que su responsabilidad política está “gravemente comprometida”.
El hecho de que la investigación apunte a un presunto uso indebido de fondos públicos encaja a la perfección en el guion anticorrupción que los populares quieren proyectar sobre la legislatura.

En paralelo, la batalla se libra también en el plano parlamentario. En la Asamblea de Madrid, el PP ha impulsado una comisión de investigación sobre la relación de Gómez con la Complutense, que la izquierda denuncia como un “show” partidista y una prolongación de la ofensiva judicial por otros medios.
Vox, por su parte, ha llevado incluso esa comisión al Tribunal Constitucional, buscando blindar su capacidad de presión en la cámara madrileña.

El contraste es llamativo: mientras el Gobierno intenta encuadrar la causa en un relato de persecución, la oposición la presenta como la prueba definitiva de una degradación institucional del sanchismo. La Audiencia, al avalar la investigación por malversación, inclina por ahora la balanza narrativa hacia este segundo marco.

Justicia lenta, legislatura corta

Más allá del ruido político, el calendario judicial juega su propia partida. El juez Peinado ha llegado a plantear que la eventual causa por malversación contra Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular, una decisión avalada por la Audiencia y que introduce un elemento de máxima exposición mediática si la causa llega a juicio oral.

Estos procedimientos no se resuelven en semanas. La práctica judicial apunta a años de instrucción, recursos y posibles piezas separadas, especialmente en casos complejos de corrupción y malversación. Es razonable pensar que el caso Gómez podría prolongarse más allá de la propia legislatura, coexistiendo con campañas electorales, negociaciones presupuestarias y eventuales reconfiguraciones de mayorías.

Mientras tanto, la Fiscalía mantiene su petición de archivo para buena parte de los delitos inicialmente imputados y ha cuestionado abiertamente la solidez de las acusaciones, lo que augura un pulso prolongado entre el Ministerio Público y el juzgado de instrucción.