Delcy Rodríguez asume la Presidencia interina mientras Maduro sigue detenido en Nueva York

La crisis institucional en Venezuela ha entrado en una fase inédita. Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y su traslado a Nueva York, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha ordenado que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, sea nombrada presidenta interina. El propio alto tribunal admite que la situación “no está prevista en la Constitución”, pero justifica el movimiento por la necesidad de aportar “certeza constitucional” en un escenario que considera de “extrema gravedad”.

Rodríguez, que controla el aparato de seguridad y el sector petrolero, asume así el mando formal del Estado mientras insiste en que Maduro sigue siendo el presidente legítimo y califica la operación de Washington como “grave agresión militar”. Desde la Casa Blanca, sin embargo, Donald Trump sostiene que la nueva jefa de Estado está “lista para cooperar” con su administración.

El resultado es un doble poder de facto: un mandatario detenido y procesado en Estados Unidos y una presidenta interina cuyo nombramiento nace de un encaje jurídico excepcional, en un país donde las instituciones ya arrastraban años de cuestionamiento interno y externo.

Today we reiterate our partnership with the Russian Federation in welcoming FM Sergey Lavrov. Venezuela and Russia are committed to respect for multilateralism, which rejects factual powers and undoubtedly coercive, illicit and illegitimate measures https://t.co/DyyfDIj1OE

— Delcy Rodríguez (@DRodriguez_en) February 8, 2020

Un nombramiento de urgencia en un vacío constitucional

La decisión del TSJ reconoce abiertamente algo que pocas veces se verbaliza desde las altas instancias chavistas: la Constitución venezolana no contempla el supuesto de un presidente capturado por una potencia extranjera y trasladado al exterior para ser juzgado. Ante ese vacío, el tribunal afirma que la crisis “requiere certeza constitucional debido a la extrema gravedad que amenaza la estabilidad del país”.

En esa lógica, los magistrados ordenan que Delcy Rodríguez asuma “temporalmente” la Presidencia para “garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la Nación”. Es decir, el Supremo se otorga la capacidad de redefinir de facto la línea sucesoria más allá de lo previsto formalmente.

El gesto no es menor. Supone una reinterpretación expansiva del marco constitucional en un contexto donde el propio TSJ ha sido acusado durante años de actuar como correa de transmisión del Ejecutivo. El mensaje de fondo es claro: ante una amenaza percibida como externa, el aparato institucional está dispuesto a flexibilizar las reglas para blindar la continuidad del proyecto político, incluso a costa de profundizar las dudas sobre su propia legitimidad.

El TSJ se blinda junto al chavismo

El fallo del Supremo debe leerse también como un intento de blindar al TSJ ante un eventual cambio de ciclo político. Al situarse como árbitro central en la sucesión y presentar su decisión como un acto de “defensa de la estabilidad”, el tribunal busca justificar su papel frente a eventuales acusaciones futuras de colaboración con un régimen cuestionado.

La sentencia explicita dos objetivos:

• Evitar un vacío de poder que pueda precipitar divisiones internas o una intervención más directa de Washington.

• Consolidar a una figura plenamente integrada en la cúpula chavista, evitando que la Presidencia recaiga en actores menos controlables.

Que el propio TSJ admita que la situación no está prevista en la Carta Magna revela, sin embargo, el grado de tensión institucional. El riesgo es evidente: cuanto más se fuerzan los límites constitucionales, mayor es la brecha de confianza con una ciudadanía que ya venía expresando altos niveles de abstención y descreimiento. La paradoja es que una medida que se presenta como generadora de “certeza” puede terminar profundizando la sensación de excepcionalidad permanente.

Delcy Rodríguez: de número dos a jefa del Estado

El ascenso de Delcy Rodríguez a la Presidencia interina no es un salto en el vacío. La vicepresidenta venía acumulando poder en tres frentes clave: seguridad, petróleo y aparato legislativo, a través de la influencia de su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.

Abogada, ex canciller y figura de línea dura, Delcy ha sido durante años uno de los rostros más combativos del chavismo frente a la comunidad internacional. Bajo su órbita se han situado servicios de inteligencia, cuerpos policiales y empresas públicas estratégicas, especialmente en el sector energético. En la práctica, el TSJ coloca al frente del Estado a alguien que ya controlaba una parte sustancial del poder real.

Su perfil sugiere una Presidencia interina poco inclinada a concesiones rápidas. La propia reacción a la operación estadounidense —calificada por Rodríguez como “agresión militar de enorme gravedad”— apunta a una postura firme frente a las presiones externas, al menos en el discurso. Al mismo tiempo, su interlocución reciente con Washington, reconocida por Trump como “graciosa” y “cooperativa”, muestra que la vicepresidenta maneja varios registros según el foro y el público.

Maduro en Nueva York: el origen inmediato de la crisis

La designación de Rodríguez no puede entenderse sin la operación militar estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su traslado a una base en Nueva York. Washington trata al que fuera jefe del Estado no como prisionero de guerra, sino como acusado penal, en el marco de una acusación de unas 25 páginas por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y tenencia de armas de guerra.

La Casa Blanca ha ido más allá al afirmar que Estados Unidos está dispuesto a “dirigir el país” mientras se articula una transición, y ha dejado entrever que grandes petroleras estadounidenses tendrán un papel protagonista en la gestión de los campos de crudo. En términos geopolíticos, la jugada supone un choque frontal con la idea de soberanía defendida por Caracas y abre un debate sobre los límites de la proyección de poder estadounidense en la región.

En este contexto, el nombramiento de un presidente interino salida de la cúpula chavista es la respuesta de Caracas para evitar que el vacío que deja Maduro sea llenado desde fuera, ya sea por la oposición o por una tutela directa de Washington.

Choque de relatos: agresión militar frente a cooperación

El discurso oficial en Caracas y en Washington ofrece una colisión de narrativas. Delcy Rodríguez denuncia una “grave agresión militar” y reivindica a Maduro como presidente legítimo, incluso mientras asume formalmente la jefatura del Estado. Para el chavismo, la operación estadounidense vulnera la Carta de la ONU y constituye un precedente peligroso de detención y juzgamiento de un jefe de Estado en el extranjero.

En la otra orilla, Donald Trump sostiene que Rodríguez está “lista para cooperar” y presenta la operación como un paso en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción. Desde esa perspectiva, la detención de Maduro es la culminación de un proceso judicial y la antesala de una reconfiguración institucional tutelada por Washington.

Esta dualidad de mensajes complica la lectura internacional:

• Para los aliados de Caracas, refuerza la idea de un ataque a la soberanía que podría extenderse a otros países.

• Para los socios occidentales críticos con Maduro, plantea el dilema de hasta qué punto avalar una intervención que desborda los cauces diplomáticos tradicionales.

En medio, la oposición venezolana ve cómo la Presidencia interina recae en el chavismo, mientras figuras como María Corina Machado quedan de momento al margen de la arquitectura de poder.

Equilibrios internos: Fuerzas Armadas, Asamblea y petróleo

Más allá de la escena internacional, el futuro inmediato de Venezuela se decidirá en buena medida en el tablero interno. La tríada formada por Delcy Rodríguez, su hermano Jorge Rodríguez y el ministro de Defensa Vladimir Padrino López concentra la palanca institucional, legislativa y militar.

El papel de las Fuerzas Armadas será crucial. La operación estadounidense, que neutralizó varias instalaciones militares en el norte del país, ha dejado al estamento castrense en una posición delicada: con capacidad operativa mermada, bajo presión externa y con el reto de demostrar cohesión interna.

Al mismo tiempo, el control del sector petrolero se convierte en la llave de cualquier transición. Las decisiones sobre contratos, inversiones y exportaciones marcarán tanto la relación con Estados Unidos como con socios como Rusia, China o Cuba, que dependen en mayor o menor medida del crudo venezolano. En ese entramado, la nueva Presidencia interina deberá decidir si apuesta por cerrar filas, abrir una negociación limitada o avanzar hacia reformas más profundas.

Reacciones internacionales: entre la cautela y el rechazo

La comunidad internacional observa con una mezcla de cautela y preocupación. Algunos gobiernos latinoamericanos condenan la operación estadounidense como violación del derecho internacional, mientras otros ponen el foco en los presuntos delitos atribuidos a Maduro y en la necesidad de aliviar la crisis humanitaria venezolana.

Organismos multilaterales enfrentan un dilema complejo:

• Si avalan la narrativa de Washington, corren el riesgo de legitimar una intervención con “botas sobre el terreno” sin mandato explícito.

• Si se alinean con la denuncia de Caracas, se exponen a ser acusados de tolerar violaciones graves de derechos humanos y redes de narcotráfico bajo protección estatal.

El reconocimiento o no de Delcy Rodríguez como presidenta interina será un termómetro decisivo. Un apoyo explícito de algunos países podría interpretarse como respaldo a la continuidad del chavismo, mientras que un rechazo frontal abriría la puerta a mayor aislamiento diplomático y a nuevas sanciones.

Los escenarios que se abren para Venezuela

Con Maduro en manos de la justicia estadounidense y Rodríguez al frente de una Presidencia interina de encaje extraordinario, se abren varios escenarios para los próximos meses:

• Continuidad controlada del chavismo, con ajustes tácticos pero sin cesión del poder real, apoyándose en el TSJ, la FANB y el control económico.

• Transición negociada, en la que la interina Delcy Rodríguez acepte algún tipo de hoja de ruta hacia elecciones bajo supervisión internacional, a cambio de garantías para parte de la cúpula actual.

• Escalada de confrontación, si se consolida la doctrina de “segunda ola” anunciada por Washington y el chavismo opta por resistir sin concesiones.

• Fragmentación interna, con posibles fisuras en las Fuerzas Armadas o en el propio PSUV ante el coste político y personal de la nueva etapa.

En todos los casos, la figura de Delcy Rodríguez se convierte en eje: presidenta interina por mandato del TSJ, guardiana del legado chavista y principal interlocutora —o adversaria— de una Casa Blanca que se atribuye un papel central en el futuro del país.

El desenlace dependerá de hasta qué punto la interinidad se mantiene como puente provisional o se consolida como nuevo centro de poder, en un país donde la excepcionalidad se ha convertido en norma.