Trump congela visados de inmigrante desde 75 países y reabre la guerra contra la inmigración legal
El Gobierno justifica el bloqueo de visados de residencia permanente bajo el concepto de “carga pública”, con el objetivo declarado de impedir la entrada de personas que, a juicio de Washington, podrían acabar dependiendo de ayudas sociales. Mientras se “recalibran” los procedimientos, los visados de inmigrante quedan en pausa para esos 75 países, aunque no se verán afectados, por ahora, los visados de turismo o negocios. Para especialistas como David Bier, del Cato Institute, esta agenda supone el giro «más anti-inmigración legal» de la historia reciente de Estados Unidos, con un impacto directo sobre familias, empresas y comunidades ya asentadas.
Una suspensión masiva bajo la etiqueta de “carga pública”
El anuncio llegó a través de un portavoz del Departamento de Estado, que confirmó la paralización del procesamiento de visados de inmigrante para los nacionales de 75 países a partir del 21 de enero. El foco está en quienes solicitan la residencia permanente —reagrupación familiar, lotería de visados, peticiones laborales—, mientras los visados de turismo y negocios se mantienen, de momento, fuera del alcance de la orden.
El argumento oficial se articula en torno a la figura de la “carga pública”: la Administración sostiene que es necesario impedir la entrada de potenciales inmigrantes que podrían terminar dependiendo de programas de bienestar y prestaciones públicas.
El portavoz Tommy Pigott subrayó que el Departamento de Estado recurrirá a su «autoridad de larga data» para declarar no elegibles a los solicitantes que, según su criterio, “explotarían la generosidad del pueblo estadounidense”. Hasta que se completen los cambios en los criterios y procedimientos, los expedientes desde esos países quedarán congelados.
Casi la mitad de la inmigración legal, en riesgo
Si algo ha encendido las alarmas entre analistas y organizaciones especializadas es el alcance cuantitativo del movimiento. De acuerdo con David Bier, director de Estudios de Inmigración en el Cato Institute, la suspensión podría bloquear “casi la mitad de toda la inmigración legal” hacia Estados Unidos en un solo año.
Bier estima que eso se traduciría en alrededor de 315.000 inmigrantes menos con estatus legal, una cifra que marca un salto cualitativo respecto a las restricciones habituales centradas en la inmigración irregular. Para el investigador, la decisión refleja una agenda de ruptura con el modelo de inmigración legal de las últimas décadas, al trasladar al terreno formalmente regulado la lógica de cierres, vetos y cupos restrictivos.
Un giro más amplio en la política migratoria de Trump
La suspensión de visados de inmigrante encaja en un giro más amplio desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, caracterizado por:
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Refuerzo agresivo de la aplicación de la ley migratoria, con mayor presión en fronteras y en el interior del país.
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Envío de agentes federales a grandes ciudades para intensificar controles, detenciones y redadas.
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Revocación de más de 100.000 visados desde enero, afectando a residentes temporales y permanentes.
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Endurecimiento de los filtros para nuevas autorizaciones, con un mayor escrutinio de redes sociales y tasas más elevadas para visados de trabajadores cualificados como el H-1B.
Todo ello se acompaña de una retórica política que difumina la frontera entre inmigración legal e ilegal. En noviembre, Trump llegó a prometer “pausar permanentemente” la migración desde todos los “países del Tercer Mundo” tras un tiroteo cerca de la Casa Blanca atribuido a un ciudadano afgano, un mensaje que consolidó la idea de que origen geográfico y riesgo van ya de la mano en el discurso oficial.
Familias, empresas y comunidades, en la línea de fuego
Más allá de los grandes titulares, las consecuencias prácticas de la medida serán muy concretas:
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Decenas de miles de familias que estaban en pleno proceso de reunificación verán sus expedientes congelados sin un horizonte claro.
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Empresas que dependen de la llegada de talento extranjero se enfrentarán a retrasos, incertidumbre y posibles renuncias de candidatos.
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Comunidades ya asentadas en Estados Unidos, que se renovaban a través del flujo de nuevos residentes legales, podrían experimentar un envejecimiento y estancamiento demográfico.
La medida también puede tener efectos colaterales en sectores como la sanidad, la tecnología o la investigación, tradicionalmente apoyados en cuotas relevantes de profesionales formados en el exterior.
Reducir también la inmigración legal
El mensaje que la Administración Trump envía al exterior es nítido: la prioridad no se limita a contener la inmigración irregular en la frontera, sino a reducir drásticamente el propio modelo de inmigración legal. El uso de argumentos como la “carga pública” y el énfasis en la “generosidad del pueblo estadounidense” forman parte de una narrativa que presenta la llegada de nuevos residentes no como una inversión, sino como un riesgo económico y cultural.
Para los países afectados —desde potencias demográficas como Brasil o Nigeria hasta estados en conflicto como Afganistán o Yemen— la decisión es una señal de cierre que puede reconfigurar proyectos vitales y flujos migratorios. Para Estados Unidos, abre un debate de fondo: hasta qué punto es posible sostener su economía y sistema de bienestar reduciendo simultáneamente la inmigración irregular y buena parte de la inmigración legal que ha alimentado su crecimiento durante generaciones.
Fotografía de una rueda de prensa en el Departamento de Estado de Estados Unidos, con banderas de fondo y un portavoz explicando las nuevas restricciones a visados de inmigrante.
