EEUU prepara en dos semanas ley para castigar petróleo ruso
La guerra en Ucrania entra en una nueva fase económica: Estados Unidos se dispone a votar en apenas dos semanas un paquete de sanciones dirigido directamente al corazón del modelo ruso: su petróleo. El anuncio lo ha hecho el senador republicano Roger Wicker, presidente del Comité de Servicios Armados, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich. El legislador, uno de los halcones del Capitolio, sostiene que “lo que Ucrania necesita es que Rusia se quede sin petróleo” y que unas sanciones “serias y significativas” contra productores y refinerías clave podrían cambiar el curso de las negociaciones con Moscú. En paralelo, el respaldo de la opinión pública estadounidense a seguir apoyando a Kiev, incluso entre votantes republicanos, estaría repuntando, lo que abre la puerta a un giro en la estrategia energética de Washington.
El plan de Wicker en Múnich
Wicker ha aprovechado el escaparate de Múnich para enviar un mensaje nítido: el tiempo de las medias tintas con el petróleo ruso se ha terminado. Según ha explicado, el Senado confía en someter a votación en dos semanas un proyecto que reforzaría de forma drástica las sanciones sobre el sector energético de Moscú, con foco en “productores y ocho grandes refinerías” en terceros países de las que Rusia depende para colocar su crudo.
En la misma intervención, el senador ha insistido en que “Vladímir Putin no ha negociado de buena fe ni una sola vez” y que solo se sentará a hablar en serio cuando sienta “un nivel suficiente de presión y de pérdidas”. La lógica es simple: si el Kremlin vive del petróleo, hay que actuar donde más duele.
Lo relevante no es solo el calendario —dos semanas en política estadounidense es un plazo muy corto—, sino el contexto: llega tras casi cuatro años de guerra, con un sistema de sanciones que ha erosionado los ingresos rusos, pero no los ha colapsado. Y llega también con una opinión pública europea fatigada y una industria que teme un nuevo shock de precios. Múnich, tradicional termómetro de la seguridad euroatlántica, se convierte así en el escenario donde se ensaya una nueva vuelta de tuerca económica contra Moscú.
Un Congreso que desafía a la Casa Blanca
El movimiento de Wicker no se entiende sin la política interna estadounidense. El Congreso, y en particular el Senado, lleva meses presionando para endurecer las sanciones frente a una Casa Blanca de Donald Trump mucho más cauta. No es la primera vez: en junio de 2025, el propio Wicker reveló que el presidente pidió retrasar una votación sobre un paquete bipartidista de sanciones a Rusia, preocupado por el impacto en los precios y en las relaciones con países compradores de crudo ruso.
En ese trasfondo se enmarca la Sanctioning Russia Act de 2025, un proyecto que ya contemplaba herramientas extremadamente agresivas, entre ellas aranceles de hasta el 500% sobre importaciones procedentes de países que siguieran comprando petróleo, gas o productos refinados rusos. Hasta ahora, la Administración había optado por un uso limitado de esa palanca. El anuncio en Múnich sugiere que el Capitolio está dispuesto a forzar la mano de la Casa Blanca.
Si el nuevo paquete retoma ese espíritu, el impacto no se limitaría a Moscú. India, China, Turquía o Brasil, que se han convertido en clientes esenciales del crudo ruso tras el embargo europeo, quedarían también en el punto de mira. Wicker y otros senadores defienden que es la única forma de cerrar las grietas de un sistema que hasta ahora ha permitido a Rusia seguir exportando a gran escala, aunque con descuentos.
El petróleo, talón de Aquiles de la economía rusa
La apuesta del Senado parte de un diagnóstico: la dependencia rusa de los ingresos fósiles sigue siendo estructural. Pese a los esfuerzos del Kremlin por diversificar, el petróleo y el gas aún aportan aproximadamente una cuarta parte de los ingresos del presupuesto federal, según datos recientes usados por analistas internacionales.
Desde el inicio de la invasión, las sanciones occidentales, el tope al precio del crudo y la caída del precio internacional han ido estrechando el margen de maniobra fiscal de Moscú. En 2025, los ingresos petroleros y gasistas del presupuesto ruso se desplomaron un 24%, hasta unos 8,5 billones de rublos, su nivel más bajo desde 2020. Solo entre enero de 2025 y enero de 2026, los ingresos mensuales por exportaciones de petróleo se habrían reducido desde unos 14.500 millones de dólares hasta apenas 5.100 millones, según estimaciones recientes.
La consecuencia es clara: cada recorte adicional en la caja del Kremlin se traduce en más presión sobre el gasto militar y social. Putin ha respondido con subidas de impuestos y mayor endeudamiento interno, pero el margen no es infinito. Para Wicker y sus aliados, acelerar la caída de esa recaudación energética es la forma más directa de limitar la capacidad rusa de sostener la guerra a medio plazo.
Los límites del tope al precio y la “flota en la sombra”
Sin embargo, la experiencia de los últimos años demuestra que las sanciones energéticas son tan eficaces como su cumplimiento. El tope de 60 dólares por barril impuesto por el G7 al petróleo ruso, que en su momento se presentó como un golpe maestro, se ha visto neutralizado parcialmente por dos factores: la caída del precio internacional del crudo —que ha llegado a situarse por debajo de ese umbral, volviendo el tope “prácticamente irrelevante”— y la creación de una compleja “flota en la sombra”.
Una investigación reciente cifra en más de 1.400 los petroleros implicados en este circuito opaco, con casi 10.000 viajes y unos 239.000 millones de libras generados por exportaciones de crudo ruso que cruzan, entre otros, el canal de la Mancha con banderas de conveniencia, aseguradoras no occidentales y sistemas de seguimiento manipulados. El diagnóstico es inequívoco: mientras existan barcos dispuestos a operar al margen de las aseguradoras y navieras del G7, el Kremlin encontrará vías para seguir vendiendo.
De ahí que Wicker insista en sancionar no solo a Rusia, sino también a refinerías y operadores logísticos de terceros países. El objetivo es elevar el coste del incumplimiento: que participar en esa flota en la sombra implique perder acceso al sistema financiero y de seguros occidental. Es una estrategia más intrusiva, con riesgo de fricciones diplomáticas, pero que apunta al corazón de las redes que han permitido a Moscú sortear buena parte de las restricciones.
Cómo cambiaría el tablero energético global
Un endurecimiento real de las sanciones al petróleo ruso tendría efectos en cascada sobre el mapa energético mundial. Desde 2022, Europa ha reducido hasta casi cero sus importaciones de crudo y diésel rusos: solo el volumen de diésel ha pasado de unos 29,9 millones de toneladas en 2022 a apenas 2,9 millones en 2024, un desplome del 90%. Pero ese petróleo no ha desaparecido: se ha desviado hacia Asia, con China e India como grandes compradores.
Si Washington decide penalizar a países que sigan adquiriendo crudo ruso por encima de un determinado precio, se abrirían varios escenarios. Uno, que India y otros importadores acepten renegociar volúmenes y descuentos para evitar el choque con EEUU, lo que acentuaría la caída de los ingresos rusos. Otro, que opten por resistir, profundizando la fragmentación del mercado energético en bloques y acelerando el uso de monedas alternativas al dólar en el comercio de hidrocarburos.
Para los productores de Oriente Medio, un escenario de sanciones reforzadas puede convertirse en una oportunidad: rellenar el hueco que deje Rusia en mercados clave y mejorar su poder de fijación de precios. Y para América Latina, desde Brasil hasta México, la reconfiguración de flujos puede traer tanto nuevas inversiones como presiones geopolíticas para alinearse con uno u otro bloque.
Riesgos para Europa y para los mercados
Europa observa este debate con una mezcla de alivio y preocupación. Alivio, porque un mayor peso de las sanciones energéticas en manos de Washington reduce la carga política sobre los gobiernos europeos, muy expuestos a sus opiniones públicas y a una industria que acaba de superar la crisis de precios de 2022-2023. Preocupación, porque un error de cálculo puede reavivar la volatilidad en un momento en que el BCE lucha por anclar la inflación.
En los últimos meses, la desinflación energética había dado un respiro a la economía europea. Pero un nuevo shock —ya sea por un recorte brusco de exportaciones rusas, por represalias de Moscú o por tensiones en otros productores clave— podría elevar de nuevo el coste del gas y la electricidad, golpeando a la industria electrointensiva y complicando la agenda de reindustrialización verde.
Además, las empresas europeas de trading, transporte y seguros se encuentran en la primera línea de cualquier endurecimiento del régimen sancionador. Un paquete mal calibrado podría empujarlas a perder cuota frente a competidores de países no alineados, sin que el efecto sobre la financiación de la guerra rusa sea proporcional. De ahí que varias capitales europeas reclamen que la futura ley estadounidense se coordine con Bruselas y el G7, y que se mantenga como principio la estabilidad del suministro global.
Precedentes históricos y el efecto boomerang
La historia reciente ofrece lecciones incómodas sobre sanciones energéticas. Del embargo petrolero árabe de 1973 a las restricciones a Irán o Venezuela, las medidas más duras rara vez han logrado cambios políticos rápidos, pero sí han dejado huellas profundas en los mercados y en el sistema financiero internacional. En el caso ruso, la novedad es la escala: se trata de uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo, integrado en cadenas de suministro globales y con capacidad para desestabilizar precios si decide responder de forma asimétrica.
Los expertos advierten también del riesgo de “efecto boomerang” sobre el dólar. Si países asiáticos perciben que el acceso al sistema financiero estadounidense puede utilizarse para forzar su política energética, la tentación de acelerar instrumentos alternativos —desde acuerdos en yuanes hasta cámaras de compensación regionales— será mayor. El contraste con otras regiones resulta demoledor: mientras Europa ha asumido costes inmediatos para reducir su dependencia energética de Rusia, una parte de Asia ha aprovechado los descuentos para ganar competitividad.
En este tablero, la futura ley que impulsa Wicker puede convertirse tanto en un punto de inflexión como en un catalizador de nuevas tensiones. Todo dependerá del diseño final, de las excepciones, de los plazos de implementación y, sobre todo, de hasta dónde esté dispuesto a llegar el propio Trump cuando el proyecto llegue a su mesa para ser firmado o vetado.
