Erdogan apuesta por la Junta de Paz de Trump en Gaza

Un órgano polémico desde su nacimiento

La llamada Board of Peace fue anunciada por Trump en septiembre de 2025 y formalmente constituida en Davos el 22 de enero de 2026, al margen del Foro Económico Mundial. Su mandato figura en la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad, que la menciona como instrumento para supervisar el plan de paz para Gaza y desplegar una fuerza temporal de estabilización. Sobre el papel, se trata de un mecanismo internacional para acelerar la reconstrucción y garantizar la seguridad en la Franja. En la práctica, el diseño concentra un poder extraordinario en la figura del presidente estadounidense, nombrado “presidente vitalicio” del órgano y con capacidad exclusiva para invitar miembros y remodelar su estructura. Críticos en prensa y think tanks europeos describen el proyecto como un “club de pago”, alejado del espíritu multilateral de la ONU y con escaso control democrático. A día de hoy, apenas 25 de los 62 países invitados han firmado la carta fundacional, un dato que refleja la profunda desconfianza que genera el experimento.

El cálculo estratégico de Ankara

En este tablero, la decisión de Turquía de alinearse con Washington no es improvisada. Erdogan lleva años construyendo un relato de defensa de la causa palestina mientras intenta preservar canales abiertos con Estados Unidos, Rusia, Israel y las monarquías del Golfo. La Junta de Paz le ofrece algo más que visibilidad: un asiento en la mesa donde se decidirán los grandes contratos de reconstrucción, el diseño del futuro aparato de seguridad gazatí y el reparto de influencia regional.

El propio presidente turco ha subrayado que el objetivo del Gaza Peace Council debe ser convertir el cese el fuego en permanente, garantizar el flujo ininterrumpido de ayuda humanitaria y sentar las bases de una solución política duradera. Para reforzar ese mensaje, Ankara enviará al ministro de Exteriores, Hakan Fidan, a la primera reunión de la Junta en Washington, prevista para el 19 de febrero, con un mandato claro: exigir que se frene la obstrucción israelí al acceso de ayuda y que se avance hacia la reconstrucción. La jugada es doble: Turquía se presenta como defensora de los palestinos, pero también como actor imprescindible para que el “plan Trump” no naufrague desde el inicio.

Un diseño que margina a palestinos y a la ONU

Detrás de la retórica de paz subyace un problema de legitimidad difícil de ignorar. La Junta de Paz nace como estructura paralela a las Naciones Unidas y, según denuncian juristas y diplomáticos, desplaza el papel tradicional del organismo en la gestión de crisis internacionales. El Vaticano lo ha expresado con una frialdad inusual: las grandes emergencias, afirmó el cardenal Pietro Parolin, “deben ser gestionadas ante todo por la ONU”, no por órganos ad hoc creados por un solo Estado.

Más grave aún resulta la configuración interna: la lista de miembros anunciada por Trump incluye a líderes occidentales, árabes y asiáticos, pero ningún representante palestino con poder real de decisión. Organizaciones como Hamas han reclamado al órgano que obligue a Israel a detener las violaciones del acuerdo de alto el fuego, al tiempo que critican que el futuro de Gaza se negocie sin voz palestina efectiva. El modelo que propone la Casa Blanca pasa por una administración transitoria de la Franja bajo la supervisión de un “Consejo de Paz” y de un comité tecnocrático, pero siempre subordinados a la arquitectura diseñada en Washington. La consecuencia es clara: se corre el riesgo de consolidar una gobernanza percibida como externa e impuesta, con escasa aceptación social sobre el terreno.

Europa, entre la silla de observador y el vacío

Mientras Ankara acepta el reto de sentarse como miembro de pleno derecho, la Unión Europea intenta jugar a dos bandas. Bruselas ha decidido no integrarse en la Junta de Paz, pero enviará a una comisaria como observadora a la reunión de Washington. Paralelamente, la diplomacia comunitaria ha puesto el foco en otro instrumento: el Comité Nacional para la Administración de Gaza, una estructura de transición para la gestión civil de la Franja que la UE se plantea apoyar con fondos y asesoría técnica, especialmente en policía y justicia.

Algunos gobiernos, como el de Italia, han optado por la fórmula intermedia: acudir como observadores, sin asumir las condiciones de membresía plena por posibles choques con sus constituciones y con el derecho internacional. La oposición italiana critica, sin embargo, que incluso esa presencia legitima un órgano que puede minar a la ONU. En paralelo, la Santa Sede ha rechazado la invitación, en una decisión con fuerte carga simbólica que refuerza el bloque de países que cuestionan el proyecto. El contraste con la apuesta turca resulta demoledor: donde Europa percibe riesgo de erosión del multilateralismo, Erdogan ve oportunidad para reforzar su rol como potencia indispensable.

Las cifras de una devastación que no cesa

Cualquier análisis de la Junta de Paz debe partir de la realidad sobre la que pretende actuar. Desde el ataque de Hamas en octubre de 2023 y la respuesta militar israelí, la Franja de Gaza ha sufrido una destrucción sin precedentes: más de 72.000 palestinos muertos, decenas de miles de heridos y barrios enteros reducidos a escombros. Organismos internacionales hablan de que alrededor del 80% de la población ha sido desplazada al menos una vez y que infraestructuras básicas —agua, electricidad, hospitales— operan muy por debajo de su capacidad mínima.

En este escenario, la reconstrucción se calcula ya en decenas de miles de millones de dólares y se prolongará durante años. La Junta de Paz se presenta como acelerador de esa inversión, canalizando recursos de sus miembros hacia proyectos de vivienda, energía y logística. Pero la magnitud del daño y la fragilidad del alto el fuego plantean dudas profundas: ningún plan de ladrillo y hormigón será sostenible si no se garantiza antes un alto el fuego verificable y un marco político aceptado por todas las partes. Lo contrario correría el riesgo de convertir la reconstrucción en una nueva fuente de tensiones, con población local viendo cómo empresas extranjeras levantan torres y resorts donde antes había barrios populares.

Riesgos de “club de poder” y negocios en Gaza

Uno de los aspectos más controvertidos de la Junta de Paz es su arquitectura financiera. Según se ha ido desvelando, los países que aceptan la invitación disponen de tres años de membresía gratuita, tras los cuales deberán realizar contribuciones millonarias para renovar su asiento. Informaciones de prensa apuntan a cifras en torno a los 1.000 millones de dólares por país en el plazo de tres años, algo que alimenta la percepción de que el órgano funciona como un club de acceso restringido para gobiernos capaces de pagar la entrada.

A ello se suma la agenda económica implícita: documentos y filtraciones señalan proyectos de torres residenciales, complejos turísticos y zonas especiales en el litoral gazatí, que podrían acabar priorizando intereses inmobiliarios y financieros sobre las necesidades urgentes de vivienda asequible y servicios básicos. Críticos europeos hablan de “financiarización de la diplomacia”: la paz se condiciona a la capacidad de atraer inversión privada y de generar retornos para los participantes del club. Este hecho revela una tensión de fondo entre la lógica humanitaria —centrada en derechos y reparación— y la lógica de negocio que impregna buena parte del diseño de la Junta. Turquía, con un potente sector constructor y bancos ansiosos por ganar presencia regional, no es ajena a ese posible dividendo económico.