Takaichi acelera el giro de los 122 billones de Japón
La reelección de Sanae Takaichi al frente de Japón no es solo un cambio de ciclo político: es el arranque de una reforma de calado del presupuesto del mayor acreedor neto del mundo. Con una mayoría de dos tercios de su Partido Liberal Democrático (LDP) en la Cámara de Representantes, la primera ministra ha prometido aprobar “lo antes posible” el presupuesto de 2026 y, al mismo tiempo, “revisar de forma fundamental” la arquitectura fiscal en los próximos dos años. El giro llega con un dato que no admite matices: un presupuesto récord de unos 122,3 billones de yenes para el próximo ejercicio fiscal, el mayor de la historia japonesa. Alrededor se agolpan tres presiones: una deuda pública cercana al 230% del PIB, el compromiso de elevar el gasto en defensa hasta el 2% y una batería de recortes fiscales populares pero caros.
Un presupuesto récord bajo presión histórica
El punto de partida es un proyecto de presupuesto general de 122,3 billones de yenes (unos 785.000 millones de dólares) para el ejercicio 2026, máximo histórico y casi el doble del tamaño del presupuesto español. Una parte creciente de esa cifra se destina a pensiones, sanidad y cuidados de larga duración en el país más envejecido del G7. Otra porción récord financiará el refuerzo militar y la transición energética.
El problema de fondo es que este esfuerzo se apoya sobre una montaña de deuda: el endeudamiento público japonés ronda el 230% del PIB, más del doble de la media de las economías avanzadas y el ratio más alto del mundo desarrollado. El servicio de esa deuda se encarece con cada subida de tipos del Banco de Japón, que ya ha llevado el tipo oficial hasta el 0,75%, su nivel más alto en tres décadas.
Según estimaciones del Ministerio de Finanzas, el coste anual de intereses y amortizaciones podría pasar de 31,3 billones de yenes en 2026 a 40,3 billones en 2029, hasta rozar el 30% de todo el gasto presupuestario. Es decir, casi un tercio del presupuesto se quemaría solo en pagar la factura del pasado. Este hecho revela la fragilidad del momento: cualquier error en la combinación de gasto expansivo y recortes tributarios puede acelerar una dinámica de deuda muy difícil de reconducir.
La apuesta de los presupuestos plurianuales
Frente a ese punto de partida, Takaichi quiere cambiar algo más que las partidas de un año concreto. En su primera intervención tras la reelección ha prometido una “revisión fundamental” del sistema presupuestario en los próximos dos años, con un elemento central: la introducción de marcos plurianuales para proyectos de inversión y ciencia.
Hasta ahora, el presupuesto japonés ha funcionado con una lógica muy incrementalista: cada ejercicio se negociaba casi desde cero, lo que dejaba a empresas, universidades y gobiernos locales rehén de la incertidumbre anual. Los nuevos planes, inspirados en parte en prácticas europeas, pretenden blindar durante varios años el flujo de recursos hacia infraestructuras críticas, transición verde (GX), inteligencia artificial o semiconductores, replicando los esquemas ya aprobados para algunos de estos programas.
Japón no parte de cero. El país ya destina en torno al 3,7% de su PIB a I+D, con un gasto récord de 22,05 billones de yenes en 2023, muy por encima de la media mundial. Lo que busca Takaichi es dar estabilidad a ese esfuerzo y alinearlo con una agenda de “gestión de crisis” que incluye desde la seguridad energética hasta la resiliencia de las cadenas de suministro. El contraste con otras regiones resulta demoledor: mientras la UE discute cómo reforzar su autonomía estratégica, Tokio intenta convertir su debilidad fiscal en una palanca de inversión estratégica garantizada a varios años vista.
Impuestos a la baja con la deuda al alza
El segundo eje del giro presupuestario está en los ingresos. Takaichi ha defendido en campaña y en sus primeras semanas de mandato una suspensión de dos años del 8% de impuesto sobre el consumo aplicado a los alimentos, junto con rebajas en el IRPF a las rentas bajas y medias. Se trata de medidas muy populares en un contexto de inflación y salarios estancados, pero que suponen un golpe de varios billones de yenes anuales a la recaudación.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha lanzado una advertencia inusual: recomienda explícitamente a Japón evitar recortes del IVA y mantener una senda de consolidación gradual, precisamente cuando el país abandona dos décadas de tipos cero y la factura de intereses empieza a dispararse. El diagnóstico es inequívoco: con un déficit todavía cercano al 3% del PIB y un ratio de deuda sin parangón, recortar impuestos sin un plan creíble de ajuste posterior puede erosionar la capacidad de reacción ante futuras crisis.
La paradoja es evidente. Mientras otros gobiernos suben impuestos para reconstruir colchones fiscales tras la pandemia y la crisis energética, Japón apuesta por el camino contrario: más gasto y menos ingresos a la vez. La clave estará en si los presupuestos plurianuales logran elevar el crecimiento potencial lo suficiente como para que la base impositiva futura compense el esfuerzo actual.
El giro inversor: investigación, IA y sectores estratégicos
Si algo diferencia la agenda de Takaichi de la vieja Abenomics es el énfasis en la inversión directa del Estado en sectores considerados críticos. Su equipo ha identificado 17 industrias estratégicas, desde la inteligencia artificial y los semiconductores hasta la biotecnología o la energía nuclear avanzada, que recibirán un flujo de recursos estable bajo los nuevos marcos plurianuales.
En la práctica, esto se traduce en decenas de billones de yenes a desplegar en la próxima década entre subvenciones, créditos blandos, avales y ventajas fiscales. Japón ya es el tercer país del mundo por volumen de gasto en I+D —unos 186.000 millones de dólares en 2024—, pero ha ido perdiendo peso relativo frente a Estados Unidos y, sobre todo, China. La ambición de Takaichi es frenar esa deriva y consolidar a Tokio como centro global de gestión de activos y tecnología avanzada, retomando iniciativas ya lanzadas por sus predecesores.
“ No basta con gastar más; hay que gastar de manera predecible y orientada a crisis concretas”, repite el entorno de la primera ministra, que habla de “inversión en gestión de crisis” más que de estímulo clásico. La cuestión pendiente es quién y cómo evaluará el retorno de esos recursos en un país donde la frontera entre Estado y conglomerados industriales sigue siendo difusa.
Defensa y seguridad: el otro gran motor del gasto
El presupuesto de 2026 consagra otro cambio estructural: un gasto en defensa de 9,04 billones de yenes (unos 58.000 millones de dólares), nuevo récord y un paso decisivo hacia el objetivo de dedicar el 2% del PIB a capacidades militares, en línea con el estándar de la OTAN.
El Gobierno justifica este salto por la presión creciente de China, Corea del Norte y Rusia en su entorno inmediato y por la necesidad de responder a las demandas de Washington para que Tokio asuma una mayor carga en la alianza. Los fondos se destinarán a sistemas de defensa antimisiles, capacidades de respuesta a largo alcance, drones y ciberseguridad, así como a la modernización de las Fuerzas de Autodefensa de Japón.
Sin embargo, lo más grave es que este giro militar coincide con una estructura fiscal ya extremadamente tensionada. A diferencia de otros aliados que elevaron su gasto en defensa partiendo de ratios de deuda mucho más moderados, Japón lo hace en la cima del endeudamiento global. La tensión entre seguridad externa y sostenibilidad interna es uno de los dilemas centrales que deberá resolver la reforma presupuestaria prometida.
La aritmética fiscal que no cuadra
Los números a medio plazo son elocuentes. El propio Ministerio de Finanzas proyecta que la emisión anual de deuda pasará de 29,6 billones de yenes en 2026 a 38 billones en 2029, un aumento del 28%, para cubrir tanto el incremento del gasto como la caída de ingresos tributarios. Si no se corrige la trayectoria, el peso de los intereses sobre el presupuesto seguirá aumentando incluso en los escenarios más benignos de crecimiento.
El Banco de Japón, por su parte, empieza a normalizar la política monetaria tras décadas de estímulos. El tipo de referencia en el 0,75% podría escalar hasta el 1% en 2026 si los datos salariales de la negociación Shuntō confirman subidas sostenidas, según anticipan los analistas. Eso implica que la refinanciación de la deuda emitida en la era de tipos cero será progresivamente más cara, profundizando el agujero presupuestario.
En este contexto, el FMI insiste en la necesidad de un marco fiscal creíble a largo plazo, con objetivos medibles para el saldo primario y límites a la expansión del gasto corriente. El contraste con la agenda política de Takaichi —más defensa, más inversión estratégica y menos impuestos al consumo— anticipa un choque de diagnósticos que marcará los debates de los próximos meses en el Parlamento japonés.
De la Abenomics a la “Takaichinomics”
La comparación con la etapa de Shinzo Abe es inevitable. Abenomics combinó estímulo monetario masivo, gasto público y reformas estructurales, pero también dos subidas del impuesto al consumo que lastraron el consumo privado. Takaichi ha prometido justo lo contrario: recortes selectivos del IVA sobre alimentos y alivio fiscal a hogares y pymes, mientras mantiene un tono continuista en la política de tipos reales bajos y yen competitivo.
En términos políticos, su margen de maniobra es incluso mayor que el de Abe: el LDP controla 316 de los 465 escaños de la Cámara baja y ha recuperado una mayoría de dos tercios que le permitiría incluso avanzar en su vieja ambición de reformar la Constitución pacifista. El “mandato Takaichi” es, por tanto, una oportunidad única para reordenar prioridades fiscales y de inversión sin la presión inmediata de elecciones.
“ La pregunta no es si Japón puede gastar más, sino si puede hacerlo de forma que aumente su crecimiento potencial sin dinamitar la confianza en su deuda”, resumen varios informes recientes de bancos internacionales. La respuesta dependerá de la capacidad del Gobierno para avanzar en reformas del mercado laboral, productividad y gobernanza corporativa que acompañen al despliegue presupuestario.
