Pakistán abre la guerra en sus 2.600 km de frontera con Afganistán

El anuncio de Asif no es un arrebato aislado. Desde octubre, el ministro venía advirtiendo que, si fracasaban las conversaciones mediadas por Qatar y Turquía, la alternativa sería “la guerra abierta” con el régimen talibán. Aquella amenaza pretendía funcionar como palanca negociadora; la novedad ahora es que el titular de Defensa proclama que ese umbral ya se ha cruzado.

En su mensaje en X, Asif sostiene que “ya no queda paciencia” en Islamabad, acusa a los talibanes de albergar a grupos armados que golpean a diario territorio paquistaní y añade un elemento especialmente tóxico: el acercamiento de Kabul a India. La acusación de haber convertido Afganistán en una “colonia india” busca activar resortes sensibles en una opinión pública paquistaní acostumbrada a leer cualquier movimiento regional a través del prisma de su rivalidad con Nueva Delhi.

Lo más significativo, sin embargo, es que la declaración marca el fin definitivo de la ficción de una “relación estratégica” entre Islamabad y los talibanes afganos, una alianza que Pakistán defendió durante dos décadas de guerra en Afganistán. El mensaje de Asif reconoce de facto que, para la élite de seguridad paquistaní, los talibanes han pasado de ser activos geopolíticos a amenaza directa.

De los atentados suicidas a la operación ‘Ghazab lil Haq’

El trasfondo inmediato de esta escalada es una cadena de atentados suicidas y ataques contra bases de seguridad dentro de Pakistán, atribuidos a grupos como Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) y a la filial del Estado Islámico en la región (ISKP). Islamabad asegura que ambos operan con libertad desde suelo afgano pese a las promesas de los talibanes de que no permitirían el uso de su territorio contra terceros países.

A finales de febrero, el Ejército paquistaní lanzó una serie de ataques aéreos sobre provincias orientales afganas como Nangarhar y Paktika, en lo que presentó como operaciones “basadas en inteligencia” contra siete campamentos terroristas. Pakistán habló de unos 70-80 militantes abatidos, mientras que las autoridades talibanes denunciaron que los misiles impactaron en viviendas, una madrasa y otras infraestructuras civiles, con un saldo de al menos 18 muertos, incluidos mujeres y niños, según sus cifras.

La respuesta afgana no se hizo esperar: Kabul lanzó ataques de artillería y comandos contra puestos fronterizos paquistaníes y afirmó haber causado la muerte de 55 soldados y capturado varias posiciones a lo largo de la llamada Durand Line. Islamabad calificó esos ataques de “agresión no provocada” y anunció la Operación ‘Ghazab lil Haq’ (“Ira por la verdad”), una campaña de represalias que ya habría destruido una docena de puestos talibanes y causado más de un centenar de bajas, según medios paquistaníes.

El resultado es un ciclo clásico de acción-reacción, con narrativas incompatibles sobre quién dispara primero, quién muere y quién viola qué acuerdo.

Kabul y Kandahar bajo fuego, versiones totalmente enfrentadas

El salto cualitativo llegó con los bombardeos sobre Kabul y Kandahar, corazón político y simbólico del régimen talibán. Según fuentes afganas y paquistaníes, los misiles impactaron en la capital y en al menos otras dos provincias en la madrugada del viernes, en lo que Islamabad describe como un ataque quirúrgico contra cuarteles, depósitos de munición y centros de mando.

Los talibanes ofrecen una versión muy distinta. El portavoz Zabihullah Mujahid aseguró en X que los últimos bombardeos no han causado víctimas, minimizó los daños y se esforzó en proyectar una imagen de control. Al mismo tiempo, su Gobierno denuncia una violación “clara” de la soberanía afgana y promete una “respuesta medida” si continúan los ataques.

Entre ambos discursos median, de nuevo, los datos fragmentarios de una guerra en la sombra. Medios regionales han informado de explosiones en barrios densamente poblados de Kabul y de movimientos de vehículos militares talibanes con sirenas hacia las zonas bombardeadas, pero sin confirmación independiente de víctimas civiles.

Mientras Asif proclama que “la guerra abierta” ya está en marcha, ni Pakistán ni Afganistán han emitido una declaración formal de guerra al estilo clásico. El conflicto se libra, de momento, a través de ataques limitados, operaciones especiales y un uso intensivo de la retórica en redes sociales. El riesgo es que, en un contexto de fronteras porosas y cadenas de mando fragmentadas, una sola salva mal calculada empuje a ambos países a una escalada irreversible.

Una frontera de 2.600 kilómetros convertida en frente de guerra

El escenario de esta confrontación es uno de los límites más inestables del planeta: la frontera de unos 2.600 kilómetros que separa Pakistán y Afganistán, conocida como Durand Line. Trazada por el Imperio británico en 1893, la línea corta en dos las tierras históricas de pashtunes y baluches, y nunca ha sido plenamente aceptada por Kabul.

En los últimos años, Pakistán ha invertido más de 500 millones de dólares en levantar una valla de acero y alambre de espino, con torres de vigilancia y sensores, con el argumento de frenar el terrorismo, el contrabando y el flujo descontrolado de refugiados. Sin embargo, el muro no ha impedido ni los ataques ni la circulación de militantes, y ha alimentado el resentimiento en las comunidades fronterizas, que ven cómo se trocean aldeas, terrenos agrícolas y rutas tradicionales.

Lo más grave es que la militarización creciente de esta frontera se superpone a clanes armados, economía informal y lealtades difusas. Desde 2024 se registran reiterados intercambios de fuego, bombardeos y cierres de pasos clave, con un balance de al menos decenas de civiles muertos y cientos de desplazados según datos europeos recientes.

El diagnóstico es inequívoco: cuando Asif proclama la “guerra abierta”, lo hace sobre un terreno donde la línea que separa operación “puntual” y conflicto prolongado es excepcionalmente fina.

El coste económico inmediato: comercio roto e inflación desbocada

La dimensión económica del choque es menos visible que las columnas de humo sobre Kabul, pero no menos corrosiva. Desde octubre de 2025, Pakistán ha cerrado intermitentemente los principales pasos fronterizos con Afganistán, paralizando el tránsito de camiones a través de cruces estratégicos como Torkham.

Antes de la crisis, el intercambio bilateral se situaba en torno a 1.100 millones de dólares anuales en exportaciones paquistaníes y cerca de 600 millones en importaciones procedentes de Afganistán, con productos clave como cereales, cemento, fármacos, frutas y verduras. Cada cierre provoca pérdidas de varios millones de dólares al mes y golpea especialmente a sectores intensivos en perecederos.

Los efectos ya se han visto en los mercados: tras las últimas interrupciones, el precio de productos básicos como el tomate se ha disparado hasta 600 rupias por kilo y el pimiento ha alcanzado las 300 rupias, multiplicando por tres o cuatro sus niveles habituales en algunas ciudades paquistaníes. El contraste con las cifras macro es demoledor: mientras Islamabad presume de disciplina fiscal para cumplir con el FMI, una parte de su población paga la factura de la crisis de seguridad en forma de inflación alimentaria y pérdida de empleo en las regiones fronterizas.

En Afganistán el golpe es aún más duro. La economía afgana depende críticamente de la exportación de frutas y productos agrícolas a Pakistán; cada día de cierre implica camiones detenidos, mercancía que se pudre y miles de jornaleros sin ingresos.

Riesgos para la estabilidad interna de Pakistán

El giro hacia la “guerra abierta” llega en un momento de extrema fragilidad interna para Pakistán. El país encadena años de inestabilidad económica, con una inflación de dos dígitos, devaluaciones sucesivas de la rupia y una dependencia creciente de los programas del FMI y de financiación bilateral de China y países del Golfo.

En paralelo, el Gobierno ha puesto en marcha una controvertida política de expulsión de cientos de miles de afganos que residían en Pakistán, muchos de ellos desde hace décadas. La medida se justifica oficialmente por motivos de seguridad y presión demográfica, pero ha generado críticas de organizaciones humanitarias y amenaza con desestabilizar aún más provincias como Baluchistán y Khyber Pakhtunkhwa, donde el desempleo y el resentimiento contra el centro ya son elevados.

Sobre ese cóctel se superpone ahora el auge del cultivo de opio en territorio paquistaní, después de que los talibanes impusieran una prohibición casi total de la amapola en Afganistán. Los informes apuntan a decenas de miles de hectáreas en Baluchistán, un negocio que puede financiar tanto redes criminales como grupos armados si el Estado pierde el control.

La consecuencia es clara: una escalada militar sostenida con Afganistán no sólo drenaría recursos de un presupuesto ya exhausto, sino que puede alimentar un círculo vicioso de inseguridad, economía sumergida y desafección política dentro del propio Pakistán.

Qué puede pasar ahora: escalada regional o regreso a Doha

El precedente inmediato del actual choque es el alto el fuego alcanzado en octubre de 2025, tras una ronda de negociaciones en Doha que logró frenar temporalmente los enfrentamientos más intensos. Desde entonces, los incidentes han continuado a baja intensidad, pero el marco de diálogo seguía existiendo. La declaración de “guerra abierta” amenaza con dinamitar ese canal.

Los analistas manejan varios escenarios. El más probable, a corto plazo, es el de una guerra de baja intensidad: ataques limitados, bombardeos puntuales, incursiones de comandos y cierres selectivos de pasos fronterizos. Ese modelo permite a ambas partes mostrar fuerza ante sus respectivas opiniones públicas sin asumir el coste político y militar de una guerra total.

El riesgo, sin embargo, es que el conflicto se desborde. Si los bombardeos paquistaníes provocan una masacre civil evidente en Afganistán, o si un ataque talibán causa decenas de muertos en una ciudad paquistaní, la presión para una respuesta más amplia puede convertirse en irresistible. A ello se suma la dimensión india: al acusar a los talibanes de alinearse con Nueva Delhi, Asif introduce a un tercer actor nuclear en la ecuación.

La incógnita es si Qatar, Turquía y otras capitales con canales abiertos con ambos gobiernos serán capaces de reactivar un proceso de mediación antes de que la dinámica de la “guerra abierta” se imponga por inercia.

El papel incómodo de China, Estados Unidos y las monarquías del Golfo

En segundo plano, las grandes potencias observan con creciente inquietud. China ha invertido miles de millones de dólares en el Corredor Económico China-Pakistán (CPEC), que atraviesa precisamente las regiones que podrían verse más afectadas por una escalada bélica prolongada. Un conflicto crónico en la frontera afgana complica su estrategia de conectar Xinjiang con el mar Arábigo y de explotar recursos mineros en Afganistán.

Estados Unidos, por su parte, mantiene un delicado equilibrio: rehúye cualquier regreso militar directo a Afganistán, pero ve con preocupación la posibilidad de que la región se convierta en un santuario de grupos yihadistas transnacionales si la guerra entre Islamabad y Kabul distrae a ambos gobiernos de la amenaza terrorista.

Las monarquías del Golfo —en particular Arabia Saudí, Qatar y Emiratos— son, además de actores diplomáticos, acreedores clave de Pakistán y donantes importantes en Afganistán. Una guerra abierta amenaza con multiplicar las peticiones de rescate financiero y ayuda humanitaria, al tiempo que obliga a estos países a definirse en un tablero donde también pesa la relación con India y con las potencias occidentales.

En este contexto, el mensaje de Asif puede leerse como algo más que un desahogo retórico: es también una forma de forzar la atención internacional sobre un conflicto que, de prolongarse, tendrá costes económicos y de seguridad muy por encima de la ya castigada frontera afgano-paquistaní.