Putin acusa a Europa de ir más allá del robo con activos rusos congelados
El aviso del Kremlin sobre la posible confiscación de reservas en la UE expone el riesgo de deuda y de pérdida de confianza en la moneda única en plena negociación del nuevo mega-préstamo a Ucrania.
Vladímir Putin ha criticado con dureza los planes europeos para usar los activos rusos congelados como palanca financiera a favor de Ucrania y ha advertido de que cualquier intento de confiscación sería “un robo” que minaría la confianza en el euro y pondría en riesgo las reservas de los grandes productores de petróleo aparcadas en la Unión Europea.
Sus palabras llegan justo después de que los líderes comunitarios hayan optado por un préstamo de 90.000 millones de euros a Kiev financiado con nueva deuda, después de fracasar el plan de utilizar directamente esos activos rusos.
El choque no es solo político: detrás late una compleja ecuación financiera en la que se cruzan deuda pública récord, credibilidad del euro y un stock de más de 210.000 millones de reservas rusas inmovilizadas en territorio comunitario.
La pregunta que se abre es incómoda: ¿hasta dónde puede llegar Europa en el castigo económico a Rusia sin dispararse en el pie financiero?
Un aviso directo desde Moscú
Putin ha aprovechado su rueda de prensa anual en Moscú para enviar un mensaje muy concreto a Bruselas y, sobre todo, a terceros países con grandes reservas en la UE. Ha alertado de “riesgos para las reservas internacionales de los principales productores de petróleo” si Europa cruza la línea roja de confiscar activos rusos, citando expresamente a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y otros miembros de la OPEP.
El Kremlin intenta así elevar el coste político de cualquier decisión europea sobre esos fondos: no se trataría solo de castigar a Rusia, sino de sentar un precedente que podría inquietar a cualquier gobierno que mantenga miles de millones aparcados en instituciones financieras europeas. La advertencia está diseñada para que resuene en los ministerios de Finanzas de medio planeta, no solo en el Banco Central ruso.
Lo más relevante es el marco que utiliza Putin: confiscar reservas equivaldría a dinamitar la confianza en el euro como divisa segura. Ese es, precisamente, el activo intangible que la UE lleva dos décadas cultivando y que se vería cuestionado si se percibe que los fondos de un Estado pueden ser expropiados por motivos políticos sin una arquitectura legal sólida y predecible.
Los 210.000 millones congelados en el corazón de Europa
El núcleo del debate son los alrededor de 210.000 millones de euros en activos soberanos rusos inmovilizados en la UE desde el inicio de la invasión de Ucrania. La mayor parte —en torno a 190.000 millones— está depositada en Euroclear, la cámara de compensación con sede en Bélgica que se ha convertido, de facto, en la gran caja fuerte del dinero del Kremlin en Europa.
Además, se calcula que hay unos 25.000–30.000 millones de euros adicionales en activos privados rusos congelados, repartidos por bancos y custodios de varios países comunitarios.
Hasta ahora, la decisión política ha sido congelar, no confiscar: la UE ha acordado mantener las reservas inmovilizadas de forma indefinida, pero ha evitado dar el paso definitivo de apropiarse del principal.
Donde sí se ha avanzado es en el uso de los beneficios generados por esos activos. Solo en 2024, Euroclear obtuvo 6.900 millones de euros de ingresos derivados de las reservas rusas, de los que una parte creciente se canaliza —vía impuestos y transferencias— hacia fondos de apoyo a Ucrania.
La línea que separa “usar beneficios” de “incautar capital” es precisamente la que ahora se discute… y la que Putin ha querido iluminar con su amenaza.
Más deuda para una Europa al límite
Mientras se discute qué hacer con el dinero ruso, la UE ha optado por una vía más clásica: endeudarse en los mercados para sostener a Ucrania. El acuerdo de Bruselas prevé un préstamo de 90.000 millones de euros, sin intereses, que se financiará mediante emisiones conjuntas en 2026 y 2027, compartiendo el riesgo entre los Estados miembros.
El problema es que Europa no parte de una hoja en blanco. Francia, por ejemplo, cerrará 2025 con una deuda pública equivalente al 117,4% de su PIB, y las previsiones de la Comisión apuntan a que el ratio podría acercarse al 120% en 2027 si no se corrige el déficit, que ronda el 5,8% del PIB.
Italia supera ya con holgura el 140%, y el conjunto de la eurozona se mueve en torno al 89–90% del PIB.
En ese contexto, cada nuevo programa de deuda conjunta reabre el debate sobre quién paga realmente la guerra. La ayuda a Ucrania es políticamente difícil de cuestionar, pero el relato de que “no pagará el contribuyente europeo, sino Rusia” pierde fuerza si los activos rusos siguen intactos mientras los Estados aumentan su stock de pasivo. Esa brecha entre narrativa y realidad financiera es el terreno donde crecen los discursos populistas.
El riesgo silencioso para el euro como moneda de reserva
La cuestión que Putin pone sobre la mesa no es solo jurídica, sino monetaria. El euro se ha consolidado en las últimas décadas como segunda moneda de reserva mundial, muy por detrás del dólar, pero relevante para decenas de bancos centrales que diversifican en bonos europeos parte de sus carteras.
Si la UE da el salto de la congelación a la confiscación, rompe un principio que hasta ahora parecía casi sagrado: la inmunidad práctica de las reservas soberanas en manos de bancos centrales extranjeros. Informes recientes de think tanks y centros académicos advierten de que un movimiento de ese calibre podría acelerar la búsqueda de alternativas: más oro, más yuan, más activos denominados en monedas de países percibidos como “neutrales”.
Lo más grave, desde el punto de vista europeo, es que el golpe no sería inmediato, sino gradual y silencioso. No veríamos una fuga masiva de reservas en un día, sino un goteo sostenido de diversificación que, con el tiempo, reduciría el peso del euro en las carteras oficiales y encarecería la financiación de los Estados miembros. Precisamente el escenario que Putin ha querido dibujar en voz alta ante las televisiones.
Lo que temen Riad, Pekín y las capitales emergentes
Cuando el presidente ruso advierte de riesgos para las reservas de los grandes productores de petróleo, está hablando directamente a Arabia Saudí, Emiratos y otros países del Golfo que mantienen cientos de miles de millones en deuda europea depositada, en muchos casos, en el propio sistema Euroclear.
Estos países ya llevaban años diversificando hacia activos en yuanes, bonos asiáticos y oro físico para reducir su dependencia del dólar. Si perciben que el euro también puede utilizarse como arma política, la tentación de acelerar ese giro aumentará. Lo mismo ocurre con economías emergentes que han intentado repartirse entre dólar y euro para no quedar atrapadas en un solo bloque.
Aquí reside la parte más sofisticada de la estrategia del Kremlin: convertir un debate europeo sobre cómo financiar a Ucrania en un referéndum global sobre la seguridad de mantener reservas en la UE. Aunque muchos de estos países condenan, al menos de forma retórica, la invasión de Ucrania, comparten una preocupación común: no ver sus fondos atrapados en una guerra que no consideran propia.
La batalla legal y política que se avecina
En paralelo a la ofensiva retórica, Rusia ha abierto el frente judicial. El Banco Central ruso ha demandado a Euroclear en un tribunal comercial de Moscú por el bloqueo de sus activos, en una maniobra que busca tanto recuperar parte del dinero como presionar diplomáticamente a Bélgica, donde se encuentra la cámara de compensación.
Mientras tanto, la UE ha dado un paso importante al congelar indefinidamente los 210.000 millones de euros en activos soberanos rusos, evitando la necesidad de renovar la medida cada seis meses y cerrando la puerta a vetos puntuales de países más cercanos a Moscú.
Pero sigue sin existir consenso para ir más allá: los servicios jurídicos comunitarios y varios gobiernos alertan de que una confiscación plena chocaría con el derecho internacional y abriría la puerta a reclamaciones multimillonarias.
En este punto, se barajan soluciones intermedias: usar los activos como colateral de préstamos, limitarse a sus beneficios financieros o condicionar cualquier movimiento al reconocimiento explícito, por parte del G7 y de la ONU, de que Rusia está obligada a pagar reparaciones por una cifra que el Banco Mundial sitúa ya en torno a 500.000 millones de euros para la reconstrucción de Ucrania.
Cohesión europea a prueba de activos congelados
Las divergencias internas en la UE son evidentes. Bélgica, que alberga Euroclear y concentra la mayor parte de los activos rusos, ha liderado el rechazo a utilizarlos como fuente directa de financiación, temiendo represalias de Moscú y daños a la reputación de su plaza financiera.
A su lado se han situado países como Hungría, Eslovaquia o la República Checa, que se han negado a asumir costes en el nuevo préstamo a Ucrania y han conseguido un “opt-out” financiero para sus contribuyentes.
En el otro extremo, Estados bálticos y Polonia presionan para ir más rápido y más lejos en el uso de los fondos rusos, con el argumento de que “quien rompe, paga”.
Este hecho revela una fragilidad de fondo: la unidad europea frente a Rusia es alta en el plano declarativo, pero se resquebraja cuando se discute quién asume el riesgo jurídico, financiero y geopolítico de las medidas más agresivas. El pulso en torno a los activos congelados se ha convertido así en un termómetro de la cohesión estratégica del bloque.
Los escenarios que se abren ahora
A partir de las palabras de Putin y del último acuerdo europeo, se perfilan tres posibles caminos. El primero, continuista, mantendría el esquema actual: activos rusos congelados, uso creciente de sus beneficios financieros para Ucrania y nueva deuda conjunta para cubrir el grueso de las necesidades de Kiev, estimadas en 137.000 millones de euros solo entre 2026 y 2027.
El segundo escenario implicaría un salto controlado: utilizar parte del principal de esos activos como garantía formal del préstamo europeo, de modo que, si Moscú se niega a pagar reparaciones en el futuro, esos fondos sirvan para ir amortizando la deuda. Jurídicamente sería menos agresivo que una incautación directa, pero políticamente muy difícil de vender como gesto “reversible”.
El tercero, más rupturista, pasaría por una decisión coordinada del G7 y la UE de confiscar una parte relevante de las reservas rusas para destinarlas a la reconstrucción de Ucrania. Es el escenario que Kiev defiende abiertamente y que algunos analistas occidentales consideran inevitable si la guerra se enquista. Sin embargo, es también el que más se aproxima al escenario que Putin ha descrito como detonante de una crisis de confianza en el euro.
El diagnóstico es inequívoco: la advertencia del Kremlin no es solo una amenaza más en la guerra de Ucrania, sino un recordatorio de que la batalla también se libra en la arquitectura financiera internacional. Europa camina sobre una cuerda floja: si se queda corta, alimenta la narrativa de impunidad rusa; si se pasa de frenada, puede poner en cuestión el mismo edificio monetario sobre el que se asienta su poder.
