Atenas cercada por tractores: el pulso que incomoda a Mitsotakis

Una marea de tractores ha conquistado el corazón de Atenas y ha convertido la plaza Syntagma en un símbolo del enfado del campo griego.
Cientos de agricultores, llegados desde las principales regiones agrícolas del país, han rodeado el Parlamento para denunciar unos costes de producción que consideran inasumibles y unas ayudas que nunca llegan a tiempo.
El Gobierno de Kyriakos Mitsotakis confiaba en desinflar la protesta con anuncios parciales, pero los manifestantes acusan al Ejecutivo de ignorar los problemas estructurales que arrastra el sector desde hace más de una década.
La energía agrícola se ha encarecido en más de un 30% en dos años y los fertilizantes superan incrementos del 20%-25%, mientras los pagos de subsidios se retrasan durante meses. El conflicto ha dejado de ser una simple reivindicación sectorial para convertirse en un test de estrés para la estabilidad política griega… y en un aviso directo a Bruselas sobre los límites de su política agrícola.

Una imagen inédita en el corazón de Atenas

Syntagma, la plaza donde Grecia ha vivido desde dimisiones de gobiernos hasta referendos históricos, amaneció esta vez tomada por tractores alineados frente al hemiciclo. El asfalto, habitualmente dominado por autobuses, taxis y turistas, se transformó en una especie de feria agrícola improvisada, con pancartas, banderas y agricultores vestidos con la ropa de trabajo.

Más que una marcha tradicional, la concentración tiene vocación de plantón prolongado. Muchos agricultores llegaron la víspera, durmieron en sus vehículos y prepararon hogueras improvisadas para resistir el frío, en un escenario que recuerda a las grandes movilizaciones de la crisis de deuda, pero con otro protagonista: el campo.

La presencia policial fue intensa, aunque contenida. A los cordones habituales de antidisturbios se sumaron controles de acceso al centro para desviar el tráfico y minimizar los riesgos de incidentes. El mensaje de los manifestantes, sin embargo, fue explícito: “si no nos escuchan en las oficinas del Ministerio, vendremos al Parlamento cuantas veces haga falta”.

Lo más llamativo, subrayan fuentes parlamentarias, no fue solo el número de tractores —fuentes sindicales hablan de varios cientos, frente a las decenas habituales—, sino la determinación de permanecer en la plaza hasta obtener compromisos concretos y por escrito.

Protestas que nacen en el campo y estallan en la capital

La jornada de Atenas es la culminación de semanas de bloqueos parciales en carreteras regionales, puertos y centros logísticos. Desde Tesalia hasta Macedonia, los agricultores llevaban días advirtiendo de que, si no había respuesta, el siguiente paso sería rodear el Parlamento. Y lo han cumplido.

El malestar viene de lejos. Tras los incendios y las inundaciones de los últimos años, muchos productores aseguran que sus explotaciones operan al límite de la viabilidad. A las pérdidas por fenómenos climáticos extremos se suman los sobrecostes de maquinaria, seguros y mano de obra en un país donde el salario mínimo ha subido más de un 15% desde 2022, mientras los precios pagados en origen apenas se han movido.

La situación es especialmente crítica para las pequeñas explotaciones familiares, que siguen representando una parte muy significativa del tejido agrario griego. “No pedimos milagros, pedimos que los números cuadren. No se puede producir a precios europeos y vender a precios de hace diez años”, resumía uno de los portavoces en Syntagma.

El contraste con las cifras macroeconómicas resulta incómodo para el Gobierno: mientras Atenas exhibe crecimiento por encima de la media de la zona euro, una inflación moderada y récord de turismo, una parte del país siente que esa recuperación no llega a los campos ni a las aldeas.

Costes disparados y subsidios que nunca llegan

El núcleo de la protesta se resume en tres palabras: energía, fertilizantes y ayudas. Los agricultores aseguran que la factura eléctrica vinculada al riego y a la refrigeración de productos se ha disparado más de un 30% desde el inicio de la crisis energética, pese a las medidas de contención anunciadas por el Gobierno. El gasóleo agrícola, aunque bonificado, sigue en niveles que muchos consideran incompatibles con márgenes ya de por sí estrechos.

Los fertilizantes y fitosanitarios tampoco dan tregua. Asociaciones agrarias hablan de subidas acumuladas del 20%-25% en algunos insumos clave desde 2021, empujadas por la volatilidad de los mercados internacionales y la guerra en Ucrania. Mientras tanto, los precios de compra de la industria y las cadenas de distribución suben a un ritmo muy inferior, cuando no se mantienen estancados.

A este desequilibrio se suma el retraso en el pago de subsidios. Los agricultores denuncian que algunas ayudas nacionales y europeas acumulan entre seis y nueve meses de demora, lo que obliga a financiar campañas enteras con crédito bancario. En un entorno de tipos de interés más altos, el coste financiero se convierte en otra carga que erosiona la rentabilidad.

“Nos dicen que esperemos a los fondos europeos, pero los bancos no esperan, los proveedores no esperan y las facturas de luz tampoco”, lamentaba un productor de la Grecia central. La consecuencia es un círculo vicioso: más deuda, más riesgo de impago y más cierres silenciosos de explotaciones.

Bruselas en el punto de mira

Aunque el Gobierno de Mitsotakis se encuentra en el centro de las críticas, los agricultores apuntan también hacia Bruselas y la política agrícola común (PAC). Entre las reivindicaciones figura la revisión de las normas europeas que, a su juicio, están ahogando al sector con exigencias burocráticas y medioambientales alejadas de la realidad del terreno.

Los manifestantes reclaman flexibilidad en las obligaciones de barbecho, uso de fitosanitarios y requisitos medioambientales, así como una mayor protección frente a la entrada de productos de terceros países que no cumplen los mismos estándares. “Si Europa exige más, que pague más; si quiere que seamos más verdes, que no nos deje en números rojos”, repetían algunos carteles en Syntagma.

La dimensión europea complica la negociación. Gran parte de las ayudas que reclaman están cofinanciadas por la Unión Europea y sujetas a reglas comunes. Grecia no puede, por ejemplo, conceder subvenciones masivas sin riesgo de vulnerar las normas sobre ayudas de Estado.

El contraste con otras movilizaciones agrícolas en países como Francia, Alemania o España resulta evidente: el malestar es similar —costes, burocracia, competencia exterior—, pero la capacidad fiscal y política de respuesta de Atenas es mucho más limitada. De ahí que muchos agricultores vean en la presión directa sobre el Parlamento la única forma de situar su agenda en las mesas de Bruselas.

Un Gobierno entre la presión de la calle y la disciplina fiscal

Para el Ejecutivo de Mitsotakis, la protesta llega en un momento de equilibrio delicado. Tras años de duros ajustes, Grecia ha recuperado el acceso normalizado a los mercados, ha reducido el paro por debajo del 11% y aspira a consolidar su imagen de “historia de éxito” postrescate. Cualquier gesto que implique un aumento significativo de gasto o rebajas fiscales masivas genera inquietud en el Ministerio de Finanzas.

Hasta ahora, la respuesta oficial se ha limitado a paquetes acotados: descuentos parciales en la energía para usos agrícolas, promesas de acelerar el pago de subsidios atrasados y compromisos de “dialogar” sobre las exigencias europeas. Medidas que los agricultores consideran claramente insuficientes.

El Gobierno teme abrir una caja de Pandora. Si concede recortes fiscales o ayudas directas al campo sin un marco europeo, otros colectivos —transportistas, autónomos, pymes— podrían exigir paquetes similares. Además, cualquier desviación visible de la senda de consolidación presupuestaria podría reavivar recuerdos de la crisis de deuda y encarecer la financiación del país.

El diagnóstico es inequívoco: Mitsotakis está atrapado entre la presión de una calle altamente simbólica, la de Syntagma llena de tractores, y la mirada de unos acreedores internacionales que vigilan cada décima de déficit.

La fuerza añadida de los sindicatos urbanos

Uno de los elementos más preocupantes para el Ejecutivo es la entrada en escena de los sindicatos de Atenas y El Pireo. Su apoyo ha dado a la protesta agrícola una dimensión nueva, al conectar el malestar del campo con la inquietud de trabajadores urbanos por el coste de la vida, los salarios y la precariedad.

Su presencia en Syntagma, junto a los tractores, envía un mensaje político claro: el conflicto ya no se percibe como una demanda corporativa, sino como un síntoma de desigualdad territorial y social. “Si se hunde el campo, se encarecen los alimentos, se vacían las regiones y se agrandan las brechas con las ciudades”, advertían los portavoces sindicales.

La alianza estresa también la agenda política en El Pireo, principal puerto del país y motor logístico. Cualquier convocatoria de paros o cierres coordinados entre agricultores y trabajadores portuarios tendría un impacto inmediato sobre las exportaciones, el abastecimiento y el turismo de cruceros, pilares de la economía griega.

Este hecho revela la verdadera dimensión del conflicto: ya no se trata solo de compensar a un sector en dificultades, sino de evitar que se consolide una coalición social amplia capaz de bloquear puntos neurálgicos del país.

Riesgos para la estabilidad política y para el modelo rural

La imagen de Syntagma cercada por maquinaria agrícola tiene una lectura inevitable en clave de estabilidad política. Grecia conoce bien el poder simbólico de la plaza: fue allí donde se gestó buena parte de la contestación a los memorandos de la troika. Aunque el contexto actual es distinto, la percepción de un Gobierno alejado de las preocupaciones del país real puede erosionar poco a poco su base social.

A medio plazo, el riesgo más serio no es solo un cambio de Ejecutivo, sino la desertización progresiva del mundo rural. Si la ecuación económica no mejora, muchas explotaciones medianas y pequeñas podrían echar el cierre en los próximos años. La agricultura supone todavía alrededor del 4% del PIB y emplea directa o indirectamente a más del 10% de la población activa.

El cierre de explotaciones implica menos producción local, más dependencia de importaciones y el deterioro de un tejido social que sostiene escuelas, servicios básicos y comercio en centenares de pueblos. El efecto dominó podría afectar incluso al equilibrio demográfico, alimentando el éxodo hacia Atenas y Tesalónica.

“Hoy venimos con tractores; dentro de unos años puede que no quede nadie para conducirlos”, resumía un agricultor veterano. La frase condensa el temor a que, sin un cambio de rumbo, la protesta actual sea solo el prólogo de un retroceso estructural del campo griego.

Qué puede pasar ahora: negociación intensa y calendario europeo

El escenario que se abre tras esta demostración de fuerza combina negociación acelerada y tiempos largos. A corto plazo, el Gobierno intentará desactivar la tensión con compromisos concretos: acelerar pagos atrasados, extender descuentos en la energía, crear líneas de crédito blandas o flexibilizar determinados requisitos administrativos.

Sin embargo, las demandas más de fondo —revisión de las políticas agrarias europeas, protección frente a importaciones de terceros países, adaptación de los objetivos verdes— solo pueden abordarse en el marco de Bruselas y la PAC, cuyo próximo gran debate presupuestario se concentrará en la segunda mitad de la década.

En el mejor de los casos, Atenas logrará arrancar a la Comisión Europea cierta margen de flexibilidad temporal y programas específicos para las regiones más golpeadas. En el peor, la sensación de promesas incumplidas alimentará nuevas rondas de protestas, con el riesgo de contagio a otros sectores.

La pregunta de fondo sigue abierta: ¿será capaz Grecia —y por extensión Europa— de diseñar un modelo agrícola que combine sostenibilidad, competitividad y rentas dignas sin convertir cada reforma en una batalla campal frente al Parlamento?