La NAACP pide limitar el uso de datos electorales incautados en Georgia
La batalla jurídica sobre las elecciones de 2020 en Georgia ha sumado un nuevo frente: la protección de los datos personales de los votantes.
La NAACP y otros grupos de derechos civiles han pedido a un juez federal que imponga límites estrictos al uso de la información electoral incautada por el FBI el pasado 28 de enero en un almacén de comicios del condado de Fulton, a las afueras de Atlanta.
Según estas organizaciones, la retirada de papeletas, imágenes electrónicas y censos vulneró la confianza de millones de residentes que cedieron sus datos al registrarse para votar y plantea riesgos para su privacidad y para el libre ejercicio del sufragio.
El Departamento de Justicia sostiene que actúa en el marco de una investigación penal sobre los comicios de 2020, pero los demandantes temen que la información pueda emplearse para otros fines, desde la depuración de censos hasta el control migratorio.
El caso se suma a una serie de litigios en al menos 23 estados y el Distrito de Columbia por el acceso a registros electorales completos, en un contexto de fuerte polarización política y desconfianza sobre la integridad del proceso.
Un registro electoral bajo la lupa de los tribunales
La petición ante el tribunal llega tras el registro realizado por agentes del FBI en el centro de operaciones electorales de Fulton County, al sur de Atlanta, en ejecución de una orden de registro vinculada a la elección presidencial de 2020.
Según las informaciones conocidas hasta ahora, los agentes se incautaron de papeletas físicas, cintas de los tabuladores que contabilizan los votos, imágenes electrónicas generadas durante el recuento y recuento manual, así como de los listados de votantes del condado más poblado del estado.
El condado ha presentado por su parte una solicitud para que se le devuelva el material, alegando la necesidad de conservarlo bajo custodia local y de garantizar la continuidad de la administración electoral.
El movimiento de la NAACP y del resto de organizaciones no cuestiona la existencia de una investigación penal, pero considera que la forma en que se ha desarrollado el operativo —incluida la amplitud de los documentos incautados— exige ahora una intervención judicial que clarifique qué puede hacerse, y qué no, con la información sensible de los votantes.
Qué pide exactamente la NAACP al juez
La moción registrada por el Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law en nombre de la NAACP, sus secciones de Georgia y Atlanta, y la Georgia Coalition for the Peoples Agenda, solicita al juez que establezca “límites razonables” al uso de los datos electorales intervenidos.
En concreto, los grupos reclaman que el Gobierno federal solo pueda utilizar la información en el marco de la investigación penal descrita en la orden de registro y que se le prohíba expresamente emplearla para:
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tareas de mantenimiento de censos o depuración de registros de votantes,
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decisiones de administración electoral ajenas a la causa penal,
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actuaciones de control migratorio u otros usos no relacionados con el caso.
Además, piden que el tribunal obligue al Gobierno a detallar:
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un inventario completo de todos los documentos y soportes incautados,
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la identidad de cualquier persona que haya accedido a los datos fuera del equipo investigador,
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si se han realizado copias y qué medidas se han adoptado para proteger la información.
El planteamiento de las organizaciones es que, incluso en el contexto de una investigación penal, el uso de datos que incluyen direcciones, fechas de nacimiento o, eventualmente, números de documentación debe someterse a salvaguardas adicionales para no disuadir a la ciudadanía de participar en futuros procesos electorales.
Qué se llevó el FBI del almacén electoral de Fulton
La orden de registro autorizaba al FBI a hacerse con todo el material relacionado con la elección de 2020 en Fulton County: papeletas originales, sus imágenes electrónicas, cintas de los lectores ópticos y los listados de votantes.
Otras informaciones judiciales apuntan a que el volumen de material supera las 700 cajas de documentos y soportes, lo que da una idea de la envergadura del operativo y del alcance potencial de los datos manejados.
La moción de la Georgia Coalition for the Peoples Agenda sostiene que los residentes del estado entregaron su “información personal sensible” a las autoridades con el compromiso de un uso estrictamente electoral. La incautación masiva, argumentan, habría “quebrado esa garantía”, vulnerando las protecciones constitucionales de la privacidad e interfiriendo en el derecho al voto, al menos en términos de confianza y percepción pública.
Por su parte, el condado de Fulton insiste en que sigue siendo responsable de la custodia de los registros y que su ausencia podría complicar tanto la gestión de futuras elecciones como la respuesta a solicitudes de información de candidatos, partidos y votantes.
El papel de Trump y el origen de la investigación
El contexto político del caso está marcado por la atención reiterada del expresidente Donald Trump sobre Fulton County, un bastión demócrata clave en su derrota en Georgia en 2020. Trump ha insistido en que se produjo fraude generalizado en este condado, pese a que múltiples recuentos y auditorías confirmaron la victoria de Joe Biden en el estado.
Según el affidavit de un agente del FBI presentado al juez de instrucción para obtener la orden de registro, la investigación penal se inició a partir de una remisión de Kurt Olsen, abogado que asesoró a Trump en sus intentos de revertir el resultado de 2020 y que actualmente desempeña un papel en el equipo del presidente centrado en “seguridad e integridad electoral”.
Documentos judiciales que se han ido desclasificando indican que la solicitud de registro citaba alegaciones sobre supuestas irregularidades en los votos por correo y en el conteo, afirmaciones que ya habían sido examinadas y descartadas por las autoridades electorales de Georgia y por revisiones independientes.
La combinación de un origen ligado a asesores cercanos a Trump y de unas acusaciones previamente refutadas alimenta la preocupación de las organizaciones demandantes sobre la finalidad real del registro y sobre el uso posterior de los datos incautados.
Las demandas federales por datos de votantes en 23 estados
El movimiento de la Department of Justice para obtener información electoral no se limita a Georgia. Según la propia moción, el registro en Fulton se produjo en paralelo a una ofensiva legal en al menos 23 estados y el Distrito de Columbia para conseguir copias completas y sin anonimizar de los registros de votantes.
El Departamento de Justicia argumenta que estos datos son necesarios para fortalecer la seguridad del sistema electoral, detectar patrones de fraude y mejorar la administración de futuras elecciones. Sin embargo, distintos responsables estatales —en su mayoría demócratas, aunque no exclusivamente— y organizaciones de derechos civiles plantean dudas sobre el posible uso secundario de esos datos, por ejemplo, en materia migratoria o para impulsar depuraciones agresivas de censos.
Varios tribunales federales han rechazado hasta ahora las demandas del Departamento de Justicia, al considerar que los estados conservan competencias relevantes sobre la protección de datos de los votantes y que el Gobierno federal no ha justificado suficientemente la necesidad de un acceso tan amplio y detallado.
En este contexto, el hecho de que el organismo que impulsa esas demandas sea ahora el depositario de los registros de Fulton County alimenta la preocupación de quienes firman la moción.
Privacidad, derecho al voto y temor al efecto disuasorio
Para las organizaciones demandantes, el núcleo del problema es el impacto que el uso de la información pueda tener sobre el comportamiento futuro de los votantes. La moción señala que el clima de repetidas solicitudes de acceso a registros de 2020 “incrementa las preocupaciones sobre la privacidad y seguridad de los datos sensibles de los votantes y agrava el efecto disuasorio sobre los derechos de voto”.
El argumento se basa en una idea sencilla: si los ciudadanos perciben que sus datos personales —incluidas direcciones, fechas de nacimiento o números parciales de identificación— pueden circular entre distintos organismos o utilizarse para fines ajenos al proceso electoral, algunos podrían optar por no registrarse o por abstenerse de participar.
En el caso concreto de Fulton, condado con una elevada población afroamericana y minorías étnicas, las organizaciones de derechos civiles advierten de que cualquier percepción de uso indebido de los datos podría tener un impacto desproporcionado sobre comunidades que ya han denunciado intentos de supresión del voto en ciclos electorales anteriores.
El tono de la moción es cauteloso, pero subraya que las salvaguardas que se dicten ahora servirán de referencia para futuros registros y para el diseño de protocolos sobre cómo manejar la información electoral en investigaciones penales sin menoscabar la confianza del electorado.
A corto plazo, el juez que conoce del caso deberá pronunciarse sobre dos cuestiones principales: la solicitud del condado de Fulton para que se le devuelvan los materiales y la moción de la Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law y la NAACP para limitar el uso de los datos incautados.
Entre las opciones posibles figuran:
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ordenar un inventario detallado y exigir medidas concretas de seguridad y registro de accesos,
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restringir contractualmente el uso de la información al marco de la investigación penal,
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permitir que la documentación permanezca bajo custodia federal, pero con una supervisión judicial reforzada,
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o, en un escenario más amplio, devolver parte del material al condado y mantener en manos del FBI solo los elementos estrictamente necesarios.
El Departamento de Justicia, por el momento, no ha comentado públicamente la moción.
En cualquier caso, la decisión tendrá implicaciones que van más allá de Georgia. Servirá como referencia para el equilibrio entre investigación penal, protección de datos y derechos electorales en un país donde los comicios de 2020 siguen generando consecuencias legales y políticas seis años después de celebrarse.
