La UE prolonga hasta 2027 el cerco financiero a Hamas
El Consejo de la Unión Europea ha decidido prorrogar un año más, hasta el 20 de enero de 2027, el régimen de sanciones específicas contra quienes apoyan, facilitan o financian las acciones violentas de Hamas y la Yihad Islámica Palestina (PIJ). En la práctica, Bruselas mantiene bajo congelación de activos a 11 individuos y 3 entidades, y prohíbe a ciudadanos y empresas europeas poner fondos o recursos económicos a su disposición. Los sancionados también tienen vetada la entrada y el tránsito por territorio comunitario.
Un régimen nacido tras el 7 de octubre que se hace permanente
El régimen específico contra Hamas y la PIJ no es un invento de última hora. La UE lo creó en enero de 2024, mediante la Decisión (PESC) 2024/385, para disponer de una herramienta a medida con la que atacar las redes de financiación, logística y apoyo político a estos grupos más allá del clásico listado europeo de organizaciones terroristas. En su arranque, el marco incluyó a seis individuos considerados responsables de facilitar o financiar las acciones violentas de Hamas y la Yihad Islámica.
Desde entonces, el listado se ha ido ampliando y ajustando. Sobre la base de este régimen se incorporaron posteriormente tres sociedades vinculadas a la cartera de inversiones de Hamas, utilizadas como vehículos de inversión y empresas pantalla. La prórroga ahora aprobada encaja con el patrón habitual de la política de sanciones de la UE: ciclos anuales de revisión con prolongaciones sucesivas mientras persistan las causas que las motivaron. El diagnóstico que se hace en Bruselas es inequívoco: “la amenaza sigue siendo real y las redes de apoyo financiero permanecen activas”. Por eso, lejos de relajarse, el marco se consolida como pieza estable de la arquitectura de seguridad europea en Oriente Medio.
Quién está en la diana: de 12 a 11 personas y 3 sociedades
La nueva decisión del Consejo introduce un ajuste relevante, aunque discreto: se elimina de la lista a un individuo fallecido, con lo que el número de personas sancionadas pasa de 12 a 11 individuos, mientras se mantienen 3 entidades jurídicas. No se trata de nombres al azar, sino de perfiles vinculados a estructuras financieras, empresariales o logísticas que han permitido a Hamas y a la PIJ operar fuera de los territorios palestinos.
Entre los sancionados figuran financiadores con base en terceros países, directivos de empresas que, según la UE, han servido de “banco en la sombra” para inversiones del movimiento islamista, y personas que habrían facilitado transferencias, inversiones inmobiliarias o vehículos corporativos. Los tres grupos empresariales ya incluidos —con sociedades en Oriente Medio, África y Europa— se consideran parte de la cartera de inversiones de Hamas o brazos ejecutores de esa estrategia de diversificación patrimonial.
La fotografía ha cambiado poco respecto a 2025, cuando Bruselas ya había consolidado un listado de 12 individuos y 3 entidades. El mensaje de fondo es que la UE no busca un efecto masivo, sino quirúrgico: golpear nodos clave de financiación y disuasión, antes que elaborar listas interminables de nombres difícilmente ejecutables.
Qué implican las sanciones: congelación total y veto financiero
Las medidas europeas son duras sobre el papel. Los individuos y entidades listados están sometidos a congelación de todos sus fondos y recursos económicos en la UE, y cualquier banco o empresa que opere bajo jurisdicción europea tiene prohibido poner a su disposición dinero, bienes o servicios. Además, los individuos afectados están sujetos a una prohibición de viajar, que impide su entrada o tránsito por cualquier Estado miembro.
Esto significa que un sancionado no puede abrir una cuenta bancaria, vender activos ni cobrar dividendos a través de entidades europeas. Cualquier pago que pase por un banco con sede en la UE —aunque el destinatario final esté en un tercer país— puede quedar bloqueado. En la práctica, una parte del sistema financiero global queda cerrada para estas personas y empresas, porque muchas grandes entidades no europeas replican los vetos por riesgo reputacional y de cumplimiento.
El alcance jurídico es amplio, pero no absoluto. Existen excepciones humanitarias y autorizaciones puntuales para operaciones que puedan estar ligadas a ayuda humanitaria, actividades de ONG o gastos estrictamente necesarios, siempre bajo supervisión. El equilibrio es delicado: ahogar las redes de apoyo a grupos terroristas sin estrangular el flujo de ayuda legítima a la población civil.
El encaje jurídico: del listado de terroristas al nuevo marco selectivo
La UE ya consideraba a Hamas y la PIJ como organizaciones terroristas desde principios de los 2000, en el marco de la Posición Común 2001/931/PESC, conocida como la “lista europea de terroristas”, que agrupa personas, grupos y entidades con medidas de congelación de activos y prohibición de financiación. Lo que cambia con el régimen específico de 2024 es el nivel de precisión: Bruselas puede ir más allá de los grupos en abstracto y dirigirse contra quienes “apoyan, facilitan o permiten” sus acciones, incluso si no forman parte oficial de sus estructuras.
Este nuevo instrumento responde a un problema que los propios servicios europeos reconocían en privado: la lista de organizaciones terroristas era necesaria, pero insuficiente para seguir la pista de redes de apoyo económico, carteras de inversión en terceros países o figuras interpuestas que nunca aparecen en organigramas formales. La guerra de Gaza y la reacción política posterior aceleraron la adopción de la Decisión (PESC) 2024/385 y su reglamento gemelo, que fijan la base jurídica para sanciones selectivas.
El contraste con otros marcos —como las sanciones contra Rusia o Irán— es significativo. En el caso de Hamas y la PIJ, el foco no está en un Estado, sino en estructuras transnacionales y opacas de financiación, lo que obliga a la UE a refinar herramientas y cooperar de forma más estrecha con autoridades financieras de terceros países.
El impacto real: bancos, compliance y la batalla por rastrear el dinero
Más allá del gesto político, la pregunta clave es hasta qué punto estas sanciones afectan realmente a las capacidades de Hamas y la PIJ. En el plano financiero, el efecto más inmediato se da en los sistemas de cumplimiento normativo (compliance) de los bancos. Cualquier entidad que opere en euros —desde un gran banco francés a una filial en el Golfo que utilice corresponsales europeos— debe revisar sus listas internas, bloquear transacciones sospechosas y reportar operaciones que impliquen a los sancionados.
Los ejemplos recientes muestran que el cerco no es teórico. Hace apenas unas semanas, las autoridades italianas detuvieron a nueve personas acusadas de canalizar unos 7 millones de euros hacia organizaciones vinculadas a Hamas a través de oenegés y estructuras caritativas. Operaciones similares en otros Estados miembros han evidenciado que las redes de financiación combinan rutas bancarias complejas con estructuras opacas en terceros países.
Sin embargo, lo más grave, reconocen en privado expertos en supervisión, es que una parte de los flujos se desplaza fuera del radar formal: sistemas informales de transferencia (hawala), uso intensivo de efectivo o criptomonedas, y triangulaciones con jurisdicciones poco cooperativas. La consecuencia es clara: las sanciones complican la vida a las redes de apoyo a Hamas, pero también elevan el listón de exigencia para supervisores, bancos y unidades de inteligencia financiera europeas.
Gaza, Naciones Unidas y el mensaje político de Bruselas
La decisión de prorrogar las sanciones llega en un contexto político muy concreto. En diciembre de 2025, el Consejo Europeo respaldó la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU, que establece un Board of Peace y una fuerza internacional de estabilización temporal como parte de un plan integral para poner fin al conflicto de Gaza.
En ese marco, los Veintisiete han reiterado su apuesta por una solución de dos Estados, con Israel y Palestina conviviendo “dentro de fronteras seguras y reconocidas”. La prórroga de las sanciones encaja en esa narrativa: aislar financieramente a los grupos que rechazan cualquier solución negociada, al tiempo que se reclama más apoyo internacional para la reconstrucción de Gaza y el fortalecimiento de la Autoridad Palestina.
El contraste entre el lenguaje diplomático y la dureza de las medidas económicas es evidente. Europa intenta combinar presión máxima sobre Hamas y la PIJ con un discurso de respeto al derecho internacional y al principio de proporcionalidad. El resultado es un equilibrio frágil: cualquier paso en falso —por ejemplo, sanciones que afecten indirectamente a actores humanitarios— puede alimentar el discurso de quienes acusan a la UE de parcialidad.
Riesgos, lagunas y efectos colaterales sobre la ayuda humanitaria
El gran temor de oenegés y agencias humanitarias es que el endurecimiento del cerco financiero acabe penalizando la llegada de ayuda legítima a la población palestina. Las sanciones no se dirigen formalmente contra Gaza ni contra las instituciones de la Autoridad Palestina, pero el riesgo de sobrecumplimiento por parte de bancos y empresas es real: ante la duda, muchas entidades optan por bloquear operaciones “grises” para evitar sanciones y multas.
Este hecho revela una tensión de fondo en todos los regímenes sancionadores modernos: la línea que separa la presión sobre estructuras terroristas del daño colateral sobre la economía civil es muy fina. Por eso, Bruselas ha introducido en los últimos años cláusulas de excepción humanitaria en varios marcos, incluida la lista antiterrorista general, permitiendo autorizar transacciones ligadas a ayuda, salud, agua o energía básica.
Aun así, las organizaciones sobre el terreno denuncian que los tiempos de autorización pueden prolongarse semanas o meses, y que la mera existencia de un riesgo reputacional basta para que algunos bancos se retiren de mercados considerados “sensibles”. El diagnóstico es inequívoco: sin una coordinación mucho más fina entre autoridades, bancos y actores humanitarios, el coste de las sanciones puede terminar pagándolo la población que la UE dice querer proteger.
Qué puede pasar a partir de 2027
Aunque la decisión adoptada es formalmente una prórroga de un año, nadie en Bruselas cree que el problema vaya a desaparecer en 2027. Si la situación de seguridad no mejora de forma sustancial y no se consolidan avances tangibles hacia la solución de dos Estados, lo más probable es que las sanciones se renueven de nuevo, tal vez con ajustes en la lista de personas y entidades. Varios diplomáticos admiten que el régimen específico contra Hamas y la PIJ está destinado a convivir durante años con otros marcos como las sanciones contra terrorismo global o contra Estados hostiles.
Escenarios más ambiciosos —como una revisión a la baja de las medidas en el marco de un acuerdo político amplio que incluya desarme, reintegración y garantías internacionales— se perciben hoy como lejanos. En cambio, sí se ve probable un refuerzo del componente técnico: más cooperación con países clave del Golfo y del norte de África, mayor uso de inteligencia financiera y un endurecimiento de las obligaciones de transparencia para estructuras societarias complejas dentro de la propia UE.
En definitiva, la prórroga hasta 2027 consolida una tendencia: Europa asume que la batalla contra el terrorismo también se libra en los balances bancarios, en los registros mercantiles y en los sistemas de pago internacionales. El reto será mantener ese cerco sin erosionar los principios de proporcionalidad, Estado de derecho y protección de la población civil que la UE reivindica como seña de identidad.
