Venezuela mueve ficha: liberación de presos políticos tras la caída de Maduro

Más de un centenar de presos políticos comenzaron a salir de las cárceles venezolanas en una jornada que ningún actor esperaba y que marca un punto de inflexión en la crisis del país. El anuncio llegó de la mano de Jorge Rodríguez, uno de los hombres fuertes del oficialismo, que presentó la medida como un gesto de “reconciliación nacional” en pleno terremoto provocado por la captura de Nicolás Maduro. El calendario no es casual: la liberación se produce en medio de conversaciones discretas con delegados de Donald Trump y Marco Rubio, y con Delcy Rodríguez ejerciendo de presidenta interina.
El movimiento abre múltiples interrogantes. ¿Se trata de una apertura real o de una maniobra táctica para aliviar la presión internacional y ganar tiempo? ¿Qué se negocia exactamente en esas reuniones a puerta cerrada? Y, sobre todo, ¿qué cambia para un país donde la pobreza supera el 80% de la población y la confianza en las instituciones lleva años en mínimos?
El tablero venezolano vuelve a moverse, pero no está claro aún si hacia una salida democrática o hacia una nueva fase del mismo régimen con otros rostros.

Un anuncio que rompe el guion

El mensaje de Jorge Rodríguez llegó en cadena nacional, sin filtraciones previas y con un tono calculadamente solemne. El dirigente confirmó la “liberación inmediata” de un primer grupo de presos políticos, a los que describió como “personas que cometieron errores en un contexto de confrontación”. Según organizaciones de derechos humanos, la lista inicial incluiría entre 90 y 120 nombres, entre activistas, estudiantes, sindicalistas y algunos exmilitares de bajo rango.

El gesto rompe el guion habitual del chavismo, que durante años negó la existencia de presos políticos y se limitó a hablar de “delincuentes comunes” o “terroristas”. Esta vez, sin embargo, la puesta en escena fue distinta: referencias a la “reconciliación”, apelaciones a la “paz” y promesas de revisar otros casos en los próximos días.

La reacción en la calle fue ambivalente. Familias y colectivos celebraron las excarcelaciones con lágrimas y manifestaciones improvisadas, mientras analistas y oposición alertaban de que no hay todavía ningún decreto formal que garantice la anulación de condenas ni el fin de las detenciones arbitrarias. “Liberar hoy para encarcelar mañana no es justicia, es gestión de crisis”, resumía un abogado de derechos humanos.

El vacío tras Maduro y la urgencia de negociar

Nada de esto se entendería sin el contexto: la captura de Nicolás Maduro en una operación que ha puesto patas arriba el equilibrio interno del chavismo. Con el líder fuera de juego y trasladado a Estados Unidos, la maquinaria del poder se ha reacomodado a toda velocidad en torno a Delcy Rodríguez, que ejerce la presidencia interina, y un puñado de cuadros que intentan evitar el colapso del sistema.

En ese marco, la liberación de presos aparece como una concesión calculada para ganar legitimidad en medio del vacío de liderazgo. El mensaje hacia dentro es que el chavismo sigue mandando y puede decidir quién entra y quién sale de prisión; hacia fuera, que el nuevo equipo está dispuesto a mostrar “gestos” si a cambio se rebaja la presión internacional.

La urgencia es doble. Por un lado, contener las fisuras internas de un aparato que ve cómo su figura central ha desaparecido del tablero. Por otro, evitar que la crisis derive en protestas masivas, algo que ya se intuye en barrios populares donde la captura de Maduro se vive con mezcla de alivio, miedo y desconcierto.

Presos políticos como moneda de cambio

El núcleo de la maniobra está en las negociaciones tras bambalinas con emisarios de Washington. Según fuentes diplomáticas, la liberación de presos figuraba desde hace meses como una de las condiciones imprescindibles para discutir cualquier alivio de sanciones. No es la primera vez que Caracas utiliza esta carta: en anteriores rondas, excarceló a opositores emblemáticos para desbloquear acuerdos puntuales de petróleo o licencias comerciales.

La novedad ahora es la magnitud del paquete y el contexto de “posmadurismo”. En un país donde ONG locales contabilizan en torno a 250 detenidos por motivos políticos, excarcelar cerca de la mitad en cuestión de días supone un cambio de escala. No obstante, el carácter selectivo de la medida —dejando fuera a militares de alto rango y figuras muy visibles de la oposición— revela su naturaleza instrumental.

“En la geopolítica contemporánea, los presos políticos son fichas de negociación tanto como las reservas de crudo”, recuerda un diplomático latinoamericano. El riesgo evidente es que la libertad de ciudadanos se convierta en una variable transaccional y no en una garantía estructural. Mientras no haya reformas profundas en el sistema judicial y en los cuerpos de seguridad, la amenaza de nuevas detenciones seguirá sobre la mesa.

El país real: crisis social y desconfianza estructural

Más allá de los anuncios, Venezuela sigue enfrentando una realidad devastadora. Tras una década de colapso económico, informes independientes sitúan la contracción acumulada del PIB en más del 70% y la pobreza por ingresos por encima del 80% de la población. Millones de personas dependen de remesas y programas de ayuda internacional para sobrevivir, mientras la inflación, aunque más contenida que en los años de hiperinflación, continúa erosionando salarios y ahorros.

En ese contexto, la liberación de presos funciona como bálsamo simbólico, pero no altera el día a día de la mayoría. La falta de agua potable, electricidad estable y servicios básicos sigue siendo la principal preocupación en las barriadas. La diáspora —más de siete millones de venezolanos fuera del país— observa con escepticismo cada anuncio, consciente de que promesas similares se han hecho en el pasado sin transformar realmente el modelo político.

La desconfianza es estructural. Buena parte de la sociedad civil percibe las excarcelaciones como un gesto orientado a las cancillerías extranjeras más que a los ciudadanos. “Es positivo que salgan, pero no podemos olvidar por qué estaban presos y quién los encarceló”, señalan desde organizaciones de víctimas.

Economía al límite: sanciones, petróleo y necesidad de oxígeno

El otro gran motor de la maniobra es la agonía económica del régimen. Las sanciones petroleras y financieras de Estados Unidos y la Unión Europea han estrangulado la principal fuente de divisas del Estado. La producción de crudo, que hace una década superaba los 2,5 millones de barriles diarios, ronda ahora cifras en torno al millón, con instalaciones deterioradas y una PDVSA endeudada.

En este escenario, cualquier señal de flexibilización de sanciones puede suponer miles de millones de dólares adicionales en exportaciones. De ahí que el equipo de Delcy Rodríguez presente la liberación de presos como prueba de “buena fe” en las negociaciones. El objetivo inmediato sería obtener licencias más amplias para vender petróleo en mercados occidentales y acceder a recursos congelados en el exterior, a cambio de compromisos políticos graduales.

La pregunta es qué precio está dispuesto a pagar Washington. ¿Bastan las excarcelaciones para justificar un alivio significativo? ¿O habrá exigencias más profundas en materia electoral, de separación de poderes y de presencia de observadores internacionales? Por ahora, la respuesta parece inclinarse hacia una postura de “alivio condicionado”, mucho más exigente que en rondas anteriores.

Washington, entre la presión y el pragmatismo

Desde Estados Unidos, la reacción mezcla cautela y oportunidad. La administración Trump —y el ala republicana representada por figuras como Marco Rubio— ha hecho de Venezuela un caso emblemático de su política hacia América Latina, combinando retórica dura y sanciones económicas. La captura de Maduro se vendió internamente como un éxito, pero abrió un dilema: qué hacer con el país una vez desplazado el líder.

La liberación de presos ofrece una ventana para recalibrar la estrategia. Sectores más pragmáticos en Washington defienden un enfoque gradual, que permita aliviar parcialmente sanciones a cambio de pasos verificables hacia elecciones competitivas y apertura política. Otros, más duros, temen que cualquier concesión fortalezca a un chavismo “sin Maduro” pero aún capaz de mantenerse en el poder durante años.

En este pulso, las excarcelaciones son vistas como un primer test de credibilidad. Si el gobierno interino respeta la integridad de los liberados, suspende nuevas detenciones y permite la presencia de misiones internacionales de verificación, el clima podría mejorar. Si, por el contrario, se detectan maniobras de reencarcelamiento o persecución selectiva, el efecto será el contrario.