Discurso Delcy Rodríguez, reafirma a Nicolás Maduro como único presidente en medio de tensión política en Venezuela

La noche del 3 de enero, Venezuela volvió a mirar a la televisión en clave de emergencia. Desde un atril con escenografía institucional, Delcy Rodríguez se dirigió al país para lanzar un mensaje sin matices: “Hay un solo presidente y es Nicolás Maduro”. La intervención llega en un momento de máxima tensión política, con la oposición rearmando su discurso y con una presión internacional que no ha dejado de aumentar en los últimos años.
Lejos de un comunicado rutinario, la alocución buscó cerrar cualquier debate sobre la legitimidad del poder ejecutivo, reforzar la alianza con las Fuerzas Armadas y presentar a Venezuela como víctima de un intento de desestabilización exterior.
La vicepresidenta apeló a la unidad cívico-militar, denunció “agresiones extranjeras” y advirtió de que el Gobierno se mantendrá “en alerta permanente” ante cualquier intento de ruptura institucional.
El discurso se inscribe en una crisis de fondo: más de una década de recesión intermitente, inflación todavía en niveles de tres dígitos y una diáspora que supera los 7 millones de venezolanos. En ese contexto, cada palabra del alto mando chavista se interpreta también como un test de resistencia interna.

La comparecencia de Delcy Rodríguez no figuraba en la agenda oficial. Fue anunciada como un mensaje “de interés nacional” y transmitida en cadena obligatoria, un formato reservado para momentos que el Gobierno considera especialmente delicados.

La vicepresidenta arrancó su intervención subrayando la “legitimidad indiscutible” de Nicolás Maduro, elegido —según la versión oficial— en un proceso que el chavismo califica como ajustado a la Constitución, pese a las críticas de organismos internacionales y de buena parte de la oposición. El objetivo era evidente: blindar la figura presidencial ante los crecientes cuestionamientos sobre el resultado de los últimos comicios y la presión de actores externos que piden una transición.

El tono, firme y sin concesiones, buscó proyectar la imagen de un Ejecutivo que no contempla escenarios de cogobierno, juntas provisionales o vacíos de poder. En paralelo, el mensaje pretendió enviar señales a las élites económicas y militares: la hoja de ruta oficial pasa por mantener el control institucional sin abrir la puerta a soluciones pactadas que impliquen la salida anticipada del presidente.

“Hay un solo presidente”: el cierre de filas chavista

El eje del discurso se condensó en una frase: “Hay un solo presidente y es Nicolás Maduro”. Con ella, Rodríguez quiso dejar claro que cualquier figura alternativa —ya sea desde la oposición o desde estructuras paralelas— será considerada ilegítima.

Este énfasis responde a un contexto en el que, según sondeos independientes, menos del 30% de la población declara confianza plena en las instituciones actuales, y en el que han surgido propuestas de “gobiernos de transición” respaldados por parte de la comunidad internacional. Para el chavismo, aceptar siquiera la idea de una dualidad de poder supondría abrir la puerta a una fractura interna difícil de controlar.

El mensaje también se dirige a las fuerzas chavistas de base y a los cuadros medios del partido, algunos de los cuales han expresado en privado su inquietud ante el deterioro económico y el desgaste político. Reafirmar que solo existe un liderazgo legítimo es un modo de frenar posibles tentaciones de relevo interno o de pactos por fuera de la línea oficial.

Unidad cívico-militar: el pilar estratégico del régimen

Otro de los puntos centrales del discurso fue el llamamiento a la unidad cívico-militar, un concepto que se ha convertido en la columna vertebral del chavismo desde los tiempos de Hugo Chávez. Rodríguez subrayó que la estabilidad del país depende de la “fusión” entre pueblo y Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), presentada como garante último del orden constitucional.

En la práctica, este llamamiento busca reforzar un equilibrio delicado. La FANB controla áreas estratégicas de la economía —desde sectores mineros hasta logística y puertos— y su apoyo ha sido clave para sostener al Gobierno en momentos de alta conflictividad, como las protestas masivas de 2014 y 2017, que dejaron decenas de muertos y miles de detenidos.

Al insistir en la unidad cívico-militar, la vicepresidenta envía un doble mensaje: hacia dentro, recordando a las Fuerzas Armadas que el destino político del Gobierno y el suyo están entrelazados; hacia fuera, mostrando un frente cohesionado para disuadir posibles presiones o intentos de ruptura coordinados con actores externos.

La narrativa de la injerencia extranjera

Rodríguez dedicó buena parte de su intervención a denunciar lo que calificó como “intervención constante de potencias extranjeras” en los asuntos internos de Venezuela. Sin citar países concretos, aludió a gobiernos que, a su juicio, buscan “quebrar la soberanía y apropiarse de los recursos naturales”, en referencia implícita al petróleo, al gas y a las reservas mineras del país.

Este eje discursivo no es nuevo, pero en el contexto actual adquiere un tono renovado. Las sanciones económicas de Estados Unidos y la UE, la investigación de la Corte Penal Internacional sobre presuntos crímenes de lesa humanidad y la presión diplomática en foros regionales alimentan la idea de un asedio externo.

Para el chavismo, esta narrativa cumple varias funciones:

• Reforzar la cohesión interna, presentando al Gobierno como víctima de una agresión y no como único responsable de la crisis.

• Desviar parte del descontento social hacia factores externos, en un país donde más del 80% de la población ha llegado a situarse en niveles de pobreza según distintas encuestas.

• Justificar un estado de “alerta permanente”, que facilita la adopción de medidas de control político y social en nombre de la seguridad nacional.

Una crisis de legitimidad de largo recorrido

Aunque el Gobierno enfatiza la continuidad institucional, el mensaje de Rodríguez se emite sobre un trasfondo de crisis de legitimidad prolongada. Desde las elecciones cuestionadas de 2018, pasando por la creación de una Asamblea Nacional paralela y las denuncias de irregularidades en sucesivas citas electorales, la arquitectura política venezolana se ha ido alejando de los estándares que exigen organismos como la OEA o la UE.

En este contexto, el reconocimiento internacional de Maduro se ha visto erosionado. Varios países han reducido su nivel de representación diplomática, y otros han condicionado cualquier diálogo a garantías de elecciones competitivas, liberación de presos políticos y apertura de espacios para la oposición.

El discurso del 3 de enero pretende contener ese desgaste, reafirmando que el Ejecutivo no acepta como válidos otros poderes paralelos. Sin embargo, la percepción de parte de la ciudadanía —reflejada en niveles de abstención que han superado el 50% en algunas convocatorias— apunta a un desenganche progresivo respecto al sistema político, un riesgo que el propio chavismo reconoce en privado.

Oposición, calle y riesgo de nuevas fracturas

La intervención de Rodríguez también puede leerse como una respuesta anticipada a la reacción de la oposición. Aunque fragmentada y sometida a inhabilitaciones y restricciones, buena parte de sus dirigentes ha intensificado en los últimos meses los llamamientos a una transición negociada, apoyándose en el deterioro económico y en el cansancio social.

El Gobierno teme que la combinación de presión externa, malestar interno y crisis económica pueda traducirse en un nuevo ciclo de protestas masivas. De ahí el énfasis en la unidad cívico-militar y en la advertencia frente a supuestos intentos de “golpes blandos” o “intervenciones encubiertas”.

La capacidad de la oposición para capitalizar el descontento dependerá de factores como:

• Su nivel de coordinación interna y la existencia —o no— de un liderazgo reconocible.

• El grado de apertura que el Gobierno esté dispuesto a conceder en materia electoral y de libertades públicas.

• La respuesta de la comunidad internacional ante cualquier nuevo episodio de represión o ruptura institucional.

En ese esquema, cada mensaje del alto mando chavista se interpreta como un indicador de hasta dónde está dispuesto a llegar el poder para conservar el control.

La vigencia del mensaje en el tablero internacional

El discurso de Delcy Rodríguez no solo va dirigido al público interno. También busca enviar señales a los aliados de Venezuela —desde Rusia hasta Irán o algunos socios regionales— y a los actores que aún mantienen una postura ambigua ante el Gobierno de Maduro.

Al insistir en la legitimidad del presidente y en la defensa de la soberanía, el Ejecutivo pretende cerrar la puerta a escenarios de reconocimiento dual o a fórmulas en las que organizaciones internacionales condicionen de forma explícita su apoyo a cambios en la cúpula del poder.

Al mismo tiempo, el Gobierno intenta preservar los canales de diálogo económico con países que, pese a las sanciones occidentales, siguen siendo clave para la financiación y la exportación de crudo. La estabilidad de esos acuerdos dependerá de si la narrativa de “Estado asediado” se traduce en hechos que compliquen aún más la relación con organismos multilaterales y socios financieros.

El mensaje de Rodríguez confirma que 2026 será un año decisivo para el futuro político de Venezuela. Con una economía todavía frágil, una sociedad profundamente polarizada y un mapa internacional en el que se cruzan sanciones, intereses energéticos y rivalidades geopolíticas, la batalla por la legitimidad y el control del Estado se juega en varios frentes simultáneos.

El chavismo apuesta por una estrategia de cierre de filas, unidad cívico-militar y denuncia de injerencias, mientras la oposición insiste en la necesidad de abrir una transición que devuelva confianza a las instituciones. En ese equilibrio inestable, discursos como el del 3 de enero no son solo piezas de propaganda: son indicadores de cómo el poder percibe sus fortalezas y sus temores.

Queda por ver si la reafirmación de que “hay un solo presidente” será suficiente para contener las presiones internas y externas, o si, por el contrario, se convertirá en el preludio de nuevas negociaciones, protestas y reacomodos en un país que lleva más de 20 años sin conocer una normalidad política y económica duradera.