BRUSELAS, 8 (EUROPA PRESS)
El Consejo y el Parlamento Europeo han acordado este jueves retrasar dos años la aplicación de la normativa que obliga a presentar informes de sostenibilidad a determinados sectores y empresas de terceros países para facilitar su adaptación a los nuevos estándares.
El acuerdo, que debe ser formalmente adoptado por ambas instituciones, dará más tiempo a las empresas para prepararse para los Estándares Europeos de Información de Sostenibilidad (ESRS, por sus siglas en inglés) sectoriales y para estándares específicos para grandes empresas no pertenecientes a la UE, que se adoptarán en junio de 2026, dos años después de la fecha inicialmente prevista.
La legislación de la UE exige que las empresas que cotizan en bolsa divulguen información sobre los riesgos y oportunidades que surgen de cuestiones sociales y medioambientales para ayudar a los inversores, la sociedad civil, los consumidores y otras partes interesadas a evaluar la sostenibilidad ecológica y social de sus actividades.
El 31 de julio de 2023, la Comisión Europea adoptó las primeras normas y estándares transversales para todos los temas de sostenibilidad para facilitar esta presentación de informes.
A estas deben seguirles normas sectoriales, normas para pequeñas y medianas empresas y normas para empresas de terceros países con un volumen de negocios de 150 millones de euros en la UE y que tengan al menos una filial o sucursal en la Unión.
Todas estas nuevas normas estaban previstas para el 30 de junio de 2024, pero la directiva acordada por los colegisladores pospone su adopción hasta el 30 de junio de 2026.
Esto permitirá a las empresas centrarse en la implementación del primer conjunto de ESRS y dará más tiempo para desarrollar estándares de sostenibilidad específicos del sector y de empresas de terceros países.*La fecha de solicitud para empresas de terceros países seguirá siendo el ejercicio 2028.
El acuerdo político respalda los objetivos de la propuesta de Bruselas, pero modifica la naturaleza jurídica del texto –de una decisión de la Comisión a una directiva– para respetar la base jurídica.
También sugiere que la Comisión publique ocho normas de presentación de informes sectoriales tan pronto como estén listas antes de la nueva fecha límite del 30 de junio de 2026. Los Estados miembro no necesitarán transponer esta directiva, ya que las modificaciones específicas se refieren a la competencia para adoptar actos delegados otorgados a la Comisión.
