Pide una hipoteca de 100.000 euros al banco y le exigen una nómina neta de 4.000 euros al mes
En un país donde el acceso a la vivienda se ha convertido en un reto generacional, el caso de MyInvestor vuelve a encender el debate sobre las condiciones impuestas por los bancos a la hora de conceder hipotecas. Este neobanco español, que se promociona como moderno, digital y accesible, está generando una creciente indignación entre los usuarios por sus exigencias poco realistas para quienes aspiran a comprar su primera vivienda.
Lo que parecía una alternativa fresca y digital frente a la banca tradicional ha acabado revelando un esquema de acceso tan restrictivo como el de las entidades de siempre. La promesa de democratizar las finanzas choca de frente con requisitos que parecen diseñados para un público con rentas muy por encima de la media.
Ingresos mínimos de 4.000 euros al mes: la barrera invisible
El requisito más polémico y que más críticas ha generado es claro: los solicitantes deben demostrar ingresos netos de al menos 4.000 euros al mes. Una cifra inalcanzable para una mayoría de trabajadores en España, donde el salario medio ronda los 2.100 euros. Esta condición deja fuera no solo a mileuristas, sino también a familias con ingresos estables, pero que no alcanzan ese umbral marcado por el banco.
¿Dónde queda entonces el acceso inclusivo que prometen los neobancos? En la práctica, MyInvestor parece estar construyendo una burbuja de clientes exclusivos, mientras miles de posibles compradores se ven automáticamente descartados antes siquiera de iniciar el proceso.
Ahorros previos: otro filtro para pocos
Más allá del umbral de ingresos, el banco exige que los compradores tengan ya ahorrado entre el 20% y el 30% del valor de la vivienda. Y no se trata solo del precio del inmueble, sino de la comparación entre ese precio y su tasación: el banco siempre tomará como referencia el valor más bajo entre ambos.
A esto hay que sumar los costes asociados a cualquier compraventa: impuestos, notaría, registro, gestoría… Una combinación que convierte en una misión casi imposible para muchas familias jóvenes el simple hecho de optar a una hipoteca.
Hipotecas a partir de 100.000 euros: ¿y si necesito menos?
Otro de los requisitos que MyInvestor impone sin rodeos es que no concede hipotecas por debajo de los 100.000 euros. Un punto que deja fuera a quienes buscan viviendas más modestas o en zonas donde los precios todavía son asumibles. En la práctica, el banco se desentiende de quienes no entran en la lógica del alto endeudamiento, olvidando que muchos compradores prefieren comenzar por operaciones más prudentes o que no todos viven en grandes ciudades con precios inflados.
¿Digital sí, accesible también?
La paradoja es evidente: MyInvestor se presenta como una alternativa moderna, transparente y digital, pero su política de concesión de hipotecas reproduce exactamente los mismos filtros excluyentes de la banca tradicional. Incluso más: mientras algunos bancos permiten negociar condiciones o adaptar porcentajes, el neobanco impone límites cerrados, sin margen ni opciones.
El sector de los neobancos se construyó sobre la promesa de hacer las finanzas más accesibles, más simples y más humanas. Pero decisiones como las de MyInvestor apuntan en la dirección opuesta: una élite de clientes con alto poder adquisitivo, con acceso a productos a los que la mayoría no puede ni aspirar.
Un espejo del sistema, no una solución
El caso de MyInvestor no es aislado. Cada vez más entidades exigen perfiles impecables, nóminas altas y ahorros previos considerables. Lo sorprendente es que sean los propios neobancos quienes lideren esta tendencia, cuando su mensaje de marca promete exactamente lo contrario. En lugar de ofrecer soluciones reales para la mayoría, parecen conformarse con atender al mismo nicho de siempre, envuelto ahora en una interfaz más pulida y una app más bonita.
Así, mientras el mercado inmobiliario continúa su escalada y los jóvenes se resignan al alquiler eterno, los bancos —tradicionales y digitales por igual— siguen reforzando un modelo donde la vivienda en propiedad se convierte en un privilegio, no en un derecho.