Estados Unidos envía 200 militares a Nigeria contra el yihadismo
La decisión de Washington de desplegar 200 militares estadounidenses en Nigeria supone un salto cualitativo en la implicación directa de la potencia norteamericana en la lucha contra el yihadismo en África occidental. Los efectivos, que se irán posicionando en distintas bases nigerianas en las próximas semanas, no participarán en combate, pero entrenarán a unidades locales en operaciones antiterroristas, inteligencia y coordinación de ataques combinados. La medida llega apenas semanas después de los bombardeos de Navidad contra posiciones del autodenominado Estado Islámico en el noroeste del país, ejecutados por el Mando África de EE.UU., y marca un giro respecto al repliegue occidental del Sahel. Nigeria arrastra una insurgencia islamista de 17 años, con decenas de miles de muertos y más de 3,2 millones de desplazados dentro y fuera de sus fronteras. Lo más grave es que la violencia ha dejado de ser un fenómeno aislado del noreste para extenderse a amplias franjas del noroeste y del centro del país, donde se mezclan grupos yihadistas, bandas criminales y milicias comunitarias. El despliegue de tropas estadounidenses pretende contener esa espiral, pero también reequilibrar el mapa geopolítico africano tras la salida forzosa de las fuerzas occidentales de varios países del Sahel.
Estados Unidos vuelve a pisar Nigeria con tropas sobre el terreno
El anuncio del Pentágono confirma el envío de unos 200 militares adicionales a Nigeria, que se suman a un pequeño equipo avanzado ya presente tras los bombardeos de Navidad. Según la información facilitada por fuentes militares, los efectivos se desplegarán en distintos puntos del país y se centrarán en “asesoramiento técnico”, entrenamiento en operaciones conjuntas aire-tierra e intercambio de inteligencia, sin mandato para intervenir directamente en combate. La misión estará bajo el paraguas del Mando África de Estados Unidos (AFRICOM), con sede en Stuttgart, que ya venía cooperando con Abuja mediante vuelos de vigilancia desde países vecinos.
El movimiento tiene un fuerte componente político. Washington muestra que sigue siendo un actor relevante en la seguridad del golfo de Guinea en un momento en que otros aliados occidentales, como Francia, se han visto obligados a abandonar bases históricas en la región por la presión de gobiernos y opiniones públicas hostiles. Al mismo tiempo, el Departamento de Defensa insiste en que no habrá nuevas bases permanentes en África occidental tras la retirada completa de sus tropas de Níger en 2024, forzada por la junta militar de Niamey. El mensaje es claro: presencia, sí; anclaje estratégico a la vieja usanza, no.
Una misión limitada, pero de alto impacto político
Sobre el papel, 200 instructores suponen una contribución modesta frente a unas fuerzas armadas nigerianas que superan los 215.000 efectivos en activo y figuran entre los ejércitos más numerosos de África. Sin embargo, el impacto político del despliegue supera con creces su dimensión numérica. La Casa Blanca responde así a las crecientes críticas internas por la expansión de organizaciones vinculadas a Boko Haram y al Estado Islámico en África occidental, al tiempo que busca contener la influencia de otros actores, como Rusia, que han ganado terreno ofreciendo apoyo militar directo a distintas juntas africanas.
La operación también se enmarca en el pulso discursivo del presidente Donald Trump, que ha acusado públicamente a Abuja de no proteger a los cristianos y llegó a amenazar con sanciones o con un despliegue militar más agresivo. El Gobierno nigeriano rechaza la narrativa de persecución religiosa y sostiene que combate por igual a todos los grupos terroristas, independientemente de sus víctimas. Washington ha optado finalmente por un término medio: ni intervención directa ni simple retórica, sino una misión de entrenamiento intensivo que le permite influir en la estrategia nigeriana sin asumir, de momento, el coste político y militar de una operación de combate abierta.
En términos de imagen, el despliegue envía a la vez un mensaje de compromiso a las élites nigerianas y de firmeza a la opinión pública estadounidense, pero corre el riesgo de sobredimensionar lo que, en la práctica, sigue siendo un apoyo táctico limitado.
Un conflicto de 17 años con decenas de miles de muertos
La insurgencia islamista en Nigeria no es nueva. Comenzó formalmente en 2009 y, según cálculos de organizaciones internacionales, ha dejado decenas de miles de muertos y una devastación social difícil de revertir. Nigeria, con más de 230 millones de habitantes y un profundo mosaico étnico y religioso, se ha convertido en el epicentro de una crisis de seguridad que se extiende ya a todo el arco del Sahel y del golfo de Guinea.
La violencia ha mutado desde los atentados espectaculares y los secuestros masivos del noreste a un entramado mucho más complejo en el noroeste y el centro: bandas armadas, milicias comunitarias y células yihadistas que compiten por el control de territorios, rutas comerciales y recursos, desde el ganado hasta el oro artesanal. Las recientes matanzas en aldeas del estado de Kwara, con más de 160 civiles asesinados en un solo día, han puesto de manifiesto la vulnerabilidad extrema de las zonas rurales pese a la presencia de tropas.
El diagnóstico es inequívoco: el conflicto ya no puede abordarse como un problema localizado del noreste. Es una crisis nacional, con ramificaciones regionales, que erosiona la legitimidad del Estado nigeriano y fuerza a millones de personas a vivir bajo la sombra permanente de la violencia.
Boko Haram e Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP): una amenaza que muta
La fragmentación del yihadismo nigeriano ha complicado aún más la respuesta militar. Boko Haram se escindió en 2016, dando lugar a la rama local del Estado Islámico, ISWAP, que se ha consolidado como un actor más disciplinado y con mejor capacidad de recaudación y control territorial en torno al lago Chad. Ambas facciones han librado auténticas guerras internas, con centenares de muertos, pero siguen siendo una amenaza considerable para las poblaciones civiles y para las fuerzas de seguridad.
A estos actores se suman grupos afiliados o inspirados por el Estado Islámico en otras zonas del país, así como organizaciones criminales que utilizan la bandera religiosa como cobertura para secuestros y extorsiones masivas. La consecuencia es clara: el mapa de la violencia ya no responde a líneas de frente claras, sino a una constelación de focos superpuestos y cambiantes. De ahí que el despliegue estadounidense enfatice el entrenamiento en inteligencia, análisis de patrones de ataque y coordinación interagencias, ámbitos en los que Nigeria arrastra déficits crónicos.
La cooperación con la Multinational Joint Task Force, que agrupa a tropas de varios países del entorno del lago Chad, es otro elemento clave que Washington aspira a reforzar a través de esta misión de instructores. Pero sin mejoras profundas en la gobernanza local y en la protección de civiles, cualquier refuerzo táctico corre el riesgo de quedarse corto.
El vacío que deja el Sahel y la competencia por África
El despliegue en Nigeria no puede entenderse aislado del reordenamiento estratégico en el Sahel. Tras la salida completa de las tropas estadounidenses de Níger en 2024 —donde operaban unos 1.000 militares y una importante base de drones— y la expulsión francesa de Mali, Burkina Faso y, más recientemente, de Senegal, el peso de la lucha antiterrorista ha caído sobre ejércitos locales con capacidades limitadas.
En ese contexto, Nigeria aparece como socio “democrático” y relativamente estable sobre el que reconstruir una arquitectura de seguridad regional. Para Washington, reforzar a Abuja es también una forma de contener la penetración rusa y china en África occidental, muy visibles ya en otros países mediante acuerdos de seguridad, mercenarios y proyectos de infraestructura estratégica.
Sin embargo, el contraste con otras regiones resulta demoledor: mientras en el Sahel central la presencia occidental se ha desplomado, en el golfo de Guinea se apuesta por un modelo más discreto de asesoramiento y entrenamiento, con menor huella visible pero alta carga simbólica. Nigeria se convierte así en laboratorio de una nueva estrategia: “competir sin bases” y proyectar influencia a través de socios locales. El éxito o fracaso de este modelo tendrá implicaciones mucho más allá de sus fronteras.
Un país desbordado: desplazados, hambre y crisis institucional
Detrás de la cifra de 200 soldados se esconde una emergencia humanitaria de proporciones masivas. Más de 3,2 millones de personas están desplazadas por la violencia vinculada a Boko Haram e ISWAP, incluidas al menos 2,9 millones de personas desplazadas internas solo en el noreste nigeriano. A ello se suman cientos de miles de refugiados en Camerún, Chad y Níger. El último análisis de ACAPS advierte de que más de 33 millones de nigerianos podrían sufrir inseguridad alimentaria de Crisis (fase 3) o peor durante la campaña de escasez de 2025, un aumento del 32% respecto al año anterior.
La reacción del Gobierno, encabezado por el presidente Bola Tinubu, ha sido declarar una emergencia nacional de seguridad, ordenar la contratación de 20.000 nuevos policías y reforzar la presencia militar en las regiones más castigadas por secuestros y ataques a aldeas. Pero las capacidades del Estado siguen tensionadas al máximo. La combinación de violencia, inflación, fragilidad institucional y cambio climático erosiona la confianza ciudadana y alimenta el caldo de cultivo para nuevos reclutamientos por parte de grupos armados.
La intervención estadounidense llega, por tanto, a un país desbordado, donde el problema ya no es solo de músculo militar, sino de un Estado incapaz de garantizar lo básico: seguridad, servicios y expectativas mínimas de futuro para millones de jóvenes.
Entre la cooperación y la dependencia militar exterior
El envío de instructores norteamericanos abre una ventana de oportunidad para profesionalizar unidades clave del Ejército nigeriano, mejorar la planificación de operaciones y reducir los daños colaterales sobre población civil, uno de los elementos que más alimentan el resentimiento contra el Estado. La experiencia de otras misiones de entrenamiento en África muestra, sin embargo, un riesgo evidente: que la cooperación se convierta en dependencia y sirva para aplazar reformas internas que solo Abuja puede abordar.
Nigeria destina alrededor del 1% de su PIB al gasto militar, una cifra moderada para un país de su tamaño que, sin embargo, coexiste con problemas estructurales de corrupción, falta de mantenimiento del equipamiento y desconfianza entre las comunidades locales y las fuerzas de seguridad. En este contexto, la llegada de instructores estadounidenses puede aliviar carencias técnicas inmediatas —uso de drones, inteligencia de señales, coordinación de fuego aéreo— pero no sustituye una reforma profunda de la cadena de mando, de la justicia militar ni de los mecanismos de rendición de cuentas.
El contraste con otras regiones resulta elocuente: allí donde la cooperación internacional se ha limitado a entrenamiento sin exigir cambios de fondo, los avances se han diluido en pocos años. La cuestión clave para Nigeria será si utiliza esta misión como palanca para reformarse o como muleta para seguir avanzando a trompicones.
