Venezuela se blinda con una ley contra la “piratería internacional”

La Asamblea Nacional venezolana ha aprobado, en sesión de urgencia y por vía exprés, una “Ley Especial de Protección de Activos Nacionales y Lucha contra la Piratería Internacional”. El objetivo declarado: blindar el petróleo y los bienes del Estado frente a las incautaciones de buques y cargamentos ordenadas por Estados Unidos y sus aliados en los últimos años.
El movimiento llega tras una fase de máxima tensión, marcada por la confiscación de varios petroleros y cargamentos valorados en cientos de millones de dólares, que Caracas califica de “terrorismo económico” y “piratería de Estado”.
La nueva norma otorga al Ejecutivo poderes extraordinarios para responder con represalias legales, comerciales y diplomáticas contra gobiernos y empresas que participen en esos decomisos. Un escudo jurídico, pero también una espada política, en una confrontación que se traslada del mar a los tribunales y a los despachos de las navieras.
La pregunta es evidente: ¿reforzará esta ley la capacidad de defensa de Venezuela o acelerará su aislamiento financiero y comercial? El diagnóstico, por ahora, es tan político como jurídico.

Una respuesta a la “presión extrema” de Washington

En Caracas, el relato oficial es claro: la ley nace como reacción a la presión extrema ejercida por Estados Unidos bajo la Administración Trump, que habría impulsado la incautación de buques, cargamentos de crudo y otros activos venezolanos en aguas internacionales y puertos de terceros países. Según fuentes del propio Gobierno, en los últimos años se habrían visto afectados más de una decena de cargamentos, con un valor acumulado superior a los 1.000 millones de dólares.

El Ejecutivo califica estas operaciones como acciones hostiles e ilegales, amparadas en sanciones unilaterales que, a su juicio, vulneran el derecho internacional y la soberanía venezolana. La nueva ley se presenta, así, como una respuesta “formal y contundente”: un intento de elevar el coste político y jurídico para quienes colaboren en futuros decomisos.

Este hecho revela una estrategia de fondo: trasladar el conflicto del terreno puramente sancionador al de la narrativa jurídica. Si antes las incautaciones se presentaban como una consecuencia lógica de las sanciones, ahora Caracas pretende etiquetarlas como “piratería internacional”, con todo el peso simbólico y legal que arrastra ese término. Sin embargo, el choque con la lectura de Washington y sus aliados —que insisten en la legalidad de sus medidas— parece inevitable.

“Piratería” y “terrorismo económico”: el giro del lenguaje

Uno de los elementos más llamativos de la norma es el vocabulario elegido. La ley no se limita a hablar de sanciones o confiscaciones, sino que califica estas acciones como “piratería internacional” y “terrorismo económico contra la nación venezolana”. No es un detalle menor: el lenguaje jurídico se convierte en herramienta de reencuadre político ante la opinión pública interna y externa.

En términos estrictos, la piratería tiene una definición muy precisa en el derecho del mar. Sin embargo, el Gobierno venezolano busca ampliarla al máximo para abarcar tanto la intervención directa de buques militares como la cooperación de navieras, aseguradoras y puertos que faciliten la ejecución de las incautaciones. El mensaje es doble: hacia fuera, denuncia; hacia dentro, movilización.

Este hecho revela hasta qué punto la ley funciona también como pieza de relato interno. En un país sometido a años de sanciones, caída del PIB superior al 70% y una diáspora de millones de personas, presentar cada cargamento confiscado como un acto de “piratería” permite consolidar la idea de un asedio internacional permanente. La norma, en ese sentido, es tanto un instrumento jurídico como un dispositivo de cohesión política.

Poderes extraordinarios para el Ejecutivo: escudo y espada

El corazón de la ley reside en las facultades extraordinarias que otorga al Ejecutivo. Entre ellas, la posibilidad de:

• Iniciar acciones legales ante tribunales nacionales y extranjeros contra empresas, armadores y aseguradoras implicados en decomisos.

• Ordenar contramedidas comerciales, desde la suspensión de contratos hasta la reorientación forzosa de envíos hacia países considerados “amigos”.

• Autorizar compensaciones y garantías especiales a aquellos socios que asuman el riesgo de seguir comprando crudo venezolano bajo sanciones.

Con estas herramientas, el Gobierno busca enviar una señal nítida: cualquier actor que participe en la incautación de activos venezolanos podrá ser declarado responsable y enfrentarse a reclamaciones e incluso a expropiaciones recíprocas dentro del territorio venezolano.

La consecuencia es clara: la ley no solo levanta un escudo, sino que se reserva la opción de golpear, aunque sea de forma asimétrica. El problema es que la eficacia real de esas medidas dependerá de la capacidad de ejecutar sentencias fuera de Venezuela y de la disposición de otros Estados a reconocerlas. Ahí es donde el marco jurídico internacional se convierte en límite y a la vez en campo de batalla.

Choque de legalidades en los foros internacionales

Más allá del impacto interno, la norma abre la puerta a un choque directo de legalidades en tribunales y organismos internacionales. Por un lado, Estados Unidos y sus aliados defienden que las incautaciones se amparan en regímenes de sanciones aprobados en sus propias legislaciones, con base en consideraciones de derechos humanos, corrupción y seguridad. Por otro, Caracas sostendrá que esas medidas vulneran principios básicos como la inmunidad soberana y la libertad de comercio.

El resultado probable es una oleada de litigios cruzados ante cortes de arbitraje, tribunales nacionales en Europa y América y, eventualmente, organismos como la Corte Internacional de Justicia. Cada caso se convertirá en una prueba de fuerza jurídica, pero también en un escenario de presión política y mediática.

El contraste con otros episodios recientes resulta demoledor. Allí donde las sanciones se habían normalizado como herramienta preferente, Venezuela intenta ahora reabrir el debate sobre su legalidad material, etiquetándolas como “piratería”. Si logra o no convencer a terceros Estados dependerá, en gran medida, de cómo evolucionen sus alianzas diplomáticas y de hasta qué punto otros países se vean reflejados en la amenaza de que sus propios activos puedan ser objeto de medidas similares.

Efectos sobre el comercio petrolero y las navieras

En el terreno económico, la ley introduce una nueva capa de incertidumbre para navieras, traders y aseguradoras. Cualquier empresa que se plantee transportar crudo venezolano bajo sanciones deberá evaluar no solo el riesgo de ser objeto de medidas estadounidenses, sino también el riesgo de verse demandada por Caracas o de perder activos en territorio venezolano.

En la práctica, esto puede traducirse en:

• Primas de seguro más altas para cualquier operación vinculada a Venezuela.

• Una reducción adicional del número de navieras dispuestas a asumir el riesgo, más allá de aquellas ya posicionadas en mercados sancionados.

• Una mayor dependencia de flotas “opacas” o de segunda mano, con implicaciones para la seguridad marítima y el control medioambiental.

La consecuencia es clara: la norma, diseñada para proteger los activos nacionales, podría encarecer todavía más la comercialización del crudo venezolano y limitar su acceso a mercados tradicionales. A corto plazo, algunos compradores pueden ver en la ley una señal de respaldo político; a medio, muchos optarán por minimizar la exposición jurídica y buscar proveedores alternativos, especialmente si el volumen comprometido no justifica el riesgo.

Washington y aliados: rechazo garantizado y posibles contragolpes

Del otro lado, es difícil imaginar que Estados Unidos y sus aliados reciban la ley con indiferencia. Todo apunta a una respuesta de rechazo frontal, tanto en el plano político como en el jurídico. La calificación de “piratería internacional” aplicada a acciones amparadas por regímenes de sanciones será vista como un intento de deslegitimar el marco legal que sustenta esas medidas.

Es previsible que Washington:

• Refuerce la seguridad jurídica de las incautaciones mediante nuevas normas internas.

• Aumente la presión sobre terceros países para que no reconozcan ni ejecuten reclamaciones venezolanas basadas en la nueva ley.

• Utilice esta norma como argumento para justificar sanciones adicionales contra funcionarios, jueces o entidades que la apliquen activamente.

Lo más grave es que la lógica de acción–reacción corre el riesgo de convertirse en un círculo vicioso. Cada nuevo paso de Caracas podrá ser respondido con un endurecimiento de las sanciones, y a la inversa. El margen para soluciones intermedias —acuerdos puntuales de venta supervisada, mecanismos de compensación o licencias humanitarias— puede estrecharse aún más en un clima de confrontación legal abierta.

¿Escudo eficaz o paso hacia un mayor aislamiento?

La gran incógnita es si la Ley de Protección de Activos y Lucha contra la Piratería Internacional será capaz de detener la pérdida de activos o si, por el contrario, acelerará la desconexión de Venezuela de los circuitos financieros y comerciales formales.

En el mejor de los casos, la norma podría fortalecer la posición negociadora de Caracas en determinados litigios y disuadir a algunos actores intermedios de cooperar en futuras incautaciones. También puede servir como herramienta de presión en procesos de diálogo en los que el levantamiento parcial de sanciones esté sobre la mesa.

En el peor, la ley se convertiría en un arma principalmente simbólica, útil para el consumo interno pero poco eficaz fuera del país, mientras aumenta la percepción de riesgo regulatorio entre inversores y traders. El resultado sería una mayor dependencia de canales informales, socios de alto riesgo y acuerdos opacos, con el consiguiente coste para la transparencia y la recuperación económica.

El diagnóstico es inequívoco: Caracas ha decidido responder al “asedio” con una combinación de relato jurídico y amenaza de represalias. El tablero internacional, sin embargo, es mucho más complejo. Si la apuesta le permitirá recuperar margen de maniobra o solo profundizará la crisis, lo dirán los próximos litigios… y los próximos buques que se atrevan a cargar crudo venezolano bajo el foco de dos legalidades enfrentadas.